Este 20 de agosto, la Contraloría General de la República anunció los resultados de una indagación realizada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace algunas semanas, que evidenció varias situaciones irregulares que se estarían dando con los presupuestos asignados a esa entidad, encargada de velar por el bienestar de la infancia en el país.
El comunicado publicado por la entidad apunta a 24 hallazgos fiscales por cerca de 15.549 millones de pesos, que se concluyeron tras una auditoría realizada a los estados financieros y la información presupuestal del ICBF, con corte al 31 de diciembre de 2023. La auditoría arrojó como resultados 147 hallazgos administrativos. De estos, unos 70 tienen incidencia disciplinaria y cerca de 24 tienen incidencia fiscal por 15.549 millones de pesos.
También se registran 4 con otras incidencias y otros 18 que dan lugar a indagaciones preliminares, 2 solicitudes de procesos administrativos sancionatorios fiscales y 6 beneficios de auditoría por 414 millones de pesos.
¿Qué pasa con los recursos asignados al ICBF, según reporte de la Contraloría?
Los ingresos asignados para el ICBF durante el año pasado (2023) fueron de 9,08 billones de pesos, lo que significó que la inversión en este instituto se incrementó 1,15 billones de pesos, equivalentes al 12,74 % frente a la vigencia de 2022.
Cerca del 56 % de los recursos, que equivalen a 5,23 billones de pesos, provienen de aportes a la nación. El otro 43 %, que son 3,84 billones, corresponden a recursos propios. Por otro lado, los ingresos provenientes de la parafiscalidad del 3 %, representan el 88 % de los ingresos propios de la entidad.
“La auditoría se practicó a la Dirección General y 14 puntos de control correspondiente a las Direcciones Regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Sucre”, indicó la Contraloría en un comunicado.
Aunque la contraloría destaca que la ejecución presupuestal para 2023 fue de un 94,94 % del total de recursos asignados, que son los bienes y servicios que se recibieron con fecha de corte del 31 de diciembre de 2023.
“A nivel nacional, la pérdida de apropiación ascendió a $ 111.642 millones, sin que el ICBF mostrara la ejecución de las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la entidad, que deben acoger e implementar los gerentes de Recursos para mejorar los tiempos asociados al ciclo presupuestal y aumentar los niveles de ejecución”, indica el ente de control.
Destacaron además que la ejecución más baja se identificó en los programas de contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional, con el 66,4 %. Por otra parte, está el apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes a nivel nacional, que presenta un 56,99 %.
Respecto a los hallazgos reportados, la Contraloría precisa que uno tendría presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $ 2.202 millones, por recursos entregados a los operadores de contratos de aportes y que no fueron ejecutados ni han sido reintegrados a la fecha.
Otros dos hallazgos también tendrían presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $ 4.904 millones, tras corresponder a recursos del contrato que no se encuentran soportados en su ejecución.
La auditoría también estableció un detrimento fiscal por $ 1.920 millones, que es el resultado de las inejecuciones identificadas por la supervisión en el acta de legalización de cuenta, los cuales no se han reinvertido o reintegrado.
Respecto a las obras inconclusas, se evidenció que el ICBF realizó dos pagos al contratista por $ 705 millones y compensación por $ 43 millones ordenada mediante dos resoluciones. Pese a ello, en el informe final de interventoría se hace relación de un avance de obra del 26,07 % en la totalidad del contrato, por lo cual el ICBF declaró el incumplimiento de este.