De nada sirve tener voluminosas cifras en recursos públicos si no se convierten en proyectos y en obras para beneficio ciudadano.
Eso es lo que está sucediendo en Colombia, donde la Contraloría General lanzó una alerta alrededor del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023, porque se acaba el año y la ejecución de la inversión va en el 54 %, es decir, 54 de cada 100 pesos.
Con las asignaciones presupuestales no se trata de gastar por gastar, sino de hacerlo en los tiempos que se incluyen en la planeación del año y, lo más importante, que se vea el beneficio en la ciudadanía.
Pero al revisar los resultados, la Contraloría General halló que, si bien la ejecución total va en el 71 %, de la inversión, la que debe ir a obras que utiliza la comunidad va en 54,4 %.
Cuando se analiza el 71 % ejecutado, hay que tener presente que allí está incluido el servicio de la deuda, sin el cual, la cifra solo iría en 67,1 %. Además, la mayor parte del presupuesto del país se va en gastos de funcionamiento, los cuales no cuentan, pues se trata de compromisos impajaritables, similar a lo que pasa en un hogar (no puede evitar pagar la luz, el agua, el arriendo).
Lo verdaderamente importante para una nación es la ejecución de la inversión, que es la que va a financiar vías, programas para el bienestar ciudadano, entre otros. De ahí que, en el presupuesto del próximo año se haya incrementado el monto destinado a la inversión: 99,3 billones de pesos.
El tema del presupuesto es algo que atañe a todos los ciudadanos, pues allí está la plata de los impuestos que se pagan en el país. Para 2023, los recursos aprobados en el Congreso de la República, dentro de la carta financiera del año, ascienden a 405,6 billones de pesos.
Del monto total, hay 253,6 billones de pesos para el funcionamiento; 77,9 billones para el servicio de la deuda, y para inversión son 74,02 billones de pesos. Los sectores con mayores recursos para esta anualidad son: educación, con 54,8 billones; salud y protección social, con 50,2 billones; hacienda, con 48,7 billones; defensa y policía, tiene 48,3 billones; trabajo, 37,9 billones; e inclusión social y reconciliación cuenta con 17,8 billones.
El primer año se entiende, pero...
Es entendible que, en 2022, a la misma fecha, la cifra iba en 58,2 %, pero es que se trataba de un año electoral que dio paso a un nuevo gobierno, el cual llegó además con una particularidad: una administración que se inscribe en la izquierda, la cual nunca había estado en el poder.
Sin embargo, ya en 2023 se esperaría que el ritmo en la ejecución fuera más armónico. No obstante, de acuerdo con el informe de la Contraloría General, la Unidad de Gestión del Riesgo, Presidencia de la República y el Departamento de Planeación son los sectores con más baja ejecución. Es más, según el documento, la entidad que debe prevenir la ocurrencia de riesgos en el país, solo lleva ejecutado el 7,5 % al décimo mes del año.
Aunque en entidades como la Presidencia y Planeación, se podría justificar que la ejecución solo sea de 10 y 18,8 %, respectivamente, no lo es así para un ministerio como el de Vivienda, el cual, de acuerdo con lo analizado por la Contraloría, solo lleva gastados el 6 % de los recursos de inversión.
Presidente había dado un ultimátum
Aunque en las últimas semanas se ha rumorado en Colombia que habría nuevos cambios en el gabinete presidencial, el panorama continúa igual. El 15 de agosto, cuando la ejecución presupuestal alcanzaba solo el 30 %, el propio presidente Gustavo Petro lanzó un ultimátum, para que le pusieran el pie al acelerador y ejecutaran, ejecutaran, ejecutaran.
La ejecución presupuestal debe ser parte de una planeación, para que el gasto público también contribuya al dinamismo de la economía. Es decir, no puede hacerse a las volandas, cuando ya se van a terminar las administraciones, como se está viendo ahora, que los gobernadores y alcaldes concluyen sus periodos administrativos.
En la instancia nacional igual. Colombia requiere reactivación, pues buena parte de los sectores de la economía, y en particular, los que son generadores de empleo, están frenados, porque no hay consumo ni irrigación de recursos desde lo público, lo que se denomina gasto contracícilico.
Por esa razón, desde muchos frentes, se ha venido clamando por el diseño y puesta en marcha de un plan de choque, que reanime la aporreada producción, a través del impulso a la demanda. De lo contrario, el nuevo año podría traer condiciones más apretadas y, principalmente, bajos niveles de confianza en que algo cambie.