Las comisiones económicas (terceras y cuartas de Senado y de Cámara) se reunieron de nuevo este jueves 12 de septiembre para definir qué hacer con el monto del presupuesto de 2025, que fue presentado por 523 billones de pesos por el Ministerio de Hacienda, con un faltante de 12 billones. Ese faltante ha sido el motivo de discusión que impidió que en la primera sesión conjunta lograran un acuerdo y se acaba de repetir la situación.
La duda que viene es cuál será, entonces, el monto a partir del cual se discuta el plan de gastos del año entrante. Esto teniendo en cuenta que el plazo para definir esa cifra vence a las 12 de la noche de este sábado 14 de septiembre y el representante José Eliécer Salazar, presidente de las comisiones económicas conjuntas, dijo que ante la falta de cuórum era necesario dejar las cosas como estaban y continuar con la discusión del resto del contenido del proyecto de presupuesto el próximo martes 17 de septiembre a las 9 de la mañana.
Tras tomar lista encontraron que en las Comisiones Tercera de Cámara, Tercera de Senado y Cuarta de Cámara había cuórum decisorio, pero en la Cuarta de Senado, había cuórum deliberatorio. ”Esto quiere decir que no podemos darle continuidad a este proceso”, precisó Salazar.
El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por su parte, respondió a las dudas que existen con respecto a la desfinanciación del presupuesto, incluidas las de La Contraloría, la cual tomó como fuente de información el Marco Fiscal de Mediano Plazo y no hizo correcciones respecto a las modificaciones que ya había hecho el Gobierno en la actualización del plan financiero. “El presupuesto viene con base en lo que salió en la actualización del plan financiero. La Contraloría nunca tuvo en cuenta el plan financiero”, reiteró.
Igualmente se refirió a los 499 billones de pesos, de los que habló la senadora Angélica Lozano, los cuales estaban establecidos en el MFMP como los ingresos de 2025 y que, en su concepto, debían ser el monto del presupuesto en discusión. Bonilla dijo que esos 499 billones son para cumplir con todos los compromisos de atrás y ahí no estaría incluido el plan de gobierno.
“Ese plan de Gobierno tiene un costo de 24 billones de pesos, porque todo el resto está comprometido y es la diferencia entre 499 y 523 billones, que fue lo que presentamos”, puntualizó, y agregó que esos 24 billones son la “única libertad” que tienen como gobierno para ejecutar sus planes.
El jefe de la cartera de Hacienda también fue enfático al afirmar que esta “no es la primera vez, ni es ilegal, ni es chantaje, que un presupuesto se presente desfinanciado y que vaya acompañado de un proyecto de ley de financiamiento”.
También respondió a las críticas de algunos congresistas que dicen que no podían aprobar el monto del presupuesto de 2025 con una ley de financiamiento radicada recientemente y que, por ende, no habían tenido tiempo de analizarla. “La ley ya está radicada y ha sido presentada, al igual que el presupuesto, de forma oficial a las comisiones económicas. También se presentó extraoficialmente en mesas y reuniones previas”, subrayó.
¿Y el monto?
Con respecto a las dudas de qué va a pasar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que no hubo cuórum para definir el monto del presupuesto, Bonilla dijo que las comisiones económicas no lo habían negado, sino que simplemente no hubo una decisión sobre ninguna propuesta de monto. “Para negarlo tienen que haberlo negado las cuatro comisiones. Como para aprobarlo lo tienen que aprobar las cuatro comisiones”, puntualizó.
En consecuencia, lo que viene de aquí en adelante es una discusión más jurídica que técnica. Según Bonilla los expertos en temas presupuestales consideran que queda vigente el monto planteado por el Gobierno (los 523 billones de pesos) y la discusión sigue. Otros dentro del Congreso, creen que el que se debería aplicar es el presupuesto aprobado para 2023, que fue de 502 billones.
El representante Salazar dijo que esta no es una situación inédita, pues algo similar ocurrió durante el gobierno de Andrés Pastrana. En ese momento no se aprobó el montó, se discutió el presupuesto y al final fue demandado ante la Corte Constitucional, la cual lo dejó tal cual como estaba.
¿Qué sigue entonces? Se iniciarán las discusiones sobre el plan de gastos del año entrante, para lo cual hay plazo hasta el 20 de octubre; si no se aprueba vía legislativa, en ese momento el Ejecutivo podría decidir si lo hace por decreto. Por ahora, las comisiones económicas deberán nombrar los ponentes de la ley de financiamiento.