Dos ministerios en Colombia, el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el de Comercio, Industria y Turismo, habrían dejado perder un total de $ 119.497.884.237 debido a una ineficiente gestión de cobro, según una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República (CGR) para la vigencia 2022.
Esta pérdida de recursos públicos se debería a dos hallazgos con presunta incidencia fiscal. La situación ha generado gran preocupación y plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad y la eficiencia de los funcionarios encargados de salvaguardar los recursos públicos.
La CGR llevó a cabo una auditoría financiera al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enfocada en la vigencia del año 2022. Como resultado, se identificaron dos hallazgos con presunta incidencia fiscal que han generado un gran impacto económico negativo.
El primero se refiere a una falta de gestión y oportunidad del MinTIC en el cobro del reajuste por mayores inversiones realizadas por dos contratistas. Estos suscribieron contratos de estabilidad jurídica en 2010 con las empresas de telefonía celular Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A., que más tarde se fusionaron bajo la marca Claro. El monto de este presunto detrimento al patrimonio de la Nación asciende a la cifra de $ 114.003.240.000.
El segundo hallazgo fiscal está relacionado con la falta de oportunidad en la gestión de cobro coactivo del MinTIC. En este caso, se dejó prescribir una cuenta por un valor de $ 5.494.644.237 (incluidos los intereses) que figura en los estados financieros del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Estas cifras revelarían una inexcusable negligencia en la administración de los recursos públicos y plantearían serias dudas sobre la eficiencia y la transparencia en el manejo de los fondos estatales.
Es importante destacar que la CGR también emitió una opinión “negativa” sobre los estados financieros del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, se entregó un concepto “con salvedades” sobre la ejecución del presupuesto.
“Estos hallazgos y observaciones evidencian la existencia de serias deficiencias en la gestión financiera de estos ministerios y ponen de manifiesto la necesidad de implementar medidas de control más rigurosas”, agrega el documento.
“El impacto de esta pérdida de recursos públicos es significativo. Los $ 119.497.884.237 que se dejaron perder podrían haber sido destinados a financiar planes, programas y proyectos de vital importancia para el desarrollo del país. La falta de diligencia y eficiencia en la gestión de cobro ha afectado directamente las arcas del Estado, poniendo en riesgo el cumplimiento de metas y objetivos nacionales”, explica.
El contralor delegado para el sector comercio y desarrollo regional, Sigfredo López Tobón, ha expresado su preocupación: estas situaciones evidencian la falta de cumplimiento de los principios de la función administrativa por parte de ambos ministerios.
Además, destaca que se ha desconocido el principio de coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas, el cual es esencial para lograr los fines del Estado.
Dichas declaraciones plantean interrogantes sobre la idoneidad de los responsables y la necesidad de implementar medidas correctivas para evitar futuras pérdidas de recursos públicos.