La minería ilegal que ejerce el grupo al margen de la ley llamado Clan del Golfo está amenazando el proyecto aurífero más importante del país y que hace parte de los denominados Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINE), cuya operación inició a finales del año 2020.
Se trata de la exploración y explotación que se adelanta en el municipio de Buriticá, ubicado en el occidente antioqueño, y que ejecuta la sociedad Continental Gold Limited, subsidiaria del conglomerado chino Zijin Mining Group Co., Ltd.
La multinacional, mediante una misiva dirigida al presidente Gustavo Petro, solicita la intervención urgente en la zona; esto con el objetivo de contener el accionar del grupo ilegal, que además de estar comprometiendo la producción de oro, está ocasionando graves afectaciones ambientales por la manera en que viene realizando la extracción ilícita del mineral.
En la extensa comunicación, firmada por Leizhong Li, Ceo de Zijin Continental Gold, se describen las afectaciones que está teniendo la mina debido a la explotación subterránea que realiza el Clan del Golfo y que lleva a cabo, a partir de la perforación de los túneles ya construidos para la extracción legal, situación que se constituye en un riesgo para el personal que labora en el sitio, al igual que para todas las comunidades aledañas.
“A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades municipales y departamentales, encontramos que la situación ha desbordado la capacidad de la Fuerza Pública local, que no ha logrado contener el avance de la actividad de minería ilegal que afecta al municipio, y, por el contrario, ha visto como se incrementa el actuar ilegal con el pasar del tiempo”, indica el comunicado de la empresa.
Describe que el área minera de la empresa se divide en 3 áreas: túnel Yaraguá, túnel Rampa Sur y túnel Higabra, siendo el último, en donde se ubica la mayor parte de la infraestructura de la mina, ya que allí se encuentran las plantas de Procesamiento y de Tratamiento, al igual que las oficinas administrativas y los campamentos. Sin embargo, la situación más compleja se encuentra en los otros dos túneles que han sido invadidos por la minería ilegal y que comprometido la producción de la compañía.
“A finales de 2022 los mineros ilegales conectaron la estructura del túnel Higabra, desplazando al personal de la Compañía utilizando armas de fuego y artefactos explosivos improvisados, en medio de un despliegue de violencia que se mantiene en la actualidad. De acuerdo con lo anterior, más del 50% de nuestras labores mineras subterráneas se encuentran invadidas por la minería ilegal”, señalan.
Y agregan: “en los últimos meses, se ha presentado un incremento en la presencia de mineros no autorizados en la infraestructura de la Compañía. Se calcula que este número ha pasado de 400 a 700 en los túneles Yaraguá, Rampa Sur e Higabra. Lo anterior, aunado a la existencia de labores mineras no autorizadas en el municipio de Buriticá, en zonas aledañas al título minero, abarca un total aproximado de 2.000 personas dedicadas a la actividad minera ilegal, de acuerdo con los cálculos efectuados por la Compañía, las cuales en su gran mayoría son foráneos y no pertenecen a la comunidad de Buriticá”.
Esta invasión a los túneles ha generado que se extraigan ilegalmente cerca 1.5 toneladas de oro anualmente, lo que representa al Estado colombiano pérdidas de más de 3 millones de dólares por concepto de regalías, al igual que no ingresen a las cuentas nacionales más de 11.8 millones de dólares por impuesto de renta y más de 2 millones de dólares por autorretenciones, esto según cálculos realizados por la compañía, que además indica que por el hurto del mineral se emplean artefactos explosivos improvisados, con los cuales han provocado 67.910 detonaciones ilegales en el 2022.
“Ante la alarmante situación de afectación a la operación minera legítima adelantada por la Compañía; al medio ambiente a través de la generación de impactos ambientales irreversibles; a la integridad de nuestros trabajadores, contratistas, Fuerza Pública y de las personas que ingresan a esas explotaciones sin una adecuada estructuración técnica en materia de sostenimiento y conexiones eléctricas, exposición a gases en deficientes condiciones de ventilación y un sinnúmero de condiciones de inseguridad que pueden desencadenar un evento catastrófico, sin mencionar el detrimento económico que la extracción ilícita de minerales representa tanto para la Compañía como para el Estado en materia de regalías e impuestos, solicitamos su intervención urgente para restaurar el orden y garantizar el desarrollo de una operación minera”, manifiesta la misiva.
Sostiene el representante del conglomerado chino que la situación, a medida que pasan los días, se vuelve mucho más compleja y que de no tomarse acciones inmediatas, acabará con el proyecto. Según estudios de factibilidad, la mina tiene una capacidad de extracción de entre 280.000 y 300.000 onzas anuales de oro, sin embargo, de 2021 y 2022, la producción conjunta de esos dos años se ha ubicado en más de 14 toneladas.
“Señor Presidente, queremos manifestar que como compañía hemos denunciado todas las actividades de minería ilegal, mantenido contacto con diferentes autoridades locales, departamentales y nacionales y hemos dado a conocer a la opinión pública la crítica situación que vive la Compañía y el municipio de Buriticá producto del flagelo de la minería ilegal y de las organizaciones criminales que tienen presencia en la región. Así mismo, hasta el mes de agosto de 2022 se tenía establecida una mesa interinstitucional, coordinada por las autoridades mineras y ambientales competentes, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, espacios donde se dialogaba de la problemática existente en busca de soluciones y que sería sumamente oportuno retomar”, insiste Li.