El Ministerio del Trabajo lleva varias semanas asegurando algo que no es cierto: que el Banco Interamericano de Desarrollo apoya y aplaude las reformas laboral y pensional del Gobierno. Lo ha dicho con júbilo en varios comunicados de prensa. Y de ser así, tendría razones para esa dicha, pues se trataría del aval inédito de un organismo internacional a un proyecto de gobierno.
La realidad es que el Banco Interamericano no puede hacer eso, ni lo ha hecho. Su rol como la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe lo ha mantenido alejado de las discusiones meramente políticas de los gobiernos a los que les tiende la mano.
Fuentes del BID le confirmaron a SEMANA que la entidad no ha avalado la reforma a la salud ni la pensional. Lo que sucedió fue bien diferente. En efecto, como aseguró el comunicado del Ministerio, hubo una reunión para fortalecer los convenios de fortalecimiento a las políticas de empleo y de formación para el trabajo a la que asistió Kelvin Suero, representante del BID, para Colombia. La reunión tenía que ver con un plan de empleabilidad que está en marcha desde 2019, cuentan en el BID.
Pero no es cierto que de esta cita se haya derivado “el respaldo de la entidad internacional, frente a las reformas laboral y pensional que avanzan en el Congreso de la República”, como lo señaló el Gobierno. El Ministerio delt rabajo había enviado este martes un comunicado de prensa titulado así: “Banco Interamericano de Desarrollo respalda las reformas laboral y pensional que impulsan las políticas de empleo que adelanta el Gobierno del Cambio”
“El Banco no ha apoyado la reforma laboral, no la conoce. Ni le han pedido ayuda técnica”, le dijo la fuente de esa entidad a SEMANA.
El Ministerio citaba unas palabras de Kelvin para llegar a esa conclusión, pero si se lee lo que el funcionario del banco dijo, nunca se podría concluir ese apoyo con el que titulan: “Desde el Banco Interamericano de Desarrollo estamos en la mejor disposición para acompañar sobre todo el debate y resaltar los elementos que nos han traído éxito en la implementación de otras reformas en otros países, por lo tanto, reiteramos la mejor disposición de acompañar estos esfuerzos”.
De hecho, el comunicado sí habla del verdadero objetivo de la reunión, que era el plan de empleabilidad. Por ejemplo, agrega que Waldo Tapia, especialista de la división de mercados laborales del BID, “destacó los avances del Ministerio del Trabajo en la implementación de los programas de empleo para la reducción de la informalidad”.
“Esta reunión sirvió mucho para fijar lineamientos y ver los grandes avances que ha hecho el Ministerio en materia de generación de empleo, que sin duda va a apoyar toda la búsqueda de empleo de los miles de colombianos y colombianas que están en ese proceso. Además, este encuentro que contó con la presencia de la ministra del Trabajo, nos ayudó para tirar lineamientos de hacia dónde vamos y cómo avanzamos en los procesos de empleabilidad”, aseguró Tapia, según el comunicado.
Las fuentes del BID le dijeron a SEMANA que sólo se habló de ese tema y que frente a las reformas del Gobierno Petro “se le está dando un apoyo técnico al Ministerio de Hacienda para que lo utilice como considere”. Agregó que considera que esa conclusión equivocada que tuvo el Ministerio de Trabajo “fue una novatada del técnico que asistió”.
El comunicado de esa cartera también citó a la ministra Gloria Inés Ramírez Ríos, que también entendió que había un espaldarazo. “Cuando hablamos del fortalecimiento al empleo, estamos hablando necesariamente de un apoyo a las reformas que ya avanzan en el Congreso de la República, pero les decimos a los colombianos y colombianas que el empleo es una política de Gobierno, la estamos trabajando y con el apoyo del Banco Interamericano, estamos buscando no solamente instrumentos, no solamente llevarlo al territorio, sino que nuestro país avance en el desarrollo de una política clave para el fortalecimiento del empleo”, dijo ella.
El expresidente Uribe ya había sembrado la duda de ese apoyo en un trino que escribió este martes. “Si es verdad que el Banco Interamericano califica de positiva la reforma laboral de Colombia, y además aconsejó a Argentina y a Venezuela a que hicieran lo mismo y llegaran a semejante fracaso, lo deberían cerrar”.
Las propuestas para la reforma laboral
Mientras en materia de reformas, la atención se la está llevando la iniciativa a la salud por las tensiones, acuerdos y desacuerdos entre los diferentes partidos y el Gobierno, y su futuro en el Congreso, las discusiones y propuestas sobre las otras reformas (laboral y pensional) no se quedan atrás.
Hoy martes 18 de abril, el primero en pronunciarse fue Germán Arce, presidente de Asofiduciarias y del Consejo Gremial Nacional, quien le dijo a SEMANA que es necesario –en materia pensional– blindar el ahorro y casi que escribir en piedra que no se van a tocar esos recursos. Y frente a la reforma laboral, la consideró como el gran “pivote” de las reformas sociales porque es fundamental para financiar el sistema de protección social y elevar el nivel de formalidad.
Ahora, el turno fue para los Observatorios Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana que, en un documento de 161 páginas presentaron una propuesta de reforma laboral que tiene como objetivo abordar las necesidades de los actores del mercado laboral colombiano, tomando como punto de partida la propuesta presentada por el Gobierno nacional y complementándola con preceptos adicionales basados en investigaciones y cuestionamientos realizados por estos dos observatorios y que, además, ha contado con las perspectivas de distintos actores como gremios, sindicatos, empresas de distintos tamaños y trabajadoras de diversas actividades, tanto sindicalizados como no sindicalizados.
“Una reforma laboral no puede ser vista simplemente como una serie de cambios en las leyes y regulaciones laborales, sino como un esfuerzo para mejorar las condiciones de trabajo, la calidad de vida de los trabajadores en el país en la medida en que la productividad se incremente”, señala el estudio.
La propuesta considera la relevancia de modificar de manera progresiva la jornada nocturna y el incremento del recargo dominical en un 85 %. También discute la importancia de integrar medidas diferenciales para vendedores ambulantes, trabajadores de puertos, migrantes, personas LGBTIQ+ y la formalización y protección laboral de las trabajadoras del hogar. Asimismo, examina la necesidad de establecer un salario mínimo legal diferencial.
Se considera también flexibilizar las cargas administrativas que representan ciertas formas de pago para permitir que las partes puedan tener libertad y autonomía en estas formas de pago e implementación de figuras como el teletrabajo, el trabajo remoto o el trabajo en casa, incluyendo todo lo anterior dentro del Código Sustantivo del Trabajo.
En resumen, la protección de los grupos vulnerables y el reconocimiento de las diferencias en el mercado laboral colombiano, incluyendo el papel de las pymes, son objetivos importantes que deben ser considerados en cualquier propuesta de reforma laboral y de protección social.
Las medidas propuestas por los observatorios de la Javeriana pretenden aumentar la protección social de manera inclusiva y equitativa, reconociendo las particularidades del mercado laboral colombiano. “Se busca también establecer esquemas de incremento, atados a indicadores del mercado laboral, para la licencia de paternidad y la jornada nocturna, y se propone modificar la periodicidad de los pagos de prestaciones sociales, facilitando su reconocimiento”, agrega.
Además, pone sobre la mesa la discusión en torno a lo que se conoce como el empleo atípico, no estándar, que difiere del tradicional “caracterizado por ser de tiempo completo, permanente y desempeñarse regularmente bajo la dependencia de un empleador claramente identificado”.
Advierte la propuesta de la Javeriana que el empleo atípico no es un fenómeno nuevo, ni afecta por igual a todos los sectores de actividad económica, países y regiones y contempla, de acuerdo con la OIT, el trabajo temporal, a tiempo parcial, relaciones multipartitas, empleo “encubierto” y empleo por “cuenta propia económicamente dependiente”.
“Uno de los principales retos de estas nuevas formas de empleo –dice el documento- está relacionado con el aseguramiento de la cobertura de los sistemas de seguridad social y el pago de ingresos adecuados a los trabajadores”.
Estos empleos atípicos están tomando auge a partir de la denominada “Economía de plataforma”, no siendo este el único caso. “Sin embargo, los efectos en el mercado de trabajo se traducen en la introducción de complejidades en la naturaleza de los vínculos laborales y sociales, no contemplados por la normatividad, ampliando el margen para una mayor inestabilidad y desprotección laboral, así como una potencial caída de los ingresos de los trabajadores”, advierte la Javeriana.
Además, se pregunta en su investigación por qué es conveniente impulsar la formalidad sin atarla al contrato de trabajo y por qué es importante flexibilizar los periodos y formas de pago de las prestaciones sociales en el contrato de trabajo.
Estas visiones de la propuesta enriquecen el debate, pues una de las críticas a la iniciativa que ha llevado adelante el Gobierno, además de no haber logrado un consenso con el sector privado, es que está más enfocada en cuidar a los empleados de hoy, no enfrenta las transformaciones digitales ni sus impactos en las relaciones laborales y no ataca la informalidad. El resultado ha sido el caso más relevante en la discusión: la agria disputa que el Ministerio del Trabajo ha tenido con Rappi, la principal plataforma del país que tiene más de 150.000 rappitenderos, personas que lograron ingresos accediendo a la plataforma.
En el ejercicio de los observatorios de la Javeriana se señala que es necesario identificar los desafíos específicos que enfrenta el mercado laboral colombiano, tales como la informalidad, la necesidad de mejorar las condiciones del empleo, la falta de protección social y la brecha de género en el acceso al trabajo y la remuneración.
“Sin embargo, además de abordar estos desafíos, una reforma laboral también debe buscar aumentar la productividad y el crecimiento económico del país. Cualquier reforma laboral en Colombia debe tener como uno de sus objetivos principales el aumento de la productividad y la competitividad del país, junto con la mejora de las condiciones laborales y la protección de los derechos de los trabajadores. Solo así podremos generar empleo de calidad, fomentar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias en el largo plazo”, agrega la propuesta.
La iniciativa de la Javeriana trae varios ingredientes que puntualizó en cuatro grandes tendencias. La primera se refiere a las transformaciones sociodemográficas que permiten anticipar unas profundas asimetrías en las estructuras etarias de las poblaciones de distintas regiones del mundo que plantea impactos en los niveles de crecimiento y bienestar de un país y en el reto de crear puestos de trabajo suficientes y de calidad, de tal manera que puedan generar las condiciones necesarias para fondear sus sistemas de protección social, en especial de pensiones y salud.
La segunda está estrechamente relacionada con la aceleración de la globalización de la economía que se refleja en la fortaleza de las cadenas internacionales de valor y de suministro, y la deslocalización y relocalización productiva entre las diferentes regiones económicas del mundo. En este contexto, el comportamiento de la generación de empleo en las economías nacionales está en estrecha interdependencia con la evolución de la economía y la política a nivel global.
En tercer lugar, se encuentra la tendencia asociada con el proceso de cambio tecnológico. “Sin lugar a duda, la tecnología está avanzando aceleradamente en múltiples direcciones, influyendo en la forma de vivir de los seres humanos, generando al mismo tiempo el surgimiento de nuevas empresas y líneas de negocio, y a su vez, transformando la organización tradicional de la economía”, señala el documento.
En esta tendencia hay dos fuerzas: una, quienes afirman que el uso creciente de la tecnología podría desencadenar episodios de destrucción masiva de puestos de trabajo. Y, otra, quienes argumentan que la revolución digital permitirá el surgimiento de nuevas ocupaciones que aún hoy no se encuentran identificadas y que podrían generarse en los diferentes sectores económicos que adopten adecuadamente las nuevas herramientas tecnológicas, o que simplemente, aprovechen para su crecimiento la fuerza de trabajo que se desplace de las actividades susceptibles de ser automatizadas.
Y en ese sentido, surge la última tendencia y uno de los cambios más importantes en las relaciones laborales: el surgimiento de los denominados empleos atípicos, que son evidentes en muchos países industrializados. “En los países en desarrollo, los trabajadores atípicos siempre han representado una proporción importante de la fuerza de trabajo, ya que muchos de ellos están empleados temporalmente en trabajos ocasionales, pero el empleo atípico también ha crecido en segmentos del mercado laboral antes asociados con empleos tradicionales. El aumento de las formas de empleo atípico a lo largo de las últimas décadas ha dado lugar a una mayor inseguridad del empleo y crea dificultades para las empresas, así como para el desempeño general de los mercados laborales, las economías y las sociedades”, dice el análisis.
Cada vez más, los trabajadores se vinculan a un empleo con esquemas de contratación diferentes a las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. “Por ejemplo, las empresas de la denominada Gig economy están generando empleos sin subordinación ni cargas laborales –explica el análisis-. Estas soluciones colaborativas están reemplazando la subordinación por nuevas formas de empleo que deben ser reguladas por el Estado colombiano de tal manera que los trabajadores vinculados bajo estas formas de contratación cuenten con la debida protección de sus derechos laborales”.
Una experiencia similar la encontraron los investigadores en sectores como el transporte específicamente taxistas, sector portuario, actores, vendedores ambulantes, entre otras, que están generando empleos sin subordinación ni cargas laborales ni protección social por la baja generación de ingresos.
“Estas formas de empleo deben ser reguladas por el Estado colombiano de tal manera que los trabajadores vinculados bajo estas modalidades o en una actuación libre e independiente del trabajo cuenten con la debida protección de sus derechos laborales y en materia de seguridad social”, señala la propuesta.