La corrupción es una de las realidades que más preocupa a los colombianos, según han revelado varias encuestas y sondeos. Por eso, quizás es un ‘caballito de batalla’ en las elecciones, debido al cansancio que tienen los ciudadanos de que la plata pública se la roben, de que existan sobornos para conseguir contratos, de que se paguen favores políticos con empleos o que se exima de condenas a culpables del despilfarro de recursos del Estado y otros delitos.
El tema fue abordado en un estudio del Banco de la República titulado La corrupción en Colombia: un análisis integral, cuyos autores son Jhorland Ayala, Jaime Bonet, Gerson Pérez, Eduardo Heilbron y Jéssica Suret.
Los investigadores advierten que la corrupción es un fenómeno complejo y difícil de abordar, pues involucra a lo público y lo privado, y tiene aristas políticas, sociales, económicas, culturales, institucionales, que obligan a analizarlo desde una visión integral.
Sin hacer lo que se critica
Lo cierto es que las personas hablan de corrupción, critican su existencia, pero si se ven enfrentados a una situación inesperada, por ejemplo, luego de haber cometido una infracción en la vía pública, olvidan las convicciones pregonadas y son capaces de sobornar o dejarse sobornar por la autoridad de tránsito.
El país ha buscado caminos para torcerle el cuello a este flagelo que, se dice, desangra la bolsa de los recursos públicos en cifras astronómicas, teniendo en cuenta que hay varios estimativos (50, 100 o más billones de pesos).
Los autores del estudio del Banco de la República recuerdan que en 2011 se creó el Estatuto anticorrupción, en busca de luchar contra el flagelo. No obstante, los registros que fueron revisados por los investigadores señalan que, entre 2016 y 2020, se reportaron 967 hechos de corrupción a nivel nacional en la prensa del país. Entre 2016 y 2018 la cifra se ubicaba en 327.
En el papel
Con todo y las normas creadas, la corrupción sigue rampante al punto de que el Index of Public Integrity, que se hace en 106 países, “muestra que Colombia retrocedió siete posiciones en el periodo 2015-2019, al pasar del puesto 53 al 60″, recuerdan los autores.
El informe de los estudiosos del Banco de la República se basa en revisiones de datos de las ‘ias’: Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, entidades encargadas de vigilar, controlar, investigar, sancionar y condenar a corruptos.
Los autores indican que, a partir de la información disponible, concluyen que “la corrupción observada aumentó significativamente durante el período 2010-2016, con la información reportada por las tres entidades”. Además, “hay una dificultad para hacer comparaciones regionales en materia de corrupción, puesto que los indicadores arrojan conclusiones distintas y en algunos casos contradictorias”.
Es así como, “mientras que los datos de la Procuraduría ubican a los nuevos departamentos creados (Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Amazonas, Guaviare, Vaupés y Vichada), en los primeros lugares en cuanto a sanciones disciplinarias, los procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría General sugieren que la mayor corrupción se presenta en los departamentos de la zona cafetera y la región central”, expresa el informe.
Entre tanto, “departamentos como La Guajira tienen el menor número de condenas de la Fiscalía, asociados a casos de corrupción, pero es la entidad territorial con mayor presupuesto de obras inconclusas por habitante después de Putumayo”.
Los autores enfatizan en que, si bien no todas las sanciones de la Procuraduría se relacionan con hechos de corrupción, se supone que los departamentos con más destituciones e inhabilidades de funcionarios públicos están mostrando un mayor abuso de poder para beneficio propio o de particulares.
Corrupción pública domina
De acuerdo con el contenido del informe de investigación, la corrupción pública participa con el 96 % de las condenas y de ellas (las condenas), la corrupción pública, la administrativa y la judicial representan el 79 % del total.
La corrupción política y tributaria no se quedan atrás en porcentaje. Participan con el 21% de las condenas, señala el estudio.
Ojalá en Colombia la visibilización de este flagelo, a través de estudios como el del Banco de la República, conduzca a promover avances en la manera de combatir la corrupción que no deja prosperar al país.