Aumentar el precio de los combustibles fue una de las decisiones más polémicas del actual Gobierno. Esto se debe a que el encarecimiento en los hidrocarburos aumenta los costos logísticos y de transporte de diferentes productos alimenticios producidos en regiones apartadas del país, lo que a su vez golpea a las familias más pobres.
Muchos sectores políticos criticaron la decisión tomada en octubre pasado por la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien explicó que era necesario cambiar los precios para abordar el déficit de $36 billones que tenía el país con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Esta decisión y el prolongado aumento, que hoy asciende a casi $5.000, afectó a millones de personas que debieron dedicar gran parte de su bolsillo al combustible de sus automóviles y a la compra de los diversos productos que se transportan en vehículos que utilizan este combustible.
Los taxistas han sido uno de los gremios más afectados por la decisión, ya que cada vez se ven obligados a gastar más dinero los usuarios del transporte, con un claro impacto en sus beneficios.
Por tal motivo, ante un escenario difícil, llegaron a un acuerdo con el Gobierno nacional para recibir asistencia en efectivo para cubrir el aumento mensual de los precios de la gasolina. Sin embargo, según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, este beneficio no durará tanto.
En ese sentido, el centro de estudios económicos Anif explicó que es esencial comprender la relación entre los precios de los combustibles, el déficit fiscal y las medidas propuestas.
“Desde Anif hemos repetido muchas veces que si no se cumplen los compromisos en términos de aumentos en los combustibles, las metas de reducción del déficit no se van a cumplir. Adicionalmente, lo advertimos hace tiempo, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) era insostenible para las finanzas públicas. A 2022, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), acumuló un valor cercano a los 36 billones de pesos”, explicó.
Sin embargo, la entidad aclaró que el Gobierno considera crear un mecanismo para compensar la subida en los precios de los combustibles al sector de los taxis. De igual manera, recalcó que la presión del incremento afecta los costos de servicio de transporte y que la movilización de pasajeros es el sustento de muchos trabajadores, pero la manera en la que se está planteando ese mecanismo es cuestionable.
Anif enfatizó que los incrementos paulatinos en la gasolina no han sido una tarea fácil de implementar, en tanto afecta a una gran parte de la población y representa un elevado costo político.
No obstante, es el camino correcto para eliminar un subsidio mal focalizado. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, el 20% más rico de la población recibe casi el 55% del total de recursos que eroga el Fondo. Por el contrario, el 20% más pobre tan solo recibe un 4.5% del total del subsidio que sale del Presupuesto General de la Nación que financian los colombianos a través de impuestos.
Sobre esa línea, el Gobierno realizará cálculos acerca del consumo promedio diario de galones de gasolina por parte de los taxis, estimado provisionalmente en 5 galones.
Esto determinará un subsidio mensual de entre $90.000 y $120.000, que podría aumentar a medida que suba el precio de la gasolina hasta llegar al precio de referencia internacional. La financiación de estos subsidios también plantea incertidumbre, y se ha sugerido que los fondos provendrían del Fepc, ya que se considera que los taxis son uno de los principales contribuyentes para reducir el déficit de este fondo.
Anif advirtió que la sostenibilidad de este subsidio en el largo plazo y su impacto en la meta de recaudo del gobierno causan preocupación.
Para estimar el costo financiero de implementar estos subsidios, se parte de la cifra de más de 233.000 taxis en el país y se asume que los propietarios de estos vehículos serán los beneficiarios del subsidio, dado que este factor no ha sido definido.
Según el Gobierno, alrededor de 40.000 taxis usan gas como combustible, lo que significa que aproximadamente 193.947 funcionan con gasolina. Suponiendo que los beneficiarios reciban una compensación de $3.000 por el tanqueo diario, un taxi que opera continuamente durante 30 días recibiría una compensación mensual de $90,000.
Esto resultaría en un desembolso de más de $17.500 millones para el país en septiembre. Siendo así, entre septiembre y diciembre, se debería entregar una compensación a los taxistas por un total de $74.300 millones, que se extraerán del Fepc.
Aunque esta cifra podría parecer relativamente pequeña en comparación con el déficit total, representa un retroceso en los esfuerzos por reducir el déficit.
Finalmente, cabe recordar que, una vez que se implementó un subsidio, es difícil desmontarlo, lo que podría llevar a una extensión del subsidio en los años siguientes y a aumentos en caso de que los precios de la gasolina sigan subiendo. Esto podría requerir medidas alternativas, como el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA), para compensar el costo del subsidio.
La propuesta de subsidiar la gasolina para los taxistas plantea desafíos financieros y podría tener un impacto en los esfuerzos del gobierno para reducir el déficit del FEPC.