Desde la llegada de la pandemia del coronavirus a Colombia, una de las propuestas en la que más han insistido —y coincidido— varios sectores políticos es la creación de una renta básica universal que entregue recursos a la población.
De hecho, en la actualidad, en el Congreso hay por lo menos tres proyectos que buscan implementar una renta básica en Colombia. Una de estas iniciativas fue presentada por la senadora del Partido Farc Victoria Sandino.
La propuesta consiste en crear un sistema de ingreso vital (SIV) que le dé mensualmente el 51 % de un salario mínimo ($463.348,26) a la población necesitada.
“El SIV busca otorgarle a cada persona, como derecho de ciudadanía, un ingreso que le permita superar la pobreza monetaria y que complemente la materialización de los demás derechos económicos, sociales y culturales. El SIV no se propone ser un sustituto de las políticas sociales en materia de educación, salud, alimentación, vivienda y empleo. Más bien, tiene el propósito de complementar el ejercicio de estos derechos por medio de la materialización de un nuevo derecho: el derecho a la existencia. El SIV quiere garantizarle a cada persona un nivel de vida digno simplemente por el hecho de ser humano”, dice el artículo dos del proyecto.
La propuesta beneficiaría a tres tipos de población: las personas en condición de discapacidad y los adultos mayores no jubilados, las personas mayores de edad que se dedican a las labores del hogar y del cuidado no remuneradas (amas de casa) y las personas mayores de edad que se encuentren en situación de desempleo.
La propuesta no tiene estimado el costo fiscal que podría tener la implementación de esta iniciativa.
Renta básica de un salario mínimo
Otro de los proyectos radicados cuenta con las firmas de más de una docena de congresistas a la Cámara, entre los que se encuentran Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Jorge Robledo, Alexander López y Aida Avella, entre otros.
Esta propuesta pretende crear una renta básica que beneficiará a los hogares en pobreza extrema, pobreza y condición de vulnerabilidad.
“La presente ley tiene por objeto crear el programa transitorio de transferencias monetarias no condicionadas denominado renta básica de emergencia, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas a toda la ciudadanía en Colombia en medio de la grave crisis social agudizada por la pandemia de la covid-19, garantizando la incorporación de medidas para un enfoque diferencial en términos de género en su implementación”, dice el documento.
El monto de dichas transferencias sería de un salario mínimo ($908.526) por hogar beneficiado.
“Las entidades encargadas de administrar el programa de renta básica de emergencia no podrán realizar ningún descuento o retención con relación a los costos administrativos derivados de la distribución del monto de la renta básica. Los recursos girados por concepto de la renta básica de emergencia están exentos de cualquier gravamen a los movimientos financieros”, añade el proyecto.
Según los cálculos de los legisladores, la medida podría beneficiar a más de siete millones de hogares y su costo mensual sería de poco más de $6,7 billones que al año serían más de $81,3 billones.
“Las transferencias monetarias actuales cuestan al año cerca de 1,4 % del PIB, por el año que entra en vigor la renta básica se suspenderán, y el Estado será el encargado de evaluar si las reanuda o convierte la renta básica de emergencia en una política pública permanente, reordenando el gasto público de acuerdo con las prioridades del país tramitando una reforma tributaria progresiva”, dice el proyecto.
¿Cómo financiar estos costos?, los legisladores sostiene que el Banco de la República debería dar “créditos de emisión” al Gobierno para sacar los recursos de esta renta básica. También se propone usar parte de las reservas internacionales, así como disminuir los pagos de la deuda para obtener recursos.
Renta básica para superar la pobreza
El tercer proyecto que circula en el Congreso fue presentado por el representante Alejandro Carlos Chacón, el cual pretende crear lo que se denomina como “renta vida”, una transferencia monetaria no condicionada que sea equivalente al umbral de pobreza del Banco Mundial.
“Es facultad del Gobierno Nacional establecer el monto de la Renta Vida, que deberá ser por lo menos equivalente al umbral internacional de pobreza determinado por el Banco Mundial en el año de expedición de la presente Ley”, dice el proyecto.
Hay que mencionar que el Banco Mundial estableció el umbral internacional de pobreza en US$1,90 al día, que al mes son US$57 que a una tasa de cambio de $3.800 equivaldrían a $216.600 mensuales.
La propuesta de Chacón, a diferencia de las anteriores, busca que dicha transferencia monetaria se lleve a cabo de manera universal “a todos los ciudadanos colombianos mayores de edad residentes en el país”.
“El Gobierno nacional deberá iniciar el proceso de implementación de la Renta Vida desde la sanción de la presente Ley hasta garantizar la cobertura del 100% de la ciudadanía y del territorio nacional un término no superior a 12 años”, dice el proyecto.
Para financiar esta medida, cuyo costo no está estimado en el proyecto, el representantes propone llevar a cabo una reforma tributaria que aumente el recaudo de impuestos en 5 %.
El Gobierno ha insistido en que ya está dando una especie de renta básica con el programa de Ingreso Solidario que entrega $160.000 a casi tres millones de hogares, beneficiando a cerca de 12 millones de colombianos. Se espera que estos proyectos de ley que implementan otras rentas básicas sean negados en el Congreso.