En medio de la incertidumbre que enfrenta el sector arrocero por los excedentes de cosecha pronosticados para el segundo semestre de 2023, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tomó medidas para apoyar a los agricultores. Este lunes, se expidió una resolución que reglamenta un programa de incentivos para el manejo de los excedentes con el objetivo de mitigar las variaciones en los precios y sus efectos sobre los ingresos de los productores.
La resolución, acompañada de un manual operativo, establece las condiciones del programa de incentivo que cuenta con una partida presupuestaria de $25.000 millones para este año. El incentivo funcionará en diferentes zonas y establece un precio piso de referencia para las compras de arroz, brindando un marco de referencia en medio de un mercado incierto.
El programa de incentivo contempla un pago de $39.900 por tonelada almacenada y hasta un máximo de tres meses. El apoyo se brindará durante el segundo semestre de 2023, hasta el 31 de diciembre, o hasta que se agoten los recursos asignados, lo que ocurra primero. Para este año, el volumen máximo almacenado a apoyar con el programa será de 170.000 toneladas, de las cuales 100.000 son destinadas a los productores de arroz y 70.000 a los compradores.
Es importante destacar que el Ministerio de Agricultura no puede intervenir en el mercado y fijar el precio, pero con esta iniciativa se busca establecer un marco de referencia para los actores involucrados en el sector. La resolución fue resultado de más de un mes de diálogos y encuentros con todos los actores del sector arrocero, tanto la industria como los productores, buscando favorecer a todas las partes involucradas y proteger a los productores de los efectos de los excedentes.
La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura Duarte, destacó el proceso de consulta que se llevó a cabo antes de expedir la resolución: “Después de escuchar por más de cinco semanas a la industria, a las dignidades, a Fedearroz, y de revisar todas las cifras, se llega a esta resolución que favorece a todas las partes y contribuirá a que los productores no se vean afectados por los excedentes generados para el segundo semestre”.
Durante los encuentros con los actores del sector, el Ministerio hizo hincapié en la importancia de avanzar en el Plan de Ordenamiento del Arroz, una medida que permitirá realizar transformaciones estructurales en el sector. El objetivo es que los recursos se destinen a iniciativas que impulsen cambios duraderos y beneficios a largo plazo para los agricultores.
Esta iniciativa busca brindar un alivio a los arroceros en un contexto económico desafiante. Los excedentes de cosecha generan preocupaciones sobre la estabilidad de los precios y los ingresos de los agricultores. Con esta medida, el gobierno busca apoyar al sector y promover una mayor seguridad en las operaciones comerciales.
Según las condiciones del programa, los precios de compra de arroz quedan establecidos de la siguiente manera:
Villavicencio y Acacias: $1′600.000
San Martín, Granada, Puerto Lleras y Puerto López: $1′584.000
Yopal, Aguazul y Nunchía: $1′568.000
Villanueva: $1′576.000
Pore: $1′552.000
Espinal, Saldaña, Lérida, Ambalema, Venadillo y Chicoral: $1′680.000
Ibagué: $1′688.000
Huila: $1′672.000
Valle del Cauca: $1′688.000
Norte de Santander: $1′600.000
Córdoba, Magdalena y Antioquia: $1′563.000
Sucre, Atlántico y Bolívar: $1′545.000
Cesar, Guajira, y Santander: $1′609.000
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural resaltó que con esto reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con los actores del sector arrocero para enfrentar los retos y desafíos que se presenten en el futuro. Se espera que el programa de incentivo contribuya a estabilizar el mercado y brindar seguridad a los agricultores durante el segundo semestre de 2023.
Así mismo destacó que en medio de un panorama económico incierto, las noticias de apoyo y medidas para fortalecer el sector arrocero son recibidas con optimismo, ya que los arroceros agradecen las iniciativas que buscan proteger sus intereses y garantizar la sostenibilidad de sus operaciones en un mercado en constante cambio.
Con esto el gobierno Petro busca no solo brindar apoyo y estabilidad al sector arrocero frente a los excedentes de cosecha, sino también evitar las protestas anunciadas por los arroceros desde la semana pasada. Con la percepción de estar ad portas de una crisis, los agricultores han manifestado sus preocupaciones respecto a la viabilidad de sus cultivos y los impactos negativos que podrían sufrir en sus ingresos.
El gobierno ha buscado responder a las demandas y necesidades del gremio arrocero a través de un diálogo constante y la implementación de medidas concretas. Con la expedición de la resolución que reglamenta el programa de incentivos, se espera brindar un alivio a los agricultores y mitigar los efectos de la situación actual, al tiempo que se trabaja en estrategias de largo plazo para fortalecer la industria arrocera y enfrentar los desafíos del mercado. De esta manera, el gobierno busca mantener una estrecha comunicación con los agricultores y garantizar el desarrollo sostenible del sector agrícola en el país.