El escándalo de corrupción alrededor de la EPS Saludcoop no cierra la página en Colombia.
La entidad promotora de salud que se encuentra en liquidación sigue siendo foco de investigaciones y procesos probatorios, y este miércoles la Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal, lo que implica que el implicado, Guillermo Enrique Grosso, en calidad de agente especial interventor, tendrá dicha responsabilidad económica, en la cuantía indexada de 1.067 millones de pesos.
Según estableció la Contraloría, la actuación de Grosso conlleva una culpa grave, puesto que procedió a “autorizar el giro de los dineros parafiscales para cubrir conceptos ajenos a su destinación”.
El organismo de control manifestó que con los dineros autorizados se financiaron eventos culturales, conferencias y arriendo de vehículos blindados.
La millonaria suma que incluye el fallo de responsabilidad fiscal, junto con todos los argumentos con los cuales se tomó la decisión, irán a parar a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, de manera que continúe la investigación, pues se hace necesario llegar a dilucidar si hubo conductas con incidencia disciplinaria y penal.
Fiesta con la plata de la salud
De esa manera, se continúa probando que, en medio de escenarios difíciles para la atención de los colombianos en materia de salud, se utilizaban los dineros para otros fines distintos a la prestación del vital servicio.
El contralor delegado Intersectorial, que pertenece a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, manifestó que “el interventor de la EPS Saludcoop dispuso de recursos del sistema de seguridad social para solventar gastos que nada tenían que ver con la atención de pacientes afiliados, ocasionando de esta manera un detrimento al erario”.
No hay derecho
Los recursos de la salud terminaron gastándose en “pago del evento cultural de fin de año, olimpiadas deportivas, día de la familia y torneo de bolos en 2014″.
Y no es todo. De acuerdo con lo manifestado en el fallo de la Contraloría, se pagó la realización del evento denominado “sembradores de esperanza”, en 2015; sin contar con que se financiaron los contratos de arrendamiento de vehículos blindados en los años 2013, 2014 y 2015.
La Contraloría puso en relieve que los recursos de la salud tienen una destinación específica, y es la de cubrir los gastos derivados de la efectiva prestación de servicios de salud de los afiliados a las EPS.
“El interventor de la EPS Saludcoop pasó por alto esta premisa”, dice el fallo.
El caso lo archivaron y reabrieron
En el documento emitido por la Contraloría General se recuerda que, en enero de 2021, la Unidad de Responsabilidad Fiscal de esa entidad de control había ordenado el archivo de este proceso y un mes después, mediante un nuevo auto proferido en febrero de 2021, se surtió el grado de consulta y se revocó esa decisión.
“Por medio del Auto No. 010 del 25 de marzo de 2021, los hechos objeto de la investigación fueron declarados de impacto nacional. Mediante Auto No. 1777 del 8 de noviembre de 2022 se profiere fallo con responsabilidad fiscal”.