Siempre que se acercan propuestas de subsidios y cambios en las políticas públicas, es importante analizar detenidamente su impacto en la economía y en los bolsillos de los ciudadanos, puesto que más allá del populismo o lo bueno o malo que pueda sonar, es necesario revisar a fondo todas las implicaciones que pueda tener en el día a día, así como su viabilidad desde la óptica técnica y financiera.
En este contexto, la reciente idea del presidente Gustavo Petro, de subsidiar el transporte público a través de la factura de la luz, ha generado un intenso debate en el país, puesto que sugiere que los usuarios de electricidad asuman parte del costo del transporte masivo, particularmente en Bogotá, donde opera el sistema de TransMilenio, con el fin de acabar el pago que se hace actualmente y garantizar la democratización de este servicio.
Sin embargo, esta iniciativa plantea preguntas cruciales entre los expertos, especialmente frente a quién realmente pagaría este subsidio, cuánto aumentaría la tarifa de energía y si es una solución viable para el problema del transporte público.
En una declaración reciente, el director del Centro de Estudios Económicos Anif, Mauricio Santa María, sostuvo que “es obvio, pero parece que algunas veces se olvida, es que no existe ningún servicio o bien cuyo consumo sea ‘gratis’. El transporte público no es la excepción. Proveer ese servicio tiene un costo elevado y se enfrenta a una demanda variable, y esas cosas forman un precio que alguien paga. Entonces, la pregunta NO es si es gratis, sino quién lo paga: los usuarios por medio de una tarifa o todos a través de algún impuesto o contribución extra”.
“En este sentido, lo que parece proponer de manera improvisada el presidente es hacerlo con el segundo método, utilizando una contribución extra en la electricidad, lo cuál, en principio suena inviable. El incremento en la cuenta de la luz sería demasiado grande y, además, se distorsiona el mercado de energía de manera irreparable”, agregó.
Para entender mejor esta propuesta, es fundamental analizar los números y las implicaciones económicas que conlleva. Según expertos en transporte público, el costo de llevar a cada pasajero en el sistema de TransMilenio es de 3.821 pesos por cada viaje, mientras que el precio del pasaje es de 2.950 pesos. Esto significa que el pasaje no cubre el costo total del servicio, y la diferencia se subsidia con impuestos. En otras palabras, el sistema de transporte masivo ya está subsidiado en cierta medida, y la propuesta de Petro busca ampliar esta cobertura a través de las facturas de electricidad.
“Si lo que se quiere es subsidiar el transporte de personas de bajos ingresos, lo cuál en mi opinión es una buena idea (aunque ya hoy está subsidiado, es decir, hoy la tarifa no cubre los costos de operación), hay que estudiar bien cómo se financia ese subsidio, cómo se focaliza para que no lo usen personas de ingresos altos y cómo sería el esquema presupuestal entre la nación y la entidad territorial”, dijo Santa María.
Adicional a ello, hay que resaltar que, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) correspondientes al segundo trimestre de este año, Bogotá cuenta con 3′779.341 pasajeros que utilizan el transporte público a diario, razón por la cual, para llevar a cabo la propuesta del presidente Petro, se necesitaría calcular cuánto deberían pagar los hogares en su factura mensual de la luz para cubrir el costo del servicio de transporte masivo, independientemente de si lo utilizan o no.
Este monto se determinaría dividiendo la cantidad de dinero necesaria para cubrir el costo del transporte público, que mensualmente supera los 433 mil millones de pesos entre los usuarios del servicio de electricidad en Bogotá, que actualmente rondan los tres millones. Con esto queda claro que si se quisiera que este subsidio fuera financiado a través de las facturas de electricidad, cada hogar debería pagar un adicional de 144.000 pesos mensuales para cubrir el costo total del servicio.
Luego de esto, vale la pena decir que Mauricio Santa María, director del Centro de Estudios Económicos Anif resalta que la propuesta de Petro podría distorsionar el mercado de energía de manera irreparable, ya que el incremento en la cuenta de la luz sería significativo, y esto podría afectar negativamente a los hogares y a las empresas, especialmente en un momento en que el costo de la electricidad en Colombia ya es uno de los más altos de América Latina.
Según datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la electricidad en Colombia es la tercera más cara de la región. En relación con el salario mínimo, los colombianos destinan un 7 % de su ingreso a pagar la factura de la luz, una proporción que supera la de países como Perú y Brasil.