Los consumidores estadounidenses se mostraron más pesimistas sobre la marcha de la economía de su país y su confianza se degradó más de lo esperado en febrero respecto al mes anterior, según el índice de la organización Conference Board divulgado este martes.
El índice se ubicó en 102,9 puntos, contra 106 en enero. Los analistas esperaban una mejora a 108,4 puntos, según el consenso publicado por briefing.com.
No hay que olvidar que la inflación volvió a subir en enero en Estados Unidos, llegando al 5,4 % en 12 meses, según el índice PCE publicado este viernes y referencia para la Fed, que quiere llevarlo a alrededor del 2 %.
La economía se ha mantenido sólida pese a las alzas en las tasas que la Fed realiza desde hace casi un año con el fin de encarecer el costo del crédito y así hacer que se desacelere el consumo y por tanto la presión sobre los precios.
Asimismo, vale la pena recordar que no existe un precedente reciente de un banco central que derrote con éxito la inflación sin “sacrificios económicos sustanciales o recesión”, según dijo un informe presentado la semana pasada a los encargados de formular políticas de la Reserva Federal.
Citando cientos de casos históricos desde 1950 en las principales economías, el informe concluye que los bancos centrales “posiblemente tengan problemas en alcanzar objetivos de desinflación sin sacrificar de manera significativa la actividad económica”.
El análisis identificó paralelos entre el contexto actual y el de finales de los años 1970, cuando el entonces presidente de la Fed, Paul Volcker, aumentó drásticamente las tasas de interés para contrarrestar la escalada inflacionaria.
Según este informe, los modelos económicos, “aunque siguen siendo útiles en muchos aspectos, son más difíciles de aplicar”, y “deben ser utilizados con una interpretación y juicio cuidadosos”, señalaron, alertando también sobre la necesidad de “un examen cuidadoso de datos en tiempo real”.
Trabajo infantil: un flagelo que preocupa
La administración estadounidense anunció medidas para combatir el trabajo infantil, una “lacra” que desde 2018 ha aumentado un 69 % y afecta de manera particular a los menores migrantes latinoamericanos que llegan solos al país.
“No se trata de un problema del siglo XIX, sino que es un problema actual”, advirtió el secretario de Trabajo, Marty Walsh, en un comunicado.
Walsh anunció nuevas medidas como la creación de un grupo de trabajo interinstitucional, más inspecciones en los lugares de trabajo, o el aumento de las multas a las empresas que empleen ilegalmente a menores en cadenas de producción y trabajos peligrosos.
En el último año fiscal se investigaron 835 empresas, que empleaban ilegalmente a 3.800 menores. Es una “tendencia alarmante”, dijo este lunes a los medios una funcionaria de la administración del presidente Joe Biden. Las multas máximas de 15.138 dólares por cada menor en un trabajo ilegal “no son suficientemente altas para disuadir a las grandes empresas”, reconoció Walsh, cuya cartera trabaja con el Congreso para aumentarlas.
El pasado 17 de febrero se anunció la resolución de uno de los mayores casos de trabajo infantil en la historia reciente del país contra la empresa Packers Sanitation Services. Esa compañía empleó -en ocho estados- a más de 100 menores en la cadena de procesamiento de carne donde estaban expuestos a químicos tóxicos usados para la limpieza de los equipos, por lo que fue condenada a pagar una multa de 1,5 millones de dólares.
En el país hay 600 investigaciones en curso por trabajo ilegal de menores de edad. La legislación estadounidense permite el trabajo a partir de los 14 años, pero con limitación de horas para los menores de 16 y en trabajos no peligrosos para la salud.
Menores latinoamericanos
El problema se ha agravado con la llegada al país de menores latinoamericanos no acompañados que huyen de la pobreza y la violencia, la mayoría no tienen ningún familiar en Estados Unidos, según el departamento de Trabajo. Otros recalan en casas de familiares, a menudo en dificultades económicas, o patrocinadores que se hacen cargo de ellos, obligándolos a trabajar para aportar a la economía familiar.
En cadenas de producción extenuantes, hoteles, vaquerías o en la agricultura, The New York Times denunció este fin de semana las condiciones laborales de muchos menores inmigrantes, mayoritariamente centroamericanos. En el último año llegaron 130.000 menores no acompañados al país, el triple que hace tres años, asegura el diario.
Pese a que el gobierno federal sabe de su existencia, y que las instituciones deben apoyarlos y protegerlos del tráfico y la explotación, estas han perdido el rastro de más de 86.000 menores, según el medio.
“Cada niño en este país, independientemente de su circunstancia, merece protección y cuidado como esperaríamos para nuestro propio hijo”, dijo el secretario de Salud, Xavier Becerra, en el comunicado.
El departamento de Trabajo se queja de que con “demasiada frecuencia, las empresas miran hacia otro lado y afirman que su agencia de colocación, o los subcontratistas o proveedores, son los responsables. Aquí todos tenemos una responsabilidad”, zanjó.
La administración de Joe Biden trabaja con el Congreso para dotar con más fondos -y personal- a los programas de inspección en las empresas así como de acompañamiento para los menores solos y a sus patrocinadores o familias de acogida.