Un grupo de más de cien exfuncionarios públicos y ciudadanos envió una carta al presidente Gustavo Petro Urrego, ministros del gabinete, Roy Barreras, presidente del Congreso; congresistas, Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional; Fernando Castillo, residente de la Corte Suprema de Justicia y a Enrique Rodríguez, presidente del Consejo de Estado, entre otros.
En la misiva destacan que recientemente se publicó el documento técnico “Documento, análisis y consideraciones del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, sobre los servicios públicos en el país”, el cual apoyan e invitan a las tres ramas del poder público, así como a los medios de comunicación y a la opinión pública a estudiarlo con especial atención.
Destacaron que “construir lo que hoy tenemos no ha sido tarea fácil, los servicios públicos son un patrimonio y un derecho de todos los colombianos. Es necesario elevar la alerta y la preocupación dadas las consecuencias que pueden tener las acciones y anuncios por parte del Gobierno Nacional, de asumir las funciones de la comisión de regulación de energía y gas y/o derogar el marco jurídico actual”.
No se puede retroceder
De acuerdo con la carta, aun con buenas intenciones las malas decisiones pueden hacer retroceder 50 años y conducir a una situación que “todos los colombianos lamentaremos. Hemos recorrido una historia con costosos aprendizajes y debemos evitar repetir los errores”.
De igual forma, en el documento se exponen con claridad y profundidad los antecedentes que llevaron a diseñar un marco jurídico, institucional y regulatorio a partir de las Leyes 142 y 143 de 1994 y explican que “este marco ha permitido que en estos 30 años Colombia haya pasado del apagón de los 90 y de una situación precaria en cobertura y calidad, a lograr un sistema con confiabilidad energética”.
Es una cobertura que, aseveran, paso de 74% a cerca del 98% en electricidad y de 9% a 64% en gas y una calidad adecuada, con excepción de aquellas geografías que no han contado con un prestador de servicios idóneo.
Con retos
Este grupo, según el documento, reconoce que aún persisten retos que requieren atención inmediata, como son el aumento de cobertura en zonas rurales aisladas; la mejora en la prestación de servicios en la costa caribe (que obedece a una situación particular y no general); una mayor apertura a nuevos agentes e innovaciones; una mejor focalización de subsidios y el fortalecimiento de las capacidades de regulación y supervisión.
De igual forma, el grupo de exfuncionarios y ciudadanos tienen el convencimiento que “estos desafíos deben y pueden corregirse haciendo los cambios que se requieran dentro del marco jurídico e institucional existente”.
También consideraron que “es innecesario e improcedente derogar las leyes 142 y 143 de 1994, o desconocer las comisiones de regulación. Esto solo llevará a una alta incertidumbre sobre las reglas de juego, lo que afectará de manera inmediata las inversiones en servicios públicos”.
Así mismo, consideraron que menores inversiones resultarán rápidamente en un aumento de riesgo en la confiabilidad energética y nos hará retroceder en los avances en cobertura, calidad y eficiencia.
Finalizaron diciendo que “este es un apoyo técnico al documento y no un apoyo de carácter político; cada uno de los firmantes lo hace a título personal y no compromete a ninguna institución”.