En marzo pasado, la alcaldesa de Bogotá Claudia López presentó oficialmente la apertura del proceso para contratar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.
Con dicho proyecto, la actual administración pretende descontaminar y tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas residuales de Soacha.
La propuesta no ha calado muy bien en el Ministerio de Hacienda, que, según López, no otorgó la contragarantía necesaria para que se pudiera construir el proyecto.
Recientemente, se conoció una carta en la que la alcaldesa le habría pedido al mandatario directamente que la Nación financie esa planta de tratamiento. La misiva, según Caracol Radio asegura que el proyecto enfrenta un mal panorama.
El problema es que el Ministerio de Hacienda le exige una contragarantía al Distrito por el 130% del total del crédito, que sea en recursos líquidos y fácilmente realizables. Eso implica que el presupuesto del Distrito para el crédito no sea de 600 millones de dólares, sino de 780 millones de dólares.
En la misiva, asegura que la exigencia invisibiliza a la planta y haría imposible la realización de grandes obras de infraestructura, que cuentan con el flujo de recursos para su construcción, garantizados en el largo plazo.
Finalmente, la alcaldesa pidió evaluar las condiciones de la Resolución 4778 de 2019, que es precisamente la que fue impuesta por la cartera para dar el aval al proyecto.
También aseguró que presentó dos contragarantías adicionales. La primera es un activo afecto al sistema de alcantarillado, que llevarán el agua a tratar a la PTAR Canoas. La segunda son las acciones del Grupo Energía de Bogotá, que son hasta por $616.671 millones.
Efectos negativos por contaminación del río Bogotá se pueden calcular en $135 billones anuales
La Contraloría de Bogotá ha realizado 22 ejercicios de control fiscal sobre el río Bogotá que han arrojado hallazgos por $480 mil millones desde el año 2000 y que tienen que ver con los recursos que se debieron invertir bien en la recuperación del río.
Estas fueron algunas de las conclusiones del contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, hechas durante su participación en el Foro “Río Bogotá: 100 años de aprendizajes hacia la gobernanza ambiental territorial hidrosocial” llevado a cabo en la Contraloría General de la República.
“Es un problema ‘sobrediagnosticado’, es una tragedia medioambiental para el Distrito, el Departamento, el país y la humanidad”, dijo el contralor Ruiz.
Agregó que la recuperación o restauración del río Bogotá podría calcularse en $10.5 billones, según un estudio de la Contraloría del año 2020, tras explicar que hay otro estudio quizás más profundo del año 2014, realizado también en la Contraloría de Bogotá (con base en un análisis de la Cepal), donde se estima que los efectos negativos provocados por la contaminación del río Bogotá se pueden calcular en $135 billones anuales.
“Ello con base en la pérdida de oportunidad que han tenido los entes territoriales y la población colombiana en cuanto a turismo, desarrollo agroindustrial, la generación de empleo y demás factores sociológicos y económicos que podrían haberse aprovechado si el río fuera fuente de vida y no fuente de muerte como hasta hoy lo es”, indicó el contralor.
Adicionalmente, el contralor de Bogotá reveló que, con relación con la vigilancia del vertimiento de lixiviados en el Relleno Doña Juana, se están llevando a cabo un proceso de responsabilidad fiscal y una indagación preliminar, que se está analizando a la luz del último laudo arbitral que determinó responsabilidades tanto del concesionario como el Distrito, frente al tema del relleno.
Así las cosas, la Contraloría Distrital anunció que continuará realizando un riguroso control fiscal sobre la inversión de recursos destinados a la recuperación del río Bogotá, con el objetivo de garantizar la transparencia y eficiencia en su utilización.