A tan solo una firma del presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra de ser una realidad el nuevo seguro gratuito de responsabilidad civil extracontractual que responderá por daños a terceros en choques simples de tránsito, que el pasado 13 de diciembre fue aprobado por el Congreso de la República y busca dar un alivio al bolsillo a 14,5 millones de conductores que, más allá de la cobertura en salud del Soat, hoy no cuentan con los recursos para acceder a una póliza que les permita responder por daños materiales ocasionados a otros vehículos en caso de accidente.

Este nuevo seguro, que aplica para vehículos particulares que se vean involucrados en choques simples sin lesionados ni víctimas fatales, lo recibirán de forma gratuita todos los conductores que realicen la revisión técnico-mecánica en cualquiera de los más de 800 Centros de Diagnóstico Automotor autorizados por el Ministerio de Transporte en todo el país.

Los automóviles que no cuenten previamente con una póliza todo riesgo que los cubra en caso de accidente, gracias a este nuevo seguro gratuito recibirán una cobertura por daños a terceros hasta por $17,4 millones (15 SMMLV), mientras que para las motocicletas será de máximo $8,1 millones (7 SMMLV).

Este seguro no cubrirá lesiones o atención médica de personas que resulten afectadas por cualquier tipo de incidentes en las vías y no se puede usar para reclamar reparaciones en el vehículo del portador. Su atención estará enfocada en reparar los daños materiales que se causen a terceros, ya que funciona como una póliza de responsabilidad civil extracontractual.

El documento de conciliación de Cámara y Senado, conocido en primicia por SEMANA, establece en su artículo 6 que “los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos”, que actualmente corresponde a 1 año.

De esta forma, como resultado de la gestión legislativa del actual Congreso, los Centros de Diagnóstico Automotor tendrán que comenzar a cumplir efectivamente con una normativa más amplia e integral que la consignada en la Resolución n.º 3318 del 14 de septiembre de 2015, expedida por el Ministerio de Transporte, que desde entonces les ordenó asegurar gratuitamente a todos los conductores, pero los CDA nunca lo hicieron; no obstante, tampoco excluyeron de la tarifa (considerada hoy la más alta de América Latina) el rubro por el costo de un seguro que, técnicamente, desde hace 8 años los usuarios pagan, pero sin recibir la cobertura.

La Resolución n.º 3318 del 14 de septiembre de 2015 fue derogada por la Resolución n.º 4304 del 23 de octubre de 2015 “con el fin de contar con un mecanismo que permita poner en funcionamiento el aplicativo necesario para controlar la expedición de la póliza de responsabilidad civil extracontractual”, que fue demandada en 2016 por la Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares (ACUVP), pero desde entonces el Consejo de Estado no se ha pronunciado.

Democratización de los seguros vehiculares

Este nuevo seguro gratuito busca dar la opción de ampliar al 100 % la cobertura de seguros de los 17,5 millones de vehículos que conforman el parque automotor en Colombia, ya que actualmente el 82,6 % de los vehículos no cuenta con una póliza de seguro que les permita responder por daños a terceros en caso de accidente.

Hoy solo tienen seguro de responsabilidad civil extracontractual 917.892 vehículos de servicio público, que por ley están obligados a tenerlo, y apenas 2,1 millones de vehículos particulares, cuyos conductores tienen la capacidad económica para comprar una póliza todo riesgo.

Así que 14,5 millones de vehículos que hoy no tienen cómo responderles a otros conductores por los daños ocasionados a sus vehículos en caso de un choque simple, ahora podrán hacerlo, lo que evitará agresiones y riñas en las vías; agilizará la movilidad, porque se moverán rápidamente los vehículos siniestrados evitando que, por ejemplo, los ciudadanos de las grandes capitales del país pierdan en promedio 180 horas al año en —Bogotá (272 horas), Medellín (138) y Cali (125)—, según un estudio de la firma internacional Inrix Global Traffic Scorecard.

Otros beneficios del seguro es que descongestionará el sistema judicial, porque las aseguradoras deberán responder por los siniestros; también aumentará la competitividad del país, ya —según el Departamento Nacional de Planeación— en Colombia se pierden cerca de $16 billones anuales por causa de las congestiones vehiculares; y en materia social, los conductores ya no responderán por los daños con su patrimonio, lo que dejará de impactar negativamente sus finanzas familiares.

Esto quiere decir que por el mismo costo de la revisión técnico-mecánica se les brindará una cobertura integral a todos los conductores del país, complementando así la que hoy ofrece el SOAT, que se seguirá encargando de la atención en salud a las víctimas de los siniestros viales, mientras que el nuevo seguro gratuito cubrirá los daños a terceros ocasionados por choques simples, sin heridos ni víctimas fatales.

‘Ahora sí hay quién responda’

Gremios de taxistas aseguran que esto genera equidad social y obliga a que los CDA realmente se responsabilicen de la rigurosidad con las que hacen las revisiones de los vehículos que actualmente ruedan por las vías del país.

Los taxistas también celebran que esto permite superar la incertidumbre al momento de accidentarse contra un vehículo particular, ya que ahora este sí tendrán cómo responderles por los daños ocasionados en un choque simple.

“Esta ley otorga un derecho a la igualdad en cuanto a que la totalidad de los vehículos que circulan en el país van a contar con un seguro de responsabilidad civil, que será muy beneficioso por cuanto ante un choque simple, donde el particular debe responder por los daños ocasionados al vehículo de servicio público, no se tenía la certeza de una indemnización a su favor”, dijo Fenaltax en una carta dirigida al ministro de Transporte, Guillermo Reyes.