Todo un “manto de dudas” ha generado la posición del actual Gobierno en torno a los contratos de prestación de servicio o mejor conocidos como OPS, al considerarse que este tipo de vinculación no formal ha venido utilizándose de manera desbordada por las entidades públicas, en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Aunque el presidente Gustavo Petro fue el que dio el ultimátum respecto a la culminación de este tipo de contratación para las entidades del Estado, “del dicho al hecho” el proceso no ha sido fácil y así lo ha reconocido la propia Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al reconocer que llevar a cabo la formalización del personal que labora por OPS, en un periodo de cuatro meses, es prácticamente imposible. Esto, en sintonía con lo expresado por la Procuraduría General de la Nación, que ha alertado sobre una “parálisis del Estado” por este concepto.
Pero ¿qué va a pasar realmente con los contratos de prestación de servicio?. Al respecto, SEMANA consultó al Departamento Administrativo de la Función Pública, para entender lo que pretende realizar el Gobierno nacional en esta materia y que está contemplado dentro del proceso de formalización laboral y es a su vez uno de los aspectos incluidos en la anunciada Reforma Laboral.
En primer lugar, la entidad manifestó que se adelanta un proceso gradual y responsable, que consiste en que las actividades permanentes y misionales de las entidades sean desarrolladas por servidores públicos y no por contratistas como actualmente ocurre, con el objetivo de garantizar una mejor prestación del servicio.
Para ello, cada entidad, dentro de su autonomía, debe hacer un estudio de cargas laborales y establecer los recursos de talento humano que necesita; por lo que se está revisando las vacantes existentes, la ampliación requerida, las figuras alternativas de vinculación y la creación de plantas temporales.
Es importante señalar que Función Pública, a través de asesorías, está acompañando a las entidades públicas del orden municipal y departamental; y que con mesas de trabajo con la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se están revisando los avances y las necesidades que tienen los entes territoriales.
Ahora bien, frente a las denominadas OPS afirmó la entidad que lo que se está realizando es dando cumplimiento a lo que establece la Constitución Política y lo que ordenan los fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia de empleo público.
“De manera que el proceso de formalización laboral lo que busca es volver más eficiente el servicio que le presta el Estado a los ciudadanos. En este sentido, lo que estamos haciendo es pidiéndoles a las entidades que acaten la norma frente al uso de la figura de los contratos de prestación de servicios que se ha extralimitado”, señaló.
Recalcó que al tratarse de un proceso gradual, se busca garantizar la prestación de los servicios en las diferentes entidades públicas y que estas no se vean afectadas; por lo que en la actualidad se viene realizado un diagnóstico de la situación en cada entidad, y que posteriormente, llevará a que se comience a poner en marcha la formalización laboral. “Sin que este tiempo sea una camisa de fuerza. Aquí lo importante es que cada entidad, de manera sincera, realice su diagnóstico y empiece a transitar por la senda de la formalización”, apuntó.
En ese orden de ideas, ¿desaparecerán por completo las OPS?. “No”, afirmó Función Pública, al tiempo que manifestó que con las acciones que se vienen adelantando dentro del proceso de formalización del empleo en el sector público, lo que se busca es “formalizar aquellos contratos que prestan actividades permanentes y misionales”, y por su naturaleza no corresponden a la figura de prestación de servicios.
Sin embargo, actividades de asesoría, consultoría y desarrollo de software, entre otros, que corresponden a proyectos específicos y cuyo objeto no es misional, como lo establece la norma, podrán contratarse por prestación de servicios. “Con esto lo que buscamos es que este tipo de contratación se utilice exclusivamente para lo que fue concebido y que no se siga excediendo el uso de dicha figura, que, además es ilegal”, indicó.
Finalmente, la entidad expresó que el proceso de formalización laboral en el sector público “ya arrancó”, y que desde el 2022 se han venido realizando encuentros con las entidades públicas para que estas identifique sus necesidades en términos de talento humano, para establecer la hoja de ruta respectiva.
Mientras que en el caso de las OPS, al no tratarse de trabajadores del Estado “no hay ningún tipo de vinculación y compromiso por ninguna de las partes”, cuando el contrato finaliza. Sin embargo, si el contratista puede participar en los concursos de mérito para acceder a cargos públicos, siendo esta la única vía legal permitida para su posible formalización dentro de una entidad pública, debido a que la Constitución Nacional prohíbe la vinculación directa al servicio público, “por lo que los contratistas no pasan automáticamente a los cargos formalizados; pero sí pueden participar en los procesos de selección”.