La cantidad de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe pasó de un promedio de 28 por año durante el período 1980-1999 a 53 por año en el período 2000-2021.
La población afectada aumentó de 4,5 a 7,2 millones de personas por año en los mismos períodos. Los eventos más frecuentes son las inundaciones y los ciclones tropicales y estos, junto con las sequías, son los fenómenos que más población afectan cada año.
Las proyecciones climáticas para América Latina y el Caribe del nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, indican que la temperatura media durante el período 2021-2040 será de alrededor de 1°C más alta que durante 1985-2014.
Entre varios cambios climáticos, se espera que las precipitaciones disminuyan en el norte de Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, parte del Amazonas, el noreste de Brasil, el centro y sur de Chile y el sur de Argentina. Como consecuencia, se espera que la aridez aumente en casi toda la región, con excepción de las costas de Perú y Ecuador.
Estos son algunos de los hallazgos y proyecciones de la publicación insignia de CAF, titulada “Desafíos globales, soluciones regionales: América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad”, cuyo lanzamiento regional se realizó en Santa Marta, Colombia; el segundo país más biodiverso del mundo y el primero en diversidad de aves, y muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentra el 36 % de ellas.
“La coordinación internacional en política climática y de biodiversidad es necesaria porque ambos son asuntos donde las acciones de cada país afectan a los demás. Con esta publicación queremos destacar que se requiere integrar estas políticas con las que promueven el crecimiento económico y la inclusión social, lo que puede dar lugar a complementariedades y tensiones que es necesario manejar articuladamente. El mundo necesita soluciones climáticas, alimentarias y sociales con urgencia, esta realidad nos está afectando a todos y debe ser una prioridad en todos los ámbitos, por eso desde CAF queremos liderar esta conversación como el banco verde de América Latina y el Caribe”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la apertura del evento.
Según datos de 2019, América Latina y el Caribe contribuye con el 10% de las emisiones actuales de GEI, los países en desarrollo de Asia y el Pacífico con el 44 % y los países desarrollados con el 23 %. El resto lo explican África (9 %), Europa del Este y Asia Central y Occidental (6 %), Oriente Medio (5 %) y el transporte internacional (2 %).
A diferencia de los países desarrollados, las emisiones de América Latina y el Caribe provienen en mayor medida de la actividad agropecuaria, principalmente por el cambio en el uso del suelo y, en menor proporción, de los sectores vinculados a la energía fósil.
El cambio en el uso de suelo, mediante la deforestación, el drenaje de humedales y el reemplazo de pastizales naturales, es también el principal canal directo por el cual la actividad humana degrada los ecosistemas y la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Este cambio se encuentra fuertemente vinculado al sector agropecuario: el 35% de la superficie de la región se dedica al pastoreo y el 16% a cultivos, mientras que los asentamientos humanos ocupan el 4% del territorio, y el 45% se conserva en estado seminatural o natural.
América Latina y el Caribe conserva 9,3 millones de km² de bosques, los cuales cubren un 46% de su territorio y representan una cuarta parte de los bosques mundiales. Los bosques de la región contribuyen cada año a la mitigación del cambio climático con la captura de 1,1 dióxido de carbono equivalente (GtCO2eq), albergan una enorme biodiversidad y ofrecen importantes servicios ecosistémicos a la población a nivel local y regional.
Por lo tanto, el reto de detener la deforestación es crucial. Para esto es necesario fortalecer la sostenibilidad del sector agropecuario de la región mediante un compromiso creíble con frenar el crecimiento de la frontera agropecuaria, el aumento de la productividad agropecuaria y el uso de prácticas sostenibles en este sector.