La próxima semana se presentará la ponencia de la reforma laboral que ha generado preocupación en el sector privado. Para los empresarios, la reforma no busca ni propende por la generación de nuevos empleos y su énfasis está en una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales, en una propuesta que aumenta los costos de ese empleo formal.
Algunos de los puntos más costosos de la reforma son las indemnizaciones por despido sin justa causa, el trabajo nocturno y los recargos dominicales y la limitación a los contratistas de servicios, que deberán implementar las mismas condicionales laborales (de salario y beneficios legales y extralegales) que aplica en las empresas beneficiarias. Esta situación podría desembocar en un incremento del desempleo y la informalidad.
Uno de los puntos más álgidos en el debate se originó tras conocerse un estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República, en el que paradójicamente participó Leonardo Bonilla, hijo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Los resultados de este análisis indican que, de aprobarse la reforma laboral como se radicó, habría incrementos del costo laboral promedio asociados tanto al componente salarial como al de las indemnizaciones en casos de despidos injustificados. Por el primer componente, el incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2y 10,7 por ciento, y por el segundo, entre 1,2 y 1,9por ciento, producto de un aumento de 92 por ciento del valor promedio de las indemnizaciones. “El aumento de los costos salariales recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años, mientras que el incremento de los costos de despido podría tener un impacto en un horizonte más largo”, concluye el estudio.
En una entrevista con SEMANA, el ministro Ricardo Bonilla, al consultársele su opinión sobre el estudio del Banco de la República, en el que se advierte una pérdida de casi medio millón de empleos por la reforma laboral del Gobierno, en el que uno de sus autores es su propio hijo, señaló: “Primero, las relaciones con mi hijo son francas, cordiales, nos queremos mucho. Eso no significa que él tenga que pensar lo mismo que yo. Es algo que forma parte del respeto en la familia”.
Destacó la carrera de su hijo y lo calificó de “brillante”. “Ha ido más allá de lo que yo hubiera podido llegar. La vida de él la está construyendo por mérito propio, sin nada que ver con lo que yo haya hecho”, señaló.
De acuerdo con información de la página del Banco de la República, Leonardo Bonilla es investigador del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (GAMLA) de esa entidad. Estudió Economía en la Universidad Nacional de Colombia y obtuvo el título de doctor en Economía en la Universidad de Illinois. Sus principales áreas de investigación son desarrollo económico y educación. Le interesa contribuir al diseño y la implementación de políticas públicas más efectivas, dice en su perfil.
En segundo término, con relación al estudio, el ministro Bonilla reconoció que ya lo conocía, pues su mismo hijo se lo había mostrado. “Lo que señala es que sí hay una enorme preocupación por los costos de despido. En ese sentido, es un insumo, una investigación necesaria e indispensable para que se profundice el debate sobre este tipo de reformas.
“Lo cierto es que el país también necesita una reforma laboral, no solo una actualización del Código del Trabajo”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.
A continuación la entrevista completa con el ministro Ricardo Bonilla.
SEMANA: Con la reforma laboral, ¿se afecta o no el empleo? ¿Qué opina del estudio del Banco de la República en el que uno de los autores es su propio hijo y concluye que se perdería casi medio millón de empleos?
RICARDO BONILLA: Primero, las relaciones con mi hijo son francas, cordiales, nos queremos mucho. Eso no significa que él tenga que pensar lo mismo que yo. Es algo que forma parte del respeto en la familia. Es un muchacho brillante que ha ido más allá de lo que yo hubiera podido llegar.
La vida de él la está construyendo por mérito propio, sin nada que ver con lo que yo haya hecho. Lo segundo: conozco el estudio, ya me lo había mostrado.
Lo que señala es que sí hay una enorme preocupación por los costos de despido. En ese sentido, es un insumo, una investigación necesaria e indispensable para que se profundice el debate sobre este tipo de reformas.
Lo cierto es que el país también necesita una reforma laboral, no solo una actualización del Código del Trabajo.
Laboral, pero sin más empleos
SEMANA: ¿Cómo se generará empleo?
R.B.: Una política de generación de empleo está en otro lado, en la reindustrialización y diversificación de la economía. Los colombianos deben empezar a tener más oportunidades en el mundo industrial, en el de los servicios, pero unos servicios modernos. Colombia tiene que superar esa tendencia de largo plazo según la cual ha mantenido una tasa de desempleo de dos dígitos, y esporádicamente, en algunos momentos de la economía, bajamos a un dígito, y cuando lo hacemos no logramos ir más allá del 8,5 por ciento.
La única ocasión en la que bajamos más fue en 1994, con 7,6 por ciento, lo que se explicó porque estaba aprobada la Ley 50, que había eliminado la retroactividad de las cesantías. Todo indica que a partir de la Ley 100 de 1993, lo que se había hecho con la Ley 50 se borró.
Detrás de la reforma proyectada por la ministra se ponen al día los costos del trabajo. Cuando hubo costos reducidos no se creó el empleo que se proyectaba. Ahora, hay que establecer cómo vamos a trabajar ese tema.
SEMANA: Es decir, esta reforma no es la que es, ¿es solo un cambio al Estatuto de Trabajo?
R.B.: La reforma ha estado muy concentrada en temas relacionados con el código del Trabajo y con la estructura de formalidad, pero no se ha ido hacia donde está la verdadera generación de empleo. Ambas cosas hay que hacerlas.
SEMANA: Roy Barreras ha dicho que existe la posibilidad de que, por tiempos, la reforma laboral se quede. Si no evolucionara, ¿qué pasaría?
R.B.: La prioridad siguen siendo las reformas en salud y pensiones, que son las verdaderamente sociales.
La pensional es clave, por la dificultad para tramitarla
SEMANA: La reforma pensional, salvo por algunos puntos controversiales, ha tenido más acogida que la laboral. ¿Cómo ve esas dos propuestas en términos de costos?
R.B.: La reforma pensional tiene más consenso, en el sentido en el cual el propósito es eliminar la competencia de los fondos privados y Colpensiones, y ponerlos en una labor complementaria. El punto de debate es el umbral. El Gobierno, en campaña, propuso cuatro salarios mínimos y en la propuesta radicada bajó a tres. Lo que sigue es el Congreso. Y las reformas se debaten y se aprueban en el Legislativo. Yo espero que haya un debate más de fondo y no con argumentos de subterfugio, sin lobbies interesados.
Ojalá tengamos el mejor debate y el logro de un proyecto que beneficie realmente a los colombianos. Hay que resaltar que esta reforma es para los trabajadores particulares y los empleados públicos que no corresponden a regímenes especiales ni exceptuados.
SEMANA: Justamente esa ha sido una de las críticas, pues todo el mundo esperaba una reforma más estructural, teniendo en cuenta la dificultad que hay para tramitar un proyecto pensional.
R.B.: En particular, no se tocan los regímenes especiales porque ya están en proceso de marchitamiento, y a los exceptuados es a los que hay que plantearles, en algún momento, entrar en el régimen general. Por lo pronto, esta reforma en el sistema es muy importante para organizar las cifras. Lo que se ha demostrado hasta ahora es que con la Ley 100 generamos que las cotizaciones estén en un lado (fondos privados) y los pensionados en otro (Colpensiones).
Lo que es poco negociable
SEMANA: El umbral de tres salarios mínimos, para pasar automáticamente a los cotizantes de fondos privados a Colpensiones, parece ser el punto más controversial. ¿Ayudará a negociar esto?
R.B.: El Gobierno va a defender el umbral de tres salarios mínimos, pero va a escuchar a todas las partes.
SEMANA: Sube precio de la gasolina y el ACPM está en capilla para incrementarse, lo cual se sustenta en la necesidad de bajar el déficit del fondo que financia el precio de los combustibles. Pero la inflación podrá afectarse. ¿Cómo tapará el hueco de ese fondo sin impactar la canasta familiar?
R.B.: El país volvió a tener una inflación fuerte, de dos dígitos, ahora, por primera vez en el siglo XXI. En el pasado, Colombia tuvo inflaciones hasta del 33 por ciento en los años ochenta. La intención es que la inflación no tome fuerza y la logremos controlar.
Lo importante en el corto plazo es que la inflación de alimentos, que hasta ahora había sido la que más actuaba y, además, es el componente más grande de la canasta, se ha ido morigerando. Eso significa que hay un mejor abastecimiento, una reducción en los costos de los insumos importados, porque la tasa de cambio se estabilizó. En este momento lo ideal, y es lo que estamos monitoreando, es que la inflación de alimentos siga bajando.
Eso nos da espacio para incorporar el incremento en el precio de los combustibles, que tienen un menor peso en toda la canasta de inflación. Estamos aplicando incrementos mensuales, desde octubre. Sabemos que es una medida dolorosa, impopular, pero es necesario cumplir la Ley de Regla Fiscal. Y el principal factor de riesgo para esa meta es precisamente ese déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que nunca cumplió el papel. Tenemos un acumulado de déficit que hoy afecta no solo la estabilidad fiscal de Colombia, sino también la estabilidad financiera de Ecopetrol.
Esas cosas las tenemos que resolver. Si financiamos ese déficit con el presupuesto general significa quitarle espacio al gasto social, y este no es gasolina, es madres cabeza de familia, infancia y adultos mayores.
Subsidios a los combustibles
SEMANA: Se dice que los subsidios a los combustibles están financiando más a los grandes consumidores, por eso se ha mencionado la idea de aplicar un precio diferencial. ¿Avanza la propuesta?
R.B.: Es por ahora una hipótesis que fue lanzada y que no ha salido propiamente de la mesa que se está construyendo, del Ministerio de Minas, el de Hacienda y Ecopetrol. Lo que le hemos dicho a la ministra de Minas (Irene Vélez) es que esto debe ser una evaluación en la que todas las partes involucradas estén presentes y examinemos los componentes. Lo que sí es cierto es que MinMinas ha identificado unos segmentos de consumo beneficiados con subsidios y no lo deberían recibir.
Entonces la propuesta es: a ese segmento, aumentémosle de una vez todo lo que haya que aumentar, pero tendríamos que mantener unos mecanismos de control para que no se nos convierta en un proceso de evasión. Esos son temas que la mesa debe empezar a examinar para poder llegar a mejores alternativas.
Por ahora, aplica la decisión tomada desde octubre de incrementar mensualmente los precios de la gasolina corriente, sin diferenciar consumidores. Y, a partir de junio, revisar qué hacemos con el precio del ACPM, también sin diferenciar consumidores. La búsqueda de alternativas es algo que la mesa debe trabajar para presentar propuestas.
Menores ingresos
SEMANA: El plan financiero de este año se hizo con un precio del petróleo de 90 dólares y ha estado en 80 o menos. ¿Teme que tengamos menores ingresos?
R.B.: Sí. Efectivamente, la meta de déficit fiscal es de 3,8 por ciento. Fue proyectada en diciembre con un precio del petróleo de 94 dólares y hoy está en 77, con tendencia a seguir bajando. La perspectiva de ingresos con la cual se hizo esa proyección ya no se va a cumplir.
Tendríamos que revisar la meta de déficit fiscal y probablemente la tengamos que ajustar a 4 por ciento. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo que estamos construyendo tendremos las proyecciones finales. Con el resultado del año pasado, que fue 5,3, el 4 sigue siendo una reducción fuerte.
Y si tumban la tributaria o parte de ella...
SEMANA: La reforma tributaria tiene más de 30 demandas. De prosperar, recortarían más ingresos. ¿Hay preocupación?
R.B.: No hay reforma tributaria que no haya sido demandada. Aspiramos a que no prosperen, pero, obviamente, si lo hicieran, tenemos que tener un plan de emergencia.
SEMANA. ¿El plan de emergencia sería una nueva reforma tributaria en el corto plazo?
R.B.: Todo depende. En el eventual caso de que las demandas tumben toda la reforma, tendríamos que volver a insistir con ella. Si son solo unos artículos tendríamos que mirar el impacto en los ingresos. Por lo que hemos escuchado de parte de los defensores del Estado en los procesos, ninguna demanda prosperaría.
SEMANA: Los inversionistas siguen con incertidumbre, ¿cuál camino planea tomar para motivar a los que traen plata a Colombia y mueven la economía?
R.B.: La incertidumbre de los inversionistas solo se resuelve con medidas efectivas. Los pronunciamientos en estos casos son insuficientes. Las medidas que se están tomando dan las directrices y están en la dirección correcta: estabilidad económica, cubrimiento de la regla fiscal y defensa de la autonomía e independencia del Banco de la República.