La polémica sobre la no suscripción de contratos en Colombia continúa, y no es para menos, pues este tema convoca a los diferentes gremios en el país, para encontrar un equilibrio entre, comenzar a reducir los efectos negativos del cambio climático y que estos no afecten a la economía.
Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, ha sido una de las jefes de las carteras del gobierno de Gustavo Petro más controvertidas, mientras algunos aplauden sus iniciativas, muchos no están de acuerdo con lo que plantea, y la discusión no se da por los innumerables memes provocados por su actitud, para algunos desafiante, sino por una conversación seria para construir país.
Por ejemplo, hace pocas semanas Vélez se refirió a la autorización de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en el país, asegurando que el Gobierno ha tomado la decisión de no autorizar nuevos acuerdos en este aspecto dentro del territorio colombiano.
El anuncio lo hizo durante el panel ‘Los diferentes caminos hacia la transición energética’, que se llevó a cabo en el Foro Económico Mundial, el cual tuvo lugar en Davos, Suiza. La ministra Vélez aseguró que los importadores de carbón muy pronto “ya no van a estar importando” y de esta manera el Gobierno necesitará generar una economía alternativa.
El anuncio despertó polémica de nuevo; de hecho, el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, dijo que “no hace diferencia en la crisis climática global y empobrecerá a Colombia” sobre la no suscripción de nuevos contratos de exploración.
“Colombia aporta el 0,37 % de los gases de efecto invernadero del planeta. De ahí que el presidente de la República haya reconocido que es un aporte insignificante. De estos, el 59 % lo produce el sector agrícola y ganadero, la deforestación y el mal uso de la tierra. El 31 % está asociado a la generación y consumo de distintas fuentes de energía, siendo más significativo el transporte con 12 %”, explicó.
Sin embargo, el Gobierno nacional asegura que estas apreciaciones tienen un sustento técnico que se basa en el informe presentado en diciembre de 2022: “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, en el que además lo citan para afirmar que las reservas de hidrocarburos alcanzan actualmente hasta el 2037-2042. El Gobierno Petro también ha criticado a quienes han señalado que la transición energética del país debe ser más larga, argumentando que “están en contra de la ciencia”.
Pero, para el gremio petrolero, el informe tiene serias fallas; Lloreda lo explicó como la popular metáfora, para dar contexto, dijo: “Es mezclar peras con manzanas”.
Explicó que las reservas se dividen en tres tipos, reservas probadas: “Es cuando hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en 90 %”, las probables, cuando: “Es 50 % sí, 50 % no”, y las posibles, cuando: “La probabilidad de es del 10 %, esas son las reservas”.
Y agregó: “A nivel internacional, las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas, y cosa distinta son los recursos contingentes, es cuando tienes una información que te permite saber qué petróleo y qué gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento; entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos, por ejemplo, gas hasta el año 2037″.
El presidente gremial dijo que considera que dichas “inconsistencias” son utilizadas para justificar que Colombia no necesita nuevos contratos, de una manera que no es técnica, y sí forzada.