Imponer un impuesto al carbono, principalmente a las empresas que más emiten, es un elemento central de cualquier política medioambiental eficaz, combinado con medidas para evitar que la deuda pública se dispare, explicó el responsable de políticas presupuestarias del FMI, el portugués Vítor Gaspar, a la AFP.
“La imposición al carbono es, de lejos, el instrumento más eficaz y es un elemento muy importante de un conjunto de políticas que puede ser sostenible” para las finanzas públicas, declaró Gaspar, subrayando que “si las emisiones de carbono se gravan convenientemente, la capacidad de conseguir financiación del sector privado aumenta significativamente”.
Los Estados necesitan tanto disponer de otros recursos como incentivar el aumento de la inversión privada, apuntó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre política presupuestaria (Fiscal monitor), publicado este miércoles. En caso contrario, la deuda pública, ya particularmente alta prácticamente en todo el mundo, podría aumentar hasta en un 45% o un 50% del PIB para 2050.
En cambio, si se pone en marcha una política medioambiental que incluya un impuesto al carbono, se reducirían significativamente las consecuencias en las finanzas públicas a largo plazo, con una deuda que solo aumentaría hasta en un 12% o un 15% del PIB en el mismo periodo, “lo cual es claramente más sostenible”, según Gaspar.
Pero para que sea completamente eficaz, el impuesto al carbono “debe acompañarse de otros instrumentos”, como subvenciones específicas para ayudar a las empresas en la transición energética y apoyar a los hogares más vulnerables, que se verían confrontados a un aumento de los precios, sobre todo de la energía.
“Si seguimos con las políticas actuales, no lograremos los objetivos del Acuerdo de París” sobre el clima, insistió Gaspar. El impuesto al carbono está ganando popularidad: se ha implantado en unos cincuenta países y una veintena más está contemplando hacerlo, según el informe.
Aún así, el principal reto es llevar a cabo la transición energética y lidiar con la subida del consumo de energía que se producirá en los países en desarrollo.
Red de protección
Para esos países, menos responsables del aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero, lo más importante es garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a la electricidad y erradicar la pobreza y las crisis alimentarias.
“La estrategia climática debe ser compatible no solo con el acceso a las tecnologías verdes y a la transición energética sino también con un aumento masivo de la producción de energía”, recalcó Gaspar.
Otro “desafío” para los gobiernos, según Gaspar, son las subidas de los tipos de interés dictadas por los bancos centrales de las principales economías para luchar contra la inflación, que encarecen el coste de sus préstamo en los mercados.
“El aumento de los tipos de interés y de los costes de los préstamos [...] es un verdadero problema” que “afecta a casi todos los países”, comentó el responsable, subrayando que, para algunos países, los coses representan una parte importante de sus presupuestos, por lo que sus capacidades de inversión disminuyen considerablemente.
El FMI tiene como objetivo principal persuadir a sus Estados miembros, destacando su atención en las economías avanzadas, para que amplíen sus recursos financieros. Este llamado a la acción, crucial para fortalecer la eficacia de la institución, se fundamenta en una necesaria reforma del sistema de asignación de cuotas. Actualmente, las cuotas se distribuyen de manera prorrateada, basándose en la participación de cada Estado en el capital del Fondo Monetario Internacional.
El problema inherente a este enfoque radica en que una proporción significativa de los recursos disponibles queda bloqueada para los países de mayor capacidad económica, es decir, las naciones ricas. La reforma propuesta, sin embargo, persigue un equitativo incremento de las cuotas asignadas a los países menos desarrollados, sin que ello implique una disminución en sus derechos de voto en el consejo de administración.
Es esencial entender que esta iniciativa no tiene como finalidad menoscabar la influencia de las economías avanzadas, sino más bien asegurar una mayor disponibilidad de recursos para abordar cuestiones globales apremiantes, como la lucha contra el cambio climático y la promoción de la sostenibilidad ambiental.
La reforma del reparto de cuotas pretende, en última instancia, fortalecer la capacidad del FMI para desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de soluciones a los desafíos económicos y medioambientales del mundo contemporáneo.
“Es muy importante reforzar el papel del FMI dentro de la red de protección de las finanzas mundiales”, defendió Gaspar, abogando por aumentar las partidas del Fondo para financiación.
*Con información de AFP.