La reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que fue aprobada en primer debate en las comisiones económicas del Congreso de la República, sigue generando un sinnúmero de cuestionamientos por los efectos que traería para la economía del país.

Las críticas, en especial del sector empresarial, sobre sus impactos, la generación de empleo y el crecimiento de la economía, no se han hecho esperar.

En las últimas horas, el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, del que hacen parte empresas como Camacol, la Andi, Probogotá, la Cámara Colombiana de Infraestructura, Acodrés, Acolap, la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras, emitieron un fuerte pronunciamiento en contra de las medidas fiscales que se establecen en el proyecto de Ley que próximamente será discutido en las plenarias de Cámara y Senado.

En primera medida, desde el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca se hace un llamado al Congreso de la República y al Gobierno nacional para que establezcan mecanismos de debate amplio y detallado sobre el proyecto de ley por el cual se tramita la reforma tributaria. “Esta deliberación debe considerar el contexto de la economía mundial que afronta el riesgo de desaceleración económica, fenómeno del cual no es ajena la economía colombiana”, indican.

Si bien reconocen que la reforma tributaria se da en un contexto con una tasa de desempleo del 10,6 % (agosto 2022), que por segundo mes consecutivo es menor a la observada en 2019 y una cifra récord en inversión extranjera en los últimos años (US$2.874 millones en el primer semestre), con unos efectos generados en parte por la recuperación de la dinámica productiva, en la que el PIB ha crecido 12,6 % para el segundo trimestre del año, advierten que el panorama a corto plazo es desalentador.

“Es preocupante el contexto internacional y también las condiciones de recesión que se están configurando para nuestro país. La inflación alcanzó el 11,4 % en la variación anual para septiembre de 2022, la más alta desde 1999. Incluso las proyecciones económicas para el próximo año indican que nuestra economía no crecerá”, comentaron.

Subrayan además que “desde la presentación del proyecto de ley, el gobierno del presidente Gustavo Petro sostuvo que escucharía las preocupaciones de los colombianos y del sector productivo; sin embargo, el texto aprobado en Comisiones Terceras conjuntas reitera medidas que afectarían la producción nacional, la dinámica empresarial, la inversión, el empleo y el costo de la canasta familiar”.

“Desde nuestro rol como órgano colectivo conformado por 22 gremios, asociaciones cívicas y de profesionales, pedimos al Congreso de la República y al Gobierno nacional que se revise el efecto que esta propuesta de reforma tendrá en el empleo, en los hogares y en general en el bienestar de la sociedad”, agregaron.

Los gremios se mostraron a disposición de generar los espacios de conversación necesarios para la construcción de propuestas que sean beneficiosas a los objetivos del país y también a su industria.

Según lo dicho por el Ministerio de Hacienda y la Dian, el cambio fiscal que se adelanta busca recaudar $22 billones de pesos en 2023 y promete no meterse con la clase media y baja en el país y buscar estos recursos entre los más ricos y las grandes empresas, así como fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos, aunque gran parte de esto último aún se encuentra en veremos.

Impuestos a las iglesias, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, ampliación de la base gravable y eliminación de muchas exenciones, son algunos de los cambios que entrarán en vigencia el otro año, si se aprueba la reforma tributaria en segundo debate del Congreso en las plenarias de Senado y Cámara.

La reforma tributaria ya va en 96 artículos, con un ingrediente adicional, y hay cerca de 1.000 proposiciones en fila para el segundo y último debate, el cual se espera cumplir antes de que acabe octubre, razón por la cual se están moviendo con mucha celeridad desde el Gobierno nacional.