Al cierre de febrero de 2023, se estableció que en el país hay 15 millones de personas que viven en las zonas rurales de municipios grandes, así como en las cabeceras y veredas de los municipios pequeños. De ellos, el 82,9 % se consideran campesinos y el resto no se identifica con esa clasificación, informó el Dane, al revelar los más recientes datos de su Encuesta Integrada de Hogares, que es la que sirve para tomarle el pulso al mercado laboral.
Según esta información, la población campesina aumentó en 924.000 personas en el último año y, mientras a nivel país la tasa de desempleo se ubica en 11,8 %, entre las personas que viven en zonas rurales quedó en 9,5 %. Tradicionalmente, la desocupación en el campo es inferior al promedio nacional, pues allí muchas personas trabajan en sus parcelas para sí mismas y no salen a buscar empleo, sin embargo, al igual que en el total país, la tasa de desocupación del campo ha venido subiendo en los últimos trimestres móviles. Pasó de 8 % en el periodo octubre-diciembre de 2022 a 8,9 % entre noviembre de 2022 y enero de 2023, hasta el 9,5 % actual.
Los datos más recientes indican que en el campo hay 670.000 desempleados y 6,3 millones de ocupados, los cuales también han venido disminuyendo, pues en noviembre pasado eran 6,7 millones. Al igual que en el contexto nacional, las mujeres campesinas registran menores cifras de ocupación que los hombres y mayores tasas de desempleo.
En total hay 7,6 millones de campesinos hombres, de los cuales 4,3 millones están ocupados, mientras que se registran 7,3 millones de campesinas, pero de ellas solo 2 millones están ocupadas. El resto están desempleadas o por fuera de la fuerza laboral, es decir que no participan en la producción de bienes y servicios porque no lo necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. Este grupo se compone, en general, de estudiantes, personas dedicadas a oficios del hogar, pensionados, rentistas, personas con incapacidades permanentemente que les impiden trabajar y personas a las que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. En el caso de las campesinas, la mayoría no trabaja de forma remunerada, pues está dedicada a los oficios de su hogar y a atender sus fincas.
Agricultores vs. empleados públicos
Por ramas de actividad, en el trimestre móvil diciembre 2022 – febrero de 2023 se evidenció que la mayoría de los campesinos ocupados se dedican a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (41,6 %), seguida de comercio y reparación de vehículos (12,5 %). Por el contrario, las ramas de actividad de menor participación entre esta población son las actividades financieras y de seguros, con 0,3 % y los temas de información y comunicaciones, con 0,2 %.
Si el análisis se hace por la posición ocupacional que ejercen los campesinos que están ocupados, se evidencia que el 54 % trabaja por cuenta propia. Les sigue un 25 % que son obreros o empleados de empresas. La posición ocupacional con menor participación entre estos colombianos fue la de empleados públicos, con 2 %.
Llama la atención que el trabajo como jornalero o peón, que es lo que tradicionalmente se asocia con las labores del campo, registra una caída en el número de personas que se clasifican como tales. Al cierre de febrero de 2023 eran 580.000 personas y un año atrás eran 634.000.
En la propuesta de reforma laboral, que fue radicada en el Congreso, el Gobierno buscará mejorar la protección de los trabajadores rurales, teniendo en cuenta que tienen periodos de trabajo estacionales atados a las cosechas. “Estamos discutiendo lo que se llama el trabajo a tiempo parcial con derechos. Eso significa que hay una presunción de estabilidad y una necesidad de garantizar la seguridad social.
Además, hay una preparación a los trabajadores para enfrentar los procesos de automatización. Ejemplo: los ingenios antes tenían personas que cortaban caña. Hoy lo hacen con unas máquinas. ¿Qué pasa con los empleados que son sustituidos por las máquinas? Hay que hacerles reconversión laboral. Buscamos la forma de garantizar que sean capacitados. No solamente ‘indemnizo y para afuera’, sino un proceso de reconversión laboral. Eso correría por cuenta del empleador y el Estado”, le explicó a SEMANA la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.