Luego de que la Procuraduría General ratificara la destitución e inhabilidad para ser parte del Estado, a varios de los integrantes del llamado cartel de las devoluciones, involucrados en el que es considerado como uno de los mayores desfalcos contra el fisco nacional, la DIAN, junto con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, anunciaron que se lograron dos fallos históricos que permitirán una recuperación de parte de los billonarios recursos que se perdieron en las operaciones sistemáticas fraudulentas que se adelantaban con el concurso de exfuncionarios de la DIAN.
Según la autoridad tributaria en el país, la recuperación de los recursos se debe a que “algunas de las solicitudes fraudulentas estaban respaldadas con pólizas de cumplimiento de disposiciones legales que contrataron dichas organizaciones criminales, razón por la cual el Estado exigió a las aseguradoras que expidieron dichas pólizas, el pago de los perjuicios que le ocasionaron”.
En ese contexto, “la Corte Suprema de Justicia, atendiendo los argumentos expuestos por la DIAN y por la Agencia, ordenó que le pagaran al Estado las indemnizaciones derivadas de los contratos de seguro celebrados, valor que asciende a la suma de $12.015.078.000″, sostuvieron las dos entidades.
Aseguradoras reclamaron
Según información suministrada por la DIAN y la Agencia Jurídica del Estado, no constituyen recurso de apelación. Sin embargo, las empresas aseguradoras han solicitado a la Sala de Casación Penal la complementación de los fallos”.
El modus operandi del cartel del desfalco con el IVA, según estableció recientemente la Procuraduría, era toda “una empresa criminal conformada por particulares y funcionarios de la DIAN, que participaron en trámites de devolución de impuesto del IVA, solicitado por empresas ficticias o constituidas sin la infraestructura requerida, creadas o asesoradas por la sociedad R&B Consultores, liderada por la señora Blanca Jazmín Becerra Segura, durante los años 2008 y 2011, simulando operaciones de exportación, obteniendo así de manera irregular la devolución de impuestos a las ventas, soportados en operaciones comerciales ficticias de empresas de papel”, señala el fallo del organismo del Ministerio Público.
La cadena de corrupción habría empezado en 2004. Las sospechas empezaron porque había funcionarios con salarios de 2 millones de pesos, que registraban patrimonios por $10.000 millones. El fraude se destapó durante la administración de Juan Ricardo Ortega, quien lideró la entidad que se encarga de los impuestos en el país.