Año nuevo, precios nuevos. Esta es una realidad que no se ha podido evitar, pese a los intentos del Gobierno por recuperar el poder adquisitivo de los colombianos al subir el salario mínimo en 16 por ciento y decretar que numerosos servicios no suban al mismo ritmo.
La llamada cuesta de enero es inatajable y ocurre todos los años, la diferencia es que en 2023 llega con la inflación más alta del presente siglo y se teme que esta vez sea como echarle leña al fuego.
Dos de los sectores en donde esta realidad ya se siente con fuerza son la salud y las cajas de compensación. Aunque en ambos casos se estaría aplicando la determinación gubernamental, mediante el decreto 2642 de 2022, para que numerosos servicios no suban el mismo porcentaje del salario mínimo, como solían hacerlo, sino que se ajusten con la Unidad de Valor Tributario (UVT). Esta es una medida que se usa para fijar diferentes obligaciones tributarias y que se expresa en pesos. Para 2023, la UVT es de 42.412 pesos, dato que se obtuvo con la variación anual del IPC de los colombianos de clase media entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, que fue de 11,6 por ciento.
Así muchos servicios no suben este año 16 por ciento, sino 11,6 por ciento, pero en salud y en las cajas esto tiene muchas aristas y de todas maneras implica un esfuerzo alto para millones de colombianos a quienes su salario no les sube lo mismo que la remuneración mínima; es más, a algunos ni siquiera les sube, mientras sus gastos van por ascensor.
En salud, uno de los pagos en los que incurren los 23,5 millones de afiliados al régimen contributivo son las cuotas moderadoras por servicios como consulta de medicina general, con especialistas, medicamentos, exámenes de laboratorio, radiología y urgencias no vitales. Estas cuotas varían dependiendo del salario del usuario y este año irán entre 4.100 y 43.000 pesos (ver tabla).
Otro egreso clave en salud es el llamado copago, que es un aporte que hacen los usuarios del régimen contributivo y del subsidiado, que equivale a una parte del valor del servicio que les prestan y que busca ayudar a financiar el sistema.
El copago se hace, por ejemplo, para una cirugía o una hospitalización, y en el caso del régimen contributivo solo lo pagan los beneficiarios, no los cotizantes. Este copago tiene valores límites por evento y por año, y son acordes al salario del cotizante. Este año, los copagos del régimen contributivo quedaron por evento entre 304.583 pesos para quienes devengan hasta dos salarios mínimos y 2.440.909 para quienes ganan más de cinco mínimos. Para los afiliados al régimen subsidiado, que son 25,5 millones de personas, el copago por evento es de 530.632 pesos. En todos los casos el alza fue de 11,6 por ciento.
A otro precio
En los llamados planes voluntarios de salud, que incluyen la medicina prepagada, servicios de ambulancia prepagada, los planes complementarios y los seguros de salud, las alzas son a otro precio, pues hay muchas más variables que el salario mínimo y además hay una libertad vigilada en el establecimiento de las tarifas, es decir, las empresas pueden hacer el ajuste que requieran, siempre que lo apruebe la Superintendencia de Salud o la Financiera (para el caso de los seguros).
“Hay múltiples planes de salud en el mercado. Una misma empresa oferta diferentes coberturas que se adaptan a las necesidades de servicios y al ingreso de sus afiliados. Los aumentos en los precios dependen del tipo de plan que se adquiere y de sus coberturas, las cuales pueden variar según la edad de los afiliados y el tiempo de afiliación. Estas coberturas y los términos del ajuste anual de sus precios están definidas en el contrato de afiliación”, explica Paula Acosta, presidenta de Acemi, el gremio de las EPS.
Se estima que, sin contar las pólizas de salud, existen cerca de 2,5 millones de afiliados a estos servicios distribuidos así: 47 por ciento a planes de medicina prepagada, 36,4 por ciento a ambulancia prepagada y 17 por ciento a planes complementarios. Es importante mencionar que un afiliado puede tener simultáneamente un plan de ambulancia y de prepagada.
Este grupo de usuarios es el que más se ha visto sorprendido por las alzas, pues no hay un criterio unificado para subir los servicios y, como se mencionó, depende de muchas variables. Por ejemplo, el precio es distinto si están afiliados a la misma EPS o caja de compensación que ofrece el plan voluntario de salud, así como si tienen planes corporativos, que suelen venir con descuentos. En el caso de los seguros médicos, al igual que con los carros, sube menos entre quienes usan menos la póliza.
Santiago Lozano, vicepresidente de suscripción en Allianz Colombia, explica que en el caso de esta aseguradora las tarifas de las pólizas de salud se incrementan cada año, según los cálculos actuariales de la compañía, y se consideran variables como la edad y el género del asegurado, el comportamiento siniestral de los productos y el incremento en los costos asociados a la prestación de los servicios médicos contratados con las instituciones de salud, que a su vez se ven influenciados por la inflación, la devaluación, el salario mínimo y los avances tecnológicos implementados en tratamientos y procedimientos médicos, entre otros.
En Colsanitas, una de las empresas con más usuarios en servicios de salud prepagados, les enviaron una carta a sus afiliados justificando las alzas en la incertidumbre económica global, la devaluación y su impacto en los precios de medicamentos e insumos médicos, así como en el hecho de que en 2020 y 2021 subieron sus servicios por debajo de la inflación.
En consecuencia, uno de los planes de prepagada de Colsanitas, que es corporativo y tiene descuento, comienza este año en 234.000 pesos mensuales para menores de 64 años y sube a 1,4 millones para mayores de 75 años. Hay que recordar que, en todos los planes voluntarios de salud, las tarifas más altas las pagan las personas de más edad, dado que son las que usan más los servicios.
En el caso de los planes complementarios, firmas como la Nueva EPS, este año fijaron un valor para el plan mensual en menores de 60 años de 174.892 pesos y para quienes superan esa edad, de 619.401.
En los planes voluntarios de salud, las cuotas moderadoras son reemplazadas por bonos que también suben este año. De nuevo en ese ajuste influyen muchas variables, como la frecuencia de uso de los servicios.
Trabajadores desprotegidos
En lo que respecta a las cajas de compensación y el ajuste de sus servicios a la UVT y no al salario mínimo, desde Asocajas, gremio del sector, advierten que esto puede ir en contravía de los trabajadores.
Al cambiar la indexación, 529.000 afiliados pasarían de la categoría A, que es la más económica y que antes iba hasta los dos salarios mínimos, a la B, que en el formato anterior era para quienes devengaban entre dos y cuatro mínimos.
Asimismo, de la categoría B a la C podrían pasar 287.000 afiliados aproximadamente. “En total, serían 816.000 familias para las cuales aumentaría, considerablemente, el costo de los servicios al producirse el cambio de categoría. Eso, sin duda, impactaría su acceso a los beneficios brindados por las cajas de compensación”, advierten en Asocajas.
Para evidenciar esta situación, ponen el caso de los servicios que ofrecen de educación a nivel preescolar. La tarifa de la categoría A es de 101.573 pesos y la de la B, de 122.741. Un trabajador que sea reclasificado de la A a la B tendría que pagar 21 por ciento más.
En Asocajas le han insistido al Gobierno para que reconsidere esta medida y evitar así que con tantos precios nuevos la cuesta de enero de 2023 no se vuelva una de las más empinadas de la historia de Colombia.