La reforma laboral es uno de los proyectos insignia del Gobierno Petro y con el que busca un cambio en la forma en que los colombianos acceden a beneficios como las horas extras o los recargos de fin de semana.
Para algunos gremios empresariales, la discusión de ese proyecto que actualmente se encuentra en el Congreso, además de la controversia sobre el salario mínimo en 2024, puede ser nociva para muchas empresas, que buscan recuperarse en un contexto macroeconómico difícil, con una inflación superior al 10 %.
Pese a ello, dicho proyecto ha sido bien recibido en la comunidad internacional. Tanto así que el mismo Gobierno de los Estados Unidos recientemente apoyó la propuesta del actual gobierno.
A través de un trino en la red social X, la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos aseguró que el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris apoya los esfuerzos del país por cumplir con los compromisos laborales internacionales, en los que se incluyen las recomendaciones de la Ocde.
“El gobierno Biden-Harris está de acuerdo con que los trabajadores tengan voz colectiva y poder para influir en las normas que rigen sus lugares de trabajo”, aseguró la misión diplomática, que agregó, además, que valora los esfuerzos para reducir la informalidad laboral, eliminar la subcontratación abusiva y también prohibir el uso indebido de los pactos colectivos, para fortalecer los derechos de negociación colectiva.
También enfatizaron en las acciones de los sindicatos libres, fuertes, independientes y democráticos, asegurando que son un medio necesario para los objetivos trazados y esenciales para la democracia.
Finalmente, la Embajada aseguró que la adhesión del país a las normas laborales internacionales permite que los trabajadores de todo el mundo se beneficien del crecimiento económico y que la democracia se vea beneficiada. Además, los avances de la reforma laboral permiten que la mano de obra sea competitiva en el mercado mundial.
La nueva reforma laboral del Gobierno Petro que tiene en alerta a los empresarios
El pasado 26 de agosto, el Gobierno decidió presentar, en silencio, la reforma laboral en el Congreso. De sus iniciativas sociales, esta fue la única que no sobrevivió el trámite en la legislatura pasada. En total, el nuevo proyecto trae 92 artículos, 16 más que el original. Dentro de los cambios que se destacan en la estructura del proyecto presentado, sobresalen las formas de contratación y de pagos en la seguridad social.
Según el Gobierno, para desarrollar el principio constitucional de la estabilidad laboral, mediante el uso de los contratos de trabajo a término indefinido como regla general, en la exposición de motivos de la iniciativa, se proponen nuevas formas de contratación. Por ejemplo, el contrato de trabajo doméstico, el trabajo agropecuario, el laboral de aprendizaje y la vinculación de trabajadores a plataformas digitales tecnológicas de reparto.
Este último es tal vez el más novedoso de los cambios en la iniciativa. Según explicó José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In —gremio que agrupa a las plataformas digitales—, se establecieron dos tipos de relaciones entre trabajadores y empresas de las plataformas:
La primera, a través de un contrato independiente, en donde las empresas contribuyen con una parte del pago a la seguridad social de los repartidores de la siguiente manera: el pago será tomado del 40 % del ingreso base de cada repartidor; las plataformas pagarán el 60 % del aporte de salud y el 60 % del aporte en pensión y el trabajador el 40 % restante, respectivamente. Además, las plataformas pagarán el ciento por ciento del aporte en riesgos laborales.
Y la segunda, que los repartidores se podrán vincular por medio de trabajo dependiente, si así lo acuerdan las dos partes, con las implicaciones de ley.
De hecho, esa flexibilidad llegaría también a los micronegocios, que podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial. En la exposición de motivos se enmarca la búsqueda de fórmulas que promuevan el tránsito a la economía formal por parte de los trabajadores, mediante la generación de incentivos que prioricen los micronegocios.
El texto también incluye medidas específicas contra la discriminación por razones de género. Pero en principio mantiene la estructura del proyecto original.