Un anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro, durante el reciente Congreso de Andesco, sonó rápido e inocuo, pero en otros sectores de la economía y la sociedad ha hecho abrir los ojos a más de uno.

El mandatario de los colombianos dijo que tomaría el control de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), aprovechando un artículo que fue introducido por el gobierno anterior en el Plan de Desarrollo que le permitía hacerlo.

Este martes, el Consejo Gremial Nacional destapó su posición de rechazo a ese anuncio, al tiempo que destacó el rol que ha desempeñado la mencionada comisión, “en la construcción de un marco regulatorio propicio para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en todo el país”.

Desde la perspectiva del Consejo Gremial, la Creg también habría sido clave para ampliar la cobertura en servicios, “con la construcción de mejores condiciones para el tejido empresarial de nuestro país”, sostuvieron.

Justamente, la Creg fue creada por la famosa Ley 142 de 1994, que ahora está en la palestra pública y hasta ha sido tildada de obsoleta. En esa normatividad, a la comisión le otorgaron la función de “regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible”. Entre tanto, “dicha comisión deberá promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad”.

En ese contexto, el Consejo Gremial, que agrupa la mayor parte de los gremios económicos del país, dice que la Creg “ha hecho aportes trascendentales para el desarrollo de Colombia”.

Sin desconocer que hay una coyuntura tarifaria en el sector de energía eléctrica, la cual ha causado polémica en el país desde que el Dane destapó los incrementos en la inflación del sector eléctrico, el Consejo señala que busca contribuir a solventar esta situación, por lo cual emite su posición.

“El Consejo Gremial Nacional considera que la Creg tiene retos por enfrentar y que una intervención sobre sus funciones podría no solo afectar la inversión nacional y extranjera en el sector energético, pero además no ser la solución definitiva para frenar las alzas en las tarifas de energía”.

Para las empresas agremiadas en las diferentes asociaciones que hacen parte del Consejo, “la Comisión debe encargarse de este fenómeno como tema prioritario y coordinar una solución efectiva con todos los actores del sector para aliviar el incremento en las tarifas de energía”.

Advertencia

Adicionalmente, advierten que “una pérdida de la estabilidad regulatoria mantenida por cerca de 30 años generaría no solo consecuencias nocivas para los usuarios de los servicios públicos, sino que pondría en riesgo la construcción de todos los proyectos relacionados con las subastas de energías limpias de los años 2019 y 2022, las cuales son fundamentales para la transición energética que se viene desarrollando en Colombia”.

Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Semana

Tienen que ser independientes

En el pronunciamiento del Consejo Gremial señalan que es clave la separación de funciones entre el encargado de construir la política pública, el ente regulatorio y el responsable de la vigilancia y control, en línea con las mejores prácticas de la Ocde en este ámbito, han marcado avances significativos para dignificar la vida de las familias colombianas.

Por todas esas razones, el Consejo Gremial hizo un llamado al Gobierno a continuar “en la búsqueda de consenso entre los diferentes actores que hacen parte de la llamada ‘comunidad energética’: solo una solución colectiva permitirá fortalecer la institucionalidad y defender el bolsillo de los colombianos”.

Para los integrantes del Consejo Gremial, “la gestión de esa comunidad energética debe ser clave en el proceso de adjudicación de tarifas y en la eficacia de la cadena de suministro”.

Los gremios económicos enfatizaron en que El sector empresarial está dispuesto a apoyar todas las iniciativas que tengan como fin el de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica, con tarifas justas y sostenibles. Por esa razón, propenden por la búsqueda de soluciones acordadas.