Aún falta la posición del Ministerio de Hacienda, en relación con lo que hará para evitar efectos negativos en la ejecución presupuestal de este año, producto del enredo que hay con la carta financiera.
El lío radicó en que en el decreto de liquidación del presupuesto no se incluyó el anexo total con la desagregación requerida para exponer en qué se gastará cada peso.
Mientras tanto, la Contraloría general de la República tomó cartas y, en primer lugar, hizo un llamado de atención del Gobierno sobre la importancia de hacer una ejecución efectiva del presupuesto para generar crecimiento y dinamizar la economía.
El organismo de control señaló que hizo los respectivos análisis, tanto de los resultados fiscales de 2023 como de las proyecciones financieras para 2024, luego de lo cual señala que su petición es “que haya rigurosidad en el cumplimiento del Estatuto Presupuestal y se brinde mayor claridad en rubros como las partidas globales, dejando implícita su destinación específica”.
Esto, debido a los recientes análisis alrededor del decreto de liquidación del presupuesto del 2024, en el que quedaron abiertas unas partidas globales, que, de manera general, se asignarán a Transporte, Hacienda y Educación, sin que existan desagregaciones específicas.
Muchos puntos de vista han mencionado el riesgo que hay alrededor de esa situación, no solo porque el decreto podría ser demandado al tener en el texto, como uno de los artículos, lo que debería ir en un anexo, sino porque se podría poner en pausa la ejecución presupuestal, ya que el sistema paramétrico del Presupuesto no acepta que se hable de subproyectos si no hay un proyecto especificado.
Gasto público en medio de la escasez
Otro de los temas que toca el pronunciamiento de la Contraloría es “la importancia que debe tener el gasto público en estos momentos y hace un llamado al Gobierno nacional para que los ajustes no se reflejen en los rubros de inversión y los efectos multiplicadores del gasto incidan en crecimiento económico y sostenibilidad de la deuda”.
Así las cosas, la Contraloría pondrá la lupa en el desempeño del gasto, de manera que se pueda garantizar “que sea el adecuado y se generen los bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo económico y social inclusivo, asociados a dicho gasto”.
“De no lograrse esto último, se estaría generando un mayor nivel de deuda y el gasto público no cumpliría con uno de sus principales objetivos: contribuir al crecimiento económico inclusivo”, enfatizó la Contraloría.