Una decisión adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, proferida por la Corte Constitucional, ‘pondrá a correr’ al Ministerio de Salud.
El Alto Tribunal volvió a pronunciarse, puesto que el 20 de noviembre de 2023, mediante el Auto 2882, había declarado ‘nivel de cumplimiento bajo’ de la llamada orden vigesimocuarta, con la cual se busca garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional paga a las EPS por los servicios prestados a los ciudadanos.
Esta vez, la Corte le da dos meses al Ministerio para ponerse al día con el llamado ‘acuerdo de punto final’, “una norma mediante la cual se estableció que se pagarían a las EPS todos los valores pendientes, con ocasión de la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las IPS”, recordó la Corte.
Para los magistrados, según lo consignado en el informe divulgado este lunes, “en 2023 no se había efectuado el pago total de esta deuda que, según el Gobierno, se completaría en agosto de 2022″.
Además, el Alto Tribunal evidenció “montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo”.
Y no es todo, también encontró que hay sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales.
De acuerdo con lo expresado por el tribunal, “a partir de 2020 surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios”.
Más de un billón de pesos
Estos hallazgos, sumados a los valores pendientes, fueron los que llevaron a pronunciarse, toda vez que, “en relación con la nueva deuda que estaba surgiendo en materia de recobros –a partir de 2020–, se les adeudaba más de un billón de pesos por este motivo”.
Inaudito: deudas desde la pandemia
Un punto que llama la atención es que “el origen de esas obligaciones se relacionaba, en gran medida, con servicios prestados durante la emergencia por covid-19″.
Hay que recordar que el acuerdo de punto final motivó un proceso de auditoría y pago para establecer las cifras definitivas, teniendo en cuenta que se hablaba originalmente de una deuda de $ 5,2 billones asociada a los servicios y tecnologías no financiados con la UPC (Unidad de Pago por Capitación), en lo concerniente al régimen contributivo.
Entretanto, alrededor del régimen subsidiado, inicialmente se habló de que el saneamiento implicaría pagos por aproximadamente $ 1,5 billones, en los que la Nación cofinanciaría el esfuerzo territorial, según dijo en su momento el Ministerio de Salud.
La idea siempre ha sido lo que ahora expresa la Corte que no se ha hecho: lograr el saneamiento definitivo asociado a los servicios y tecnologías no financiados con la UPC.
De tiempo atrás, se han suscitado críticas a la Adres por la demora en terminar los pagos a las EPS, relacionados con atenciones y servicios que están por fuera del plan de beneficios, lo que es conocido como ‘presupuestos máximos’. El tema ha pasado de revisión en revisión, pero aún no se le pone punto final al asunto. En muchos casos, se trata de deudas viejas.