Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada, finalmente, la anunciada denuncia penal contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Lo hizo el abogado Fabio Humar en representación de Conconcreto S. A., Coninsa Ramón H. S. A., Construções e Comercio y Camargo Correa S. A.
La razón de la acción es por injuria y calumnia, toda vez que el abogado sostiene en el documento que estas sociedades –las que integran el consorcio– “están dedicadas a la construcción de obras civiles desde hace varias décadas, caracterizándose por ejecutar obras con altos estándares técnicos, con total apego a las regulaciones financieras, técnicas y jurídicas, de forma transparente y ética”.
En consecuencia, el jurista alega que ninguna de las tres empresas que integran el consorcio han sido condenadas, ni penal, ni disciplinaria ni fiscalmente, por hechos relacionados con actos de corrupción o delito similar.
Humar señala que, si bien “se presentaron algunos inconvenientes en la ejecución de la obra, por ocurrencia de eventos relacionados con caso fortuito y fuerza mayor, y por situaciones anteriores a la vinculación del Consorcio CCCI al Proyecto Hidroituango”, ha hecho afirmaciones que “no tienen fundamentos fácticos, judiciales o administrativos para sustentar tales afirmaciones”.
Que se retracte o que vaya a la cárcel
De acuerdo con la sustentación de la denuncia penal, “Quintero se ha empeñado en maltratar el nombre de las compañías, por lo que tiene dos opciones: o retractarse o ser condenado hasta por 8 años de prisión”.
En el texto de la acción judicial se agregan como pruebas las distintas afirmaciones que ha hecho el alcalde. Una de ellas es justamente la columna que publicó en la revista SEMANA, titulada ‘Que paguen’, en la que, según el documento, el alcalde “se atrevió a comparar a mis poderdantes con el tristemente célebre Fabio Puyo Vasco, condenado por actos de corrupción en la represa del Guavio por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público, falsedad ideológica y falsedad en documento privado”.
Papeles van, papeles vienen
La nueva denuncia penal contra Daniel Quintero es parte del intercambio de papeles jurídicos (demandas, reclamos, cartas) que hay alrededor del caso Hidroituango, proyecto adelantado por EPM, el cual está pendiente de un fallo de la Contraloría General, que imputa responsabilidad fiscal a 26 persones entre naturales y jurídicas. Esta obra, clave para Colombia, tuvo que entrar en contingencia desde 2018, por fallas en una de las áreas que estaban en construcción.
Según el documento radicado en la Fiscalía, el alcalde ha dicho de manera irresponsable que “los culpables de lo ocurrido en Hidroituango son los actos de corrupción de los contratistas”, lo que, desde la óptica del consorcio, “produjeron graves afectaciones económicas a las empresas que conforman el grupo empresarial (Constructora Conconcreto S. A., Construções e Comercio Camargo Correa S. A. y Coninsa Ramón H. S. A.)”.
El abogado Humar expresa en la denuncia que los hechos que ha relatado a través del documento (de 13 páginas), demuestran que se cometió, “al menos desde el punto de vista objetivo, el delito de injuria, el cual señala que, quien haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, y multa hasta por 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
También le endilgan el delito de calumnia
En la denuncia penal también se sostiene que Daniel Quintero habría cometido el delito de calumnia, definido cuando una persona “impute falsamente a otro una conducta típica”, caso en el cual incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.