El Gobierno no da su brazo a torcer en la iniciativa de lograr que se reviva en el sector energético la integración vertical entre la generación y la transmisión de energía.
Desde hace 30 años, tras el apagón de energía en el país, la ley no permite la figura de la integración vertical, convirtiéndose en una de las lecciones aprendidas tras esa dura experiencia. Por esos años, el servicio de energía estaba concentrado en empresas públicas integradas, politizadas, regionales, pero en su gran mayoría ineficientes y con unas altas cargas financieras.
La decisión de ese momento facilitó la inversión extranjera, focalizó los negocios, pero sobre todo trajo mayor competencia e inversión a un sector que construyó una sólida institucionalidad que ha garantizado, hasta ahora, el aumento en la cobertura y que no se presenten racionamientos en las últimas tres décadas.
Hace dos años, y en medio de un ajuste en las cuentas fiscales del gobierno del entonces presidente Iván Duque tras la pandemia, se firmó un convenio en el que Ecopetrol se quedó con más del 50 % de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA). En esta, la mayor transportadora de energía no solo de Colombia, sino uno de los jugadores más relevantes de la región, la operación superó los 14 billones de pesos.
Para muchos analistas, en su momento, fue un tiro en el pie. Si bien le permitía al Gobierno obtener recursos y mantener el control del sector público sobre la empresa, le cerraba la puerta a la posibilidad de generar energía —por ejemplo, de renovables no convencionales o de nuevas tecnologías, como el hidrógeno— para comercializar en Colombia, y solo en modelos de autogeneración, como lo tiene hoy Ecopetrol. Además, tendría que mirar la posibilidad de hacerlo en otros países.
Esto, en un contexto en el que las grandes compañías petroleras del mundo buscan para sus procesos de transición energética, empresas de generación y no transmisoras ni distribuidoras de energía.
Con esta movida, quedaba en el ambiente la necesidad de lograr tramitar este cambio que le permitiera a Ecopetrol integrarse verticalmente. No se dio durante la administración de Iván Duque, pero para el gobierno de Gustavo Petro se convertía en una movida clave en el desarrollo de las energías renovables no convencionales y en el papel que cumple Ecopetrol en la transición energética.
Este es uno de los temas más polémicos del actual gobierno por la velocidad que le quiere imprimir, dejando de lado nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y dándole mayor importancia al desarrollo de las energías limpias.
El Gobierno intentó incluir la aprobación de la integración vertical en el sector en el Plan Nacional de Desarrollo, pero en la discusión el tema se cayó. Y en mayo, en medio de las álgidas discusiones de las reformas sociales del Gobierno Petro, un grupo de senadores —entre ellos José David Name, Isabel Zuleta y Catalina Pérez— radicó un proyecto de ley para modificar el artículo que prohíbe la integración vertical y que está en la ley 143 de 1994.
La iniciativa tiene nombre propio: que Ecopetrol pueda realizar una integración vertical en materia de generación eléctrica con ISA, compañía de transmisión de energía, que ahora está bajo su control.
Como señala el proyecto de ley, las inversiones que Ecopetrol está realizando en las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) “se ven truncadas por algunas disposiciones en el mercado eléctrico, vigentes de 1994. Por ello, desde el Ministerio de Minas y Energía, se propuso incluir una disposición que permitiría la integración vertical de la parte de generación eléctrica con FNCER de Ecopetrol, con ISA”.
Agrega el proyecto que, de acuerdo con la ministra de Minas, Irene Vélez, en una intervención en la Comisión V del Senado: “Existe la necesidad de transformación normativa para el desarrollo de proyectos de FNCER y que Ecopetrol pueda ser considerado dentro del mercado eléctrico como un generador de energía eléctrica y se convierta en la punta de lanza de las energías no convencionales renovables”.
Por ejemplo, en la actualidad, Ecopetrol puede generar para sí mismo, pero no puede generar excedentes en la red. Tan solo puede vender los excedentes producidos con petróleo o gas natural. Es decir, como advierte el proyecto de ley, los excedentes de la generación de energía con fuentes renovables no podrían cumplir los requisitos exigidos para su venta en el mercado mayorista.
Apenas unos días después de presentado el proyecto, el pasado 19 de mayo, se radicó en el Congreso una comunicación firmada por los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Minas y Energía, Irene Vélez, con mensaje de urgencia para el trámite del proyecto de ley que permite la integración vertical en el sector de energía.
En la comunicación, el Gobierno defiende la iniciativa legislativa de la integración que busca impulsar una de sus principales apuestas: el fomento y la garantía de la generación de energía proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables, y que Ecopetrol, como punta de lanza, contribuya a la transición energética, “convirtiéndose en un vehículo de inversión gubernamental en este tipo de proyectos”, dice la carta.
De acuerdo con el proyecto de ley, “este artículo no tiene que generar temor, si se tiene en cuenta que existen dos empresas integradas verticalmente existentes al momento de expedición de la Ley 142 y que la misma ley permitió que pudieran conservar esa condición, durante las casi tres décadas que han pasado desde la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994″. Una de ellas es EPM.
Advierte que la integración vertical no es extraña para el sector eléctrico colombiano y recordó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió, en diciembre de 1996, la resolución 128 de ese año, mediante la cual se establecieron límites a la participación en el mercado de generación.
“Esta norma ha sido objeto de varias modificaciones, específicamente en lo referente a la metodología para el cálculo de las participaciones y el tratamiento de las empresas vinculadas entre sí mediante participaciones accionarias”, dice el proyecto.
Además, señala que el proyecto de ley hace explícito que la Creg determinará la manera en que se resolverán eventuales conflictos de interés entre unidades o dependencias de un mismo grupo empresarial que desarrollen diversas actividades dentro de las cadenas de prestación de los servicios de electricidad y gas combustible.
Los reparos
Sin embargo, la controversia ya inició. Para el senador David Luna, de Cambio Radical, en la oposición, el presidente Gustavo Petro “le está apostando simplemente a estatizar la totalidad del sistema energético, como sucedía por allá en la década de 1990, cuando se dio el racionamiento”.
“Hace unos días presentaron un proyecto de ley con mensaje de urgencia para autorizar esa integración. La pregunta es por qué si el sistema precisamente lo que logró fue no permitir que el generador, el transmisor, el distribuidor y el comercializador tuvieran una integración total para precisamente proteger al usuario, ahora insisten en ello”, se preguntó el senador Luna, en el programa de Dinero en Semana TV.
Desde el punto de vista de la operación y frente a la transición energética, muchos analistas han coincidido en que ISA no le suma a este objetivo a Ecopetrol, pues se trata de una empresa de infraestructura, no de generación de energía.
En el momento en que Ecopetrol se quedó con las acciones que tenía la nación en ISA y que llegaban al 51,4 % de participación, distintos expertos explicaron que el proceso de transición que había iniciado Ecopetrol no coincidía con la estrategia de una empresa transportadora de energía.
La petrolera ya inició proyectos de energía solar para su autogeneración. Sin embargo, como dice un experto del sector eléctrico, con la compra de ISA, en la actual regulación, se pegaría “un tiro en el pie” porque le limitaría el acceso a otros negocios como generación porque no podrían integrarse y su transición energética se vería comprometida.
La preocupación radica en que un ajuste en la ley y en la regulación reviviría, después de 30 años, megaempresas públicas de energía y pondría en riesgo la arquitectura del mercado eléctrico, que ha sido uno de los sectores más estables en tres décadas después del apagón. Como advirtió un experto, “la propuesta suena bastante ochentera”.
En su momento, la operación de ISA por parte de Ecopetrol fue criticada. Según Bloomberg, la oferta de Ecopetrol para adquirir la participación del 51,4 % en ISA “es un movimiento cuestionable de regreso a la era de las empresas energéticas nacionales integradas y burocráticas”.
Para la analista, es costoso y no genera sinergias operativas: “Es cualquier cosa menos una estrategia para energía descentralizada”.
Por su parte, JP Morgan consideró que Ecopetrol se alejaba de su negocio petrolero y no ve sinergias que pueda capitalizar.
Ahora, el mayor interrogante es el futuro de las iniciativas en el Congreso y particularmente de esta, en medio de la crisis por los explosivos audios de Armando Benedetti, hoy exembajador de Colombia ante Venezuela, con Laura Sarabia, la exjefa de gabinete.
En ellos señaló que tenía información de quién había entregado recursos a la campaña en la costa Caribe, que consiguió 15.000 millones de pesos a la campaña, organizó más de cien reuniones y amenazó con que todos se pueden caer. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”, se escucha en los audios.
Por ello, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, dijo ante los medios de comunicación que el trámite de las iniciativas del Ejecutivo quedó congelado, por lo que seguramente el proceso no continuará en lo que queda del periodo legislativo.
“Por lo que respecta a la presidencia de la Cámara de Representantes, se congelan las discusiones de las reformas hasta que podamos dialogar de nuevo y reconstruir la coalición de gobierno”, dijo Racero.