En medio de las discusiones sobre posibles renegociaciones de los tratados de libre comercio (TLC) de las que han hablado líderes de la derecha, como el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, y figuras de la izquierda, como Gustavo Petro, se conoció de una iniciativa que el saliente mandatario estadounidense, Joe Biden, estaría considerando.
Según un editorial del prestigioso diario The Wall Street Journal, publicado el 12 de diciembre, un comité interagencial de políticas comerciales de la administración Biden está buscando erosionar las protecciones de resolución de disputas entre inversionistas y Estados que están consignadas en los TLC firmados por Estados Unidos con Colombia, México y Canadá.
La mayoría de los tratados comerciales incluyen tribunales independientes para arbitrar cuando se presentan disputas entre los inversionistas extranjeros y los gobiernos. Justamente, uno de esos tribunales fue el que falló hace poco en contra de Colombia en una disputa que tiene con Telefónica y en la que hay en juego 380 millones de dólares. Tras perder en esa demanda (que por el momento se encuentra suspendida a solicitud del gobierno colombiano), el presidente Petro le pidió al Ministerio de Comercio iniciar un proceso de “renegociación” de un artículo del TLC con Estados Unidos y Europa que abre la puerta a que litigios en el país se trasladen a tribunales internacionales.
El objetivo de dichos tribunales es proporcionar un foro imparcial para que los inversionistas extranjeros puedan impugnar acciones gubernamentales hostiles (como se prevé que ocurrirá también con los españoles dueños de Sanitas por la decisión del Gobierno de intervenir su EPS).
“Estados Unidos nunca ha perdido una demanda de este tipo, pero un eje político de derecha e izquierda busca debilitar estas protecciones”, sostiene el editorial del Wall Street Journal, que específicamente es una columna de opinión titulada Review & Outlook, la cual publica el diario económico desde 1899. Esto significa que tanto actores políticos de derecha como de izquierda coinciden en reducir protecciones legales para inversiones extranjeras, a pesar de sus diferencias ideológicas en otros aspectos. Es una convergencia inusual en el debate político.
Robert Lighthizer, quien fue representante comercial durante el primer mandato de Donald Trump, negoció esas limitaciones a los tribunales internacionales en el TLC entre Estados Unidos, México y Canadá. Su argumento, así como el de sus aliados en la izquierda, es que las empresas construirían más fábricas en Estados Unidos si hubiera menos protecciones legales para los inversionistas en el extranjero. “Sin embargo, esto abre la puerta a gobiernos de izquierda que desean nacionalizar inversiones estadounidenses y perjudicar a los accionistas de Estados Unidos”, sostiene el editorial.
Agrega que “los progresistas se quejan de que dichas protecciones a la inversión obstaculizan los objetivos climáticos, ya que los gobiernos extranjeros podrían verse obligados a compensar a las empresas si toman medidas que perjudiquen las inversiones en combustibles fósiles”. Un argumento similar tuvo el año pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente y, por eso, instó a los países a “terminar unilateral o conjuntamente los acuerdos comerciales existentes que incluyan esas protecciones”.
El presidente Biden prometió durante su campaña de 2020 excluir las protecciones a los inversores en los nuevos TLC, pero no ha firmado ninguno durante su mandato, según The Wall Street Journal, debido a la oposición de sindicatos y grupos de izquierda. Señala, además, que las exhortaciones del mandatario surgen en un momento en que los gobiernos de izquierda en América Latina buscan “confiscar y bloquear inversiones extranjeras, especialmente en los sectores energético y minero”. Menciona el caso de México, cuya nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quiere prohibir el fracking y la apertura de nuevas minas a cielo abierto.
En este contexto, funcionarios de comercio de Biden están negociando con los gobiernos de México y Colombia para añadir un texto “interpretativo” a los TLC, lo que dificultaría que inversionistas estadounidenses prevalezcan en tribunales internacionales. Estarían planeando presentar sus revisiones al Congreso como un fait accompli (hecho consumado).
“Si los funcionarios de Biden enmiendan los acuerdos comerciales sin una votación del Congreso, Trump podría argumentar que los cambios no son vinculantes. Los republicanos también podrían utilizar una resolución bajo la Ley de Revisión del Congreso (Congressional Review Act) para anular el golpe comercial de Biden”, enfatiza el editorial.