Un nuevo intento, el tercero, harán los congresistas Mauricio Toro y Angélica Lozano para buscar que el Congreso de la República se ocupe de la situación de los trabajadores que son vinculados mediante la modalidad de contratación de servicios.
De nuevo radicaron un proyecto de ley que busca proteger la labor de estos colombianos que trabajan a veces en horarios más allá de los que involucra una modalidad de contratación por servicios. Es más, en épocas en las que está suspendida su vinculación, siguen sus actividades -aún sin paga- con tal de asegurar que los vuelvan a contratar.
La iniciativa de Toro y Lozano pretende que se establezcan garantías de no terminación anticipada en condiciones especiales de salud como embarazo o lactancia.
De igual manera, intenta que se logre darles, en aras de la equidad, un descanso de doce días por año de servicio, o proporcional al término pactado en el contrato.
También abogan por la afiliación a la caja de compensación, de manera que puedan acceder a beneficios mínimos, como los empleados que son contratados de planta.
Por justicia laboral
La propuesta de Lozano y Toro busca avanzar hacia la justicia laboral, toda vez que “los contratos de prestación de servicios en Colombia se han convertido en la manera de evadir el esquema de protección social de los trabajadores o en la forma de contratar sin unas garantías mínimas que atentan contra la dignidad humana”, sostienen los parlamentarios.
La intención de Lozano y Toro es “desincentivar y eliminar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios y reforzar e incentivar la modernización de las plantas de personal del Estado”.
La iniciativa se apoya en el concepto de estabilidad ocupacional reforzada, desarrollado por la Corte Constitucional, expresaron los proponentes del proyecto de ley, quienes no dan cabida al hecho de que un servidor del Estado que a veces demora años con un contrato reiterativo por prestación de servicios, no tenga beneficios en entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, como sí lo tienen los vinculados por nómina.
Derecho a la asociación
Con el proyecto de ley también se hace mención del derecho a la asociación, lo que hasta ahora les está negado, pese a que es uno de los llamados de la OCDE, club de países con buenas prácticas, al que ya pertenece Colombia.
Por la formalidad
Con los contratos de prestación de servicios hay que tener en el visor que ni se pueden satanizar, ni se puede abusar de ellos.
Por esa razón, el proyecto de ley busca “que las entidades del Estado reduzcan estas vinculaciones de personas a través de la modalidad de prestación de servicios. Según una investigación realizada por la Universidad de los Andes y publicada en noviembre del 2019, en promedio, ser contratista disminuye 37 por ciento el salario bruto mensual devengado con respecto a tener un cargo de planta”, se argumenta en el proyecto.