Sin haber iniciado su trámite en el Congreso, las principales reformas del Gobierno han desatado polémica y preocupación. La que busca cambiar el sistema de salud, que es la más avanzada en legislativo, está recibiendo pedidos para que sea archivada; la laboral y la pensional están pendientes de que sus respectivos textos sean radicados, pero ambas siguen levantando polémica.
Para tratar de entender el impacto y el costo fiscal de estas tres reformas, la Comisión Tercera de Cámara citó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar y a Andrés Mauricio Velasco, director técnico del Comité de la Regla Fiscal.
Tanto Villar como Velasco presentaron sus preocupaciones en cuanto a los costos de dichas reformas, el primero defendió el estudio de del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, en el que se alerta sobre la posible pérdida de 450.000 empleos por cuenta de los cambios propuestos en el proyecto de reforma laboral y, el segundo advirtió sobre la necesidad de hacer ajustes al proyecto de reforma pensional, blindando los recursos que se pasarían de los fondos privados a Colpensiones y reduciendo el monto a partir del cual habría que cotizar al régimen público, de los tres salarios mínimos, propuestos actualmente, a un salario mínimo.
Ante estos comentarios, Bonilla respondió que el país se merece una reflexión sobre su mercado de trabajo, pues desde hace más de 70 años tiene un grave problema de desempleo y no ha sido posible bajar ese indicador. “Colombia no ha hecho el esfuerzo por diversificar su estructura económica y eso hace que lo que predomine en el PIB sean las rentas mineras, petroleras y financieras y no las industriales”, sostuvo y agregó que para reducir una persistente tasa de desempleo de dos dígitos se hicieron leyes como la 50 de 1990, que quitó la retroactividad de las cesantías con la esperanza de que iba a aumentar la contratación de personal y eso no se dio.
En 2002 se modificó la ley 50 con la misma expectativa, cambiando el horario nocturno y reduciendo los costos de las horas extras y los recargos, pero tampoco se cumplió el objetivo. “La única reforma que ha mejorado la formalidad no fue laboral, sino tributaria, la 1607 de 2012, que les quitó a las empresas el pago del Sena, el ICBF y el aporte patronal en salud, que ahora está a cargo del presupuesto general de la nación. Eso mejoró 2 puntos de formalidad, pero no redujo el desempleo, el cual depende de las condiciones económicas”, insistió.
El costo de tener empleados
Para el ministro de Hacienda, lo interesante de la reforma laboral es que permite que haya un debate real y que no simplemente se diga que los trabajadores son los culpables de la falta de competitividad del país o que son muy caros. “No podemos seguir en el debate de cuánto cuesta, sino mirar cómo hacemos para mejorar la productividad y diversificar la estructura productiva; hay que reindustrializar a Colombia y profundizar el trabajo agrícola. Ese es el verdadero ejercicio que tenemos que hacer, no lamentarnos por los costos del trabajo”, subrayó y agregó que la reforma laboral está enfocada en el sector privado y, por ende, no tendría costo fiscal, salvo que apruebe una ampliación de la licencia de paternidad, la cual incluiría a trabajadores públicos y privados.
En lo que respecta a la reforma pensional, el director técnico del Comité de la Regla Fiscal dijo que tal como lo ha anunciado el Gobierno, al reducir los subsidios a las pensiones, que hoy van hasta 25 salarios mínimos y bajarían a tres, habría un ahorro, pero este solo se sentiría hacia la década de 2050, de ahí en adelante aumentaría el déficit en 20 % del PIB, lo que generaría un hueco enorme.
Bonilla respondió que, con la reforma pensional, el déficit para pagar las mesadas bajaría de 67,5 % del PIB a 52,5 % en 2070 y que solo hace la cuenta hasta ahí, porque las reformas pensionales son dinámicas y constantemente están evolucionando. Así mismo, anunció que en la versión más reciente de la reforma alistan cambios al fondo de ahorro pensional, que es a donde llegarían los recursos de quienes obligatoriamente se tendrían que pasar de los fondos privados a Colpensiones. No dio más detalles al respecto, pero se asume que la idea de dicho fondo es que tenga normas claras para que ese dinero se ahorre y no se gaste y que además genere rendimientos, tal como lo hacen hoy los fondos privados.
Finalmente, con respecto a la reforma a la salud, Andrés Mauricio Velasco, director técnico del Comité de la Regla Fiscal, dijo que, basándose en los cálculos del Gobierno, dicha reforma tendría un costo de entre 4 y 7 billones de pesos anuales, pero Bonilla dijo que muchas de esas estimaciones son “cálculos de servilleta” y que su cartera ha sido consistente en asegurar que, al no conocer aún la ponencia de la reforma a la salud, no pueden medir su impacto fiscal.