Después de la decisión de Prodeco de devolver los títulos de las dos minas de carbón que durante años explotó en Colombia –Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar–, la Contraloría General, en su misión de evitar el detrimento patrimonial de los recursos públicos, no ha dejado de poner la lupa en la situación.
Por esa razón, la entidad de control, a través de la Contraloría delegada para el sector minero, envió una carta de alerta a la Agencia Nacional de Minería (ANM), la cual fue conocida por SEMANA.
En la misiva, la Contraloría enfatiza en que ha sido informada por parte de la comunidad de que “la empresa Prodeco viene progresivamente retirando la maquinaria y los equipos utilizados para la explotación del carbón en las mencionadas minas, sin que hasta el momento se sepa de la existencia de algún pronunciamiento de la ANM que autorice el desmantelamiento de las dos minas mencionadas”.
Por respaldo con obligaciones
El asunto es que, recientemente, la ANM declaró inviable la devolución de los títulos mineros por parte de Prodeco. Por esa razón, la preocupación de la Contraloría delegada para el sector de minas, según expresó el líder de esa área, Orlando Velandia, es que “la razón por la que la ANM le niega la devolución de los títulos mineros es por estar pendiente el pago de obligaciones fiscales (regalías y obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental)”.
En consecuencia, señala Velandia, “si se llegara a requerir aplicar alguna medida cautelar contra la compañía, para garantizar el pago de dichas obligaciones, se tendrían que tener esos bienes disponibles”.
Otra de las razones de la alerta de la Contraloría, según precisó Velandia, es que “no pueden proceder a desmontar su infraestructura, estando vigentes los contratos, como lo están hasta ahora”.
En la carta que la Contraloría envió a la ANM señala que el organismo de control actúa precisamente “como entidad de fiscalización superior encargada de la defensa del patrimonio público”.
‘No pueden desmontar así’
Por lo tanto, la Contraloría argumenta que es necesario que el proceso de desmantelamiento de las minas “se surta dentro del marco de las normas legales y contractuales que rigen la devolución de los títulos en cuestión”. Es decir, “con el cumplimiento pleno de las obligaciones técnicas, ambientales, sociales y económicas de un proyecto de esta naturaleza y con la adopción de un plan de cierre progresivo y respetuoso de los estándares internacionales basados en derechos, y garantizando una transición conforme al marco legal, pues de lo contrario se generarán, sin duda, graves perjuicios para las comunidades del área de influencia y eventualmente afectación de los intereses patrimoniales del Estado”.
Para la Contraloría, la situación de desmantelamiento de las minas, sin la debida autorización y el acompañamiento y la supervisión de las autoridades competentes en la materia, “suscita serias preocupaciones para este órgano de control al igual que para las autoridades regionales y la comunidad por las graves consecuencias que se pueden generar con una salida de la empresa que no se enmarque en los estándares que para el efecto se tienen establecidos”.
Llamado a la ANM
El llamado de la Contraloría a la ANM es para que “adopte de manera urgente las acciones que considere pertinentes en orden a que este proceso se desarrolle con apego de las normas que lo reglamentan, se proteja el patrimonio público y los intereses patrimoniales del Estado y rinda a esta delegada un informe periódico sobre el avance del mismo para los efectos de la vigilancia fiscal que le asisten”.
¿Qué dice la ANM?
Sobre la denuncia de la comunidad, que fue recibida por la Contraloría, y sobre el accionar de la ANM, el presidente de la agencia, Juan Miguel Durán, respondió así en SEMANA.
“Frente a las denuncias de desmantelamiento de las minas Calenturitas y La Jagua en el Cesar, la Agencia Nacional de Minería se permite informar que en el programa de trabajos e inversiones de 2020, el proyecto minero integrado de La Jagua relacionó algunos activos pertenecientes a un contratista que apoyaría el desarrollo de su trabajo minero”.
Durán agregó que “ante la renuncia presentada el pasado 4 de febrero por el titular minero y el trámite que se adelanta al respecto, el contratista tomó la decisión de retirar sus activos de la mina. Dicho proceso ha sido notificado a la ANM en las visitas de seguimiento que la autoridad minera viene adelantando en el proceso de verificación, seguimiento y control que se adelanta al título minero”.
Finalmente, precisó que “la información y relación de los activos mineros fueron reportados antes de presentarse la renuncia al título minero en relación”.