Juan Castro es un vendedor de vehículos en Bogotá que, con la experiencia de años de trabajo, sabe determinar la capacidad de pago y el tipo de carro que pueden comprar sus potenciales clientes tan pronto ponen un pie en el concesionario. Pero, pese a su habilidad premonitoria, no esperaba que tras la pandemia, y el posterior rebote que tuvo su actividad, no pudiera cumplir sus metas de ventas; menos, ver a esos clientes, que estudió con precisión, de regreso en el concesionario para vender sus autos al no poder cumplir las cuotas del crédito. “Hoy a los compradores de vehículos les cobran tasas de interés de entre 2,7 y 2,8 por ciento mensual (alrededor del 33 por ciento anual) y, encima, ya no les prestan todo el valor del carro. Si vale 55 millones de pesos, les financian máximo 50, y a muchos esos 5 millones faltantes los dejan sin la posibilidad de comprar”, se lamenta.
Según Castro, mientras que a comienzos de 2023 en su concesionario vendían entre 50 y 60 carros al mes, hoy no superan los 30, lo que implica que hay días en los que no venden ni uno solo. Sin embargo, lo que más lo atormenta son los clientes que deben vender los carros que compraron hace dos o tres meses, pues de los 70 millones de pesos que pagaron, si les va bien, apenas recuperan 60 millones, que el concesionario gira directamente a la entidad financiera. En algunos casos, la persona queda sin carro y sin deuda, pero otros aún tienen un saldo pendiente y, encima, se vuelven deudores morosos.
A este grupo de frustrados compradores de carros se suma un creciente número de colombianos con sus obligaciones financieras vencidas, a tal punto que ya se encendieron las alarmas de prevención para evitar un mayor aumento de la morosidad en el país. Las cifras de la Superintendencia Financiera indican que préstamos por 31,5 billones de pesos con corte en mayo tenían retrasos en sus pagos de más de 30 días, cifra 20,79 por ciento superior a la de un año atrás. Y si se le hace un zoom a ese indicador, se ve que la mayor parte del problema está en los llamados créditos de consumo, los que se otorgan a través de tarjetas de crédito, las libranzas, los de vehículos o los de libre inversión. Ahí la morosidad sube 56,17 por ciento y en mayo alcanzó 15,7 billones de pesos.
Las causas
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explica que el aumento de la morosidad se venía anticipando dada la compleja coyuntura del país, la cual incluye desaceleración económica, menor tracción en el segmento de hogares y una inflación todavía elevada, lo que en conjunto afectó los niveles de ingreso de los colombianos.
En este panorama también influye la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés. Pasaron de 1,75 por ciento en septiembre de 2020 a 13,25 por ciento hoy, su nivel más alto del presente siglo, precisamente, para combatir la inflación más alta de los últimos 23 años.
Con esto se pretende que las personas se endeuden menos, pero las víctimas colaterales son aquellas que no hacen caso a esa recomendación o sufren cambios en sus niveles de ingreso, engrosando así el grupo de los deudores morosos.
Castro menciona el caso de una pareja que recientemente llegó a comprar un carro usado y sumó los ingresos familiares para demostrar capacidad de pago ante la entidad financiera. Incluso, mintieron, pues consideraban que con el carro mejorarían su calidad de vida, pero lograron el efecto contrario. Ahora, además, están reportados negativamente en las centrales de información de riesgo.
Los indicadores de la Superfinanciera muestran que los mayores retrasos entre los créditos de consumo no están en vehículos ni en tarjetas de crédito, sino en los de libre inversión, aquellos que las personas pueden destinar para lo que quieran. Muchas veces les eran ofrecidos por los asesores de los bancos, quienes en su estrategia comercial los llamaban para decirles que les tenían la ‘buena noticia’ de un crédito preaprobado y lo único que tenían que hacer era firmar para recibirlo.
Con esa oferta y luego del boom consumista con el que salió el país de la pandemia, el crédito de libre inversión fue el que más creció (en julio del año pasado avanzaba a una tasa de 30 por ciento real, es decir, descontando inflación) y hoy, por ende, es el que más cae.
Igualmente, es curioso que el microcrédito, que en teoría está diseñado para personas más riesgosas y, por tanto, tiene unas tasas de interés aún más altas, registra un menor crecimiento de la cartera morosa (avanzó 9,55 por ciento anual a mayo). La explicación de los expertos es que, por un lado, el microcrédito no creció tanto el año pasado y, por otro lado, su uso es para financiar actividades productivas que, a la vez, sirven para pagar las cuotas; en cambio, con las tarjetas de crédito o con libre inversión, el dinero se gastó en productos y servicios no durables (ropa, comida, viajes, etcétera).
Esto también se constata con el tipo de entidades que registran los mayores niveles de morosidad en el país. Dicha medición se realiza mediante el índice de calidad de cartera, que representa el porcentaje de préstamos impagos en relación con el total prestado por una entidad. El promedio de todo el sistema financiero se sitúa en 4,64 por ciento debido al peso de los créditos comerciales, destinados a las empresas y que presentan tasas de interés más bajas. Si solo se analizan los préstamos de consumo, el índice de calidad asciende a 7,42 por ciento, el nivel más alto de los últimos cinco años.
Como resultado, dos de las entidades con indicadores más altos de morosidad son Tuya (a cargo de la tarjeta Éxito) y el Banco Falabella (maneja la tarjeta del mismo nombre) con índices de doble dígito. Sus tarjetahabientes usan los plásticos principalmente para consumos no productivos o, incluso, para hacer mercado, pues un alto porcentaje de sus clientes devengan hasta dos salarios mínimos.
¿Qué viene?
Más allá de la preocupación por la situación de los morosos o por su posible reporte en centrales como Datacrédito o Transunion, el problema más grave es que Colombia retroceda en sus procesos de inclusión financiera, pues los reportados difícilmente vuelven a conseguir un préstamo con el sector formal.
Malagón es uno de los preocupados ante esta perspectiva. Aclara, sin embargo, que como gremio están trabajando con la Superfinanciera para desarrollar algún programa de alivio a deudores tal como se hizo en pandemia.
No obstante, un plan similar estaría descartado, pues en ese momento a muchas personas, incluso estando al día, les ampliaron los plazos o se les establecieron cuotas mínimas para pagar sus créditos porque se tenía claro que era un tema coyuntural que se iba a revertir, como en efecto pasó. Esta vez, en cambio, todo indica que la desaceleración de la economía será un tema de al menos dos años y las tasas de interés no bajarán tan rápido como muchos esperan.
La solución, entonces, se ha encontrado en un ajuste a la normatividad existente, pues hoy las personas que tienen dificultades con sus préstamos pueden ir a las entidades a fin de negociar las condiciones, en plazo o valor de la cuota, para no caer en mora.
Ese proceso en el que se busca un acuerdo para evitar impagos se conoce como normalización. Hoy en día, cuando una persona lo hace, en su historial crediticio solo se registra como modificación del crédito, lo cual no tiene ningún problema ni les cierra las puertas a futuras financiaciones. Sin embargo, si después del acuerdo acumula otra mora superior a 30 días, su crédito se reporta como reestructurado, lo que sí implica una marcación negativa en las centrales de riesgo.
En la Superfinanciera trabajan en un proyecto de circular, que ya pasó la etapa de comentarios y está para revisión del organismo de control, el cual contempla ampliar ese periodo de mora tras el acuerdo de pago de 30 a 60 días. Es decir, ya la persona no quedaría reportada con deuda reestructurada a los 30 días, sino a los 60. Así, los implicados tendrán mayor espacio para negociar acuerdos con las entidades y concertar condiciones de pago que sí les funcionen.
Pese a lo anterior, el presidente de Asobancaria estima que los actuales niveles de vencimiento de créditos se normalizarán en 2024 a medida que la recuperación económica permita mejores condiciones financieras en los hogares y las empresas. Al mismo tiempo, aclara que, como los bancos ya tenían previsto mayores niveles en el vencimiento de la cartera, se prepararon para afrontarlos, mejorando su solvencia.
Esta perspectiva, que puede ser alentadora como país, aún no satisface a colombianos como Juan Castro, quien no solo teme por el futuro del concesionario, donde ha trabajado más de 20 años, sino por el de sus clientes, que cada vez más se están yendo con las manos vacías.