El pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Agricultura reveló el borrador de un decreto que promueve la movilización y organización campesina en el marco de la reforma agraria.
En ese sentido, el Gobierno nacional busca crear espacios de participación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial en los procesos de la implementación del proyecto agrario.
Sobre el tema, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se refirió a los acuerdos a los que llegaron el Gobierno y Fedegán, frente a la reforma agraria, y dijo que son tres mensajes que son importantes:
- Mantenemos el acuerdo con Fedegán de compras de tierras, junto con un esquema de integración del sector ganadero, para el arreglo pastoril y ganadería sostenible.
- Esta vía de diálogo nos va a permitir un proceso de construcción de consensos sobre los proyectos de decreto que estamos realizando, sumado a que estamos dialogando con la SAC y los distintos actores, tanto en el Congreso de la República, como la sociedad civil.
- Hacemos un llamado a la comunidad nacional a dirimir las diferencias sobre esta agenda política, donde el agro se vuelva eje de desarrollo.
A su vez, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, aseguró que la agremiación “no es enemiga de los labriegos. Por el contrario, 553.000 pequeños ganaderos son campesinos, muchos de ellos, con tierra insuficiente”.
Por tal motivo, destacó que desde el primer momento, “cuando el gobierno me invitó a firmar un gran Acuerdo de Tierras, no tuve reparo alguno. Por el contrario, he venido apoyando al gobierno a lo largo de casi un año para que ese propósito del gobierno pueda salir adelante” con dos elementos que son claves:
- Que haya tierra para que los campesinos puedan tener un título de propiedad.
- Que puedan tener proyectos productivos para que dignifiquen la condición de campesinos y puedan ser un motor de desarrollo en las diferentes regiones colombianas.
Y destacó: “Creo que el apoyo de la Comisión de Paz será clave para poder concertar dos decretos que, evidentemente, han puesto en riesgo la propiedad privada. Eso lo vamos a discutir de la misma manera como vamos a discutir el tema de las movilizaciones”.
“Hoy Colombia tiene un presupuesto a través del planteamiento del gobierno de fondo, que es firmar acuerdos de paz con los diferentes grupos armados y, obviamente, no vale la pena generar mayor conflictividad en la tierra, sino avanzar en un modelo de trabajo”, agregó.
Recientemente, Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, generó polémica al rechazar la vía en la que se intenta llevar a cabo la reforma y manifestó que se trata de un trámite “inconstitucional”.
“¿El Gobierno nacional presentará un proyecto de ley de reforma agraria al Congreso? Hacer la reforma agraria vía decretos es inconstitucional y usurpa las funciones del Legislativo”, aseguró la congresista en sus redes sociales.
Los proyectos regulatorios se publicaron en medio de preocupaciones sobre sus capacidades, entre ellas la amenaza sobre la propiedad privada. El primero presentado tiene como objetivo ampliar la extinción de dominio, mediante condiciones especiales, y el segundo tenía como objetivo organizar una manifestación campesina en el contexto de la reforma agraria.
SEMANA reveló que existe preocupación en los sectores productivo y parlamentario, ya que podría ser una puerta de entrada a una “expropiación segura”. Otros no están de acuerdo en que se haga por decreto porque evita el consenso en el Congreso de la República.