Los impuestos no le sacan una sonrisa a nadie. Los ánimos en Colombia, como sucede con cualquier reforma tributaria, han permanecido encendidos durante dos meses desde que se dio a conocer la propuesta presentada por el Gobierno de Gustavo Petro. Esto ocurrió unas horas después de haber asumido el mando, el 8 de agosto de 2022. Y ahora la iniciativa, que inicialmente aspiraba a recaudar 50 billones de pesos, después 25 billones, luego 22 billones y, posteriormente, bajó a 20 billones, está ad portas de entrar en el último peldaño de su trámite en el Congreso. De ahí saldrá con una cara muy distinta a la que tenía cuando ingresó al Legislativo.
Las opiniones frente al proyecto se polarizaron. El objetivo inicial era generar equidad, cobrándoles más impuestos a los ricos. Simplificar a partir de la adopción de medidas que les faciliten a los contribuyentes la poco emocionante obligación tributaria. Y, por supuesto, recaudar recursos para financiar parte de los programas propuestos por el Gobierno.
Los críticos de la reforma, pese a los fuertes ajustes que le han hecho al documento, estiman que no se conseguirá ni lo uno ni lo otro. De hecho, ya hay hasta quienes piden que mejor se hunda el proyecto de ley. En la posición contraria, donde está la mayoría, existe consenso en que la reforma debe pasar, aunque vaticinan que sucederá lo mismo que en anteriores ocasiones: el Gobierno tendrá que tramitar otra propuesta en un año o dos.
El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, afirmó que con el proyecto el Gobierno quería avanzar hacia un sistema tributario progresivo y, a su juicio, es algo que se está logrando. “La reforma protege los ingresos del 99 por ciento de la población, es decir, los que ganan menos de 10 millones de pesos”.
Los tropiezos
Lo que ha sucedido con la reforma tributaria de Petro no es ajeno a ningún otro Gobierno del pasado. Impuestos es una palabra que espanta. Los ciudadanos de cada país reclaman mejores condiciones de vida, pero, a la voz de una reforma tributaria, la estampida es casi generalizada. “A mí no, a mí tampoco” es la expresión que acompaña los argumentos para sacudirse la responsabilidad de aportar a la bolsa pública que financia las obras y las políticas sociales.
En temas tributarios, si unos pagan, aunque refunfuñando, hay otros que se hacen los de la vista gorda. Y la solución a ese problema superó los tropiezos que encontró y se incluyó en el artículo que da cárcel a los evasores que le roben al Estado más de 1.000 salarios mínimos. Esta idea pasó de agache en el primer debate en las comisiones económicas del Congreso, pero les sonó bastante a quienes no compartían la imposición de nuevos tributos a los que siempre pagan impuestos. Mientras tanto, hay 80 billones de pesos embolatados entre los que tienen suficientes ingresos y no aportan nada.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, expuso su argumento para defender esta propuesta. “Fui el precursor de la idea de cárcel para evasores cuando en una anterior oportunidad ejercí como ministro de Hacienda. Casi me matan por esa iniciativa, cuando en todas partes del mundo se castiga ese delito. En Colombia, si una persona le roba al vecino va a la cárcel, pero si le roba al Estado no, mientras que la conducta delictiva de robar a todos los colombianos, que es lo que hace el evasor, debería ser acentuada”.
Los debates desatados alrededor de la reforma tributaria han sido tan fuertes que queda la sensación de que, con los ajustes que le han introducido, volvieron añicos la propuesta del Gobierno. Sin embargo, la representante a la Cámara Katherine Miranda afirmó que en la ponencia para el segundo y último debate se conserva el 80 por ciento de la esencia del proyecto inicial.
Semana crucial
La primera semana de noviembre será la definitiva para la reforma tributaria en el Congreso. Ocampo aspira a que se vote y apruebe la propuesta, que ya no tiene un impuesto a las pensiones altas, lo que causó escozor en el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Él acompaña al Gobierno del Pacto Histórico, pero manifestó su inconformidad con la decisión de aceptar el retiro de la medida. “Dejar las megapensiones sin tributar es un retroceso. Por equidad social deberían mantenerse”, sostuvo.
Ocampo, por su parte, argumentó que la decisión se tomó por “un acuerdo político interpartidista”, con el cual el tratamiento impositivo de las pensiones queda igual a su estatus actual: solo están gravadas las que superan 1.000 UVT (unidad de valor tributario), es decir, hoy superiores a 38 millones de pesos, lo que, en la práctica, equivale a que en el país casi ninguna pensión sea gravada.
El panorama para la industria petrolera ha sido otro punto controversial en la reforma tributaria. En un momento ese sector llegó a verse como la columna vertebral de la propuesta en materia de recaudo, pues tendrían un aporte de 11 billones de pesos, de los 25 billones que se tenían previstos en ese entonces. Tal circunstancia motivó a los gremios a lanzar alertas y, según algunos analistas, la estrategia tributaria para la industria petrolera fue parte de lo que causó los más recientes movimientos en los mercados, llevando al precio del dólar a niveles históricos, cercanos a 5.000 pesos.
El punto álgido estuvo en la deducibilidad de las regalías. El Ministerio de Hacienda consideró que las empresas explotadoras de recursos naturales en Colombia no podrían deducir las regalías que pagan –giradas a las regiones en las que están las minas o yacimientos– en el momento de pagar el impuesto de renta, como lo venían haciendo hasta ahora. Pero el sector petrolero, del cual depende buena parte de las rentas que recibe la nación, presentó su alegato, basado en argumentos de seguridad jurídica, pues llegaron a invertir en el país con unas condiciones que ahora les pretendían cambiar.
Según contó el ministro Ocampo en SEMANA, la solución elegida en el proceso de concertación de la reforma es la de aplicar una fórmula híbrida, que implica un tratamiento distinto si pagan en dinero o en especie. La industria minera y petrolera también tiene una sobretasa adicional al impuesto de renta, alrededor de la cual el ministro explicó que, con los ajustes hechos a la reforma, sería de entre 5 y 15 por ciento para el petróleo, y de entre 5 y 10 por ciento para el carbón. Esto dependerá de los precios internacionales de esos productos.
En las primeras etapas de las discusiones sobre la reforma tributaria, también salió a relucir el reclamo por los cambios propuestos en relación con las zonas francas, espacios en los cuales se instalan las empresas que van a producir para exportar. Como a Colombia le conviene que se incrementen las exportaciones, el impuesto que les aplican es del 20 por ciento, muy distinto al 35 por ciento que aportan quienes producen para vender en el mercado local. Sin embargo, en muchos casos, las compañías aprovechan la gabela del régimen franco, pero no exportan. Con ello le generan una competencia desigual a las que sí pagan tarifas plenas y venden en el territorio nacional.
La reforma quiso corregir ese desequilibrio, pero la polémica no faltó. Ocampo sostuvo que se dio una discusión muy productiva con los acogidos al régimen de zona franca y el acuerdo al que llegaron mantiene parte de la propuesta original, con algunos ajustes. “Hemos quedado en unas normas que apuntan a un régimen mixto: si la empresa localizada en zona franca exporta, sobre ese porcentaje llevado al mercado extranjero tiene el 20 por ciento de impuesto; sobre lo que venda localmente pagará el 35 por ciento”.
La medida con zonas francas también tendrá otros matices. Por ejemplo, si hay un hospital localizado en esos espacios y vende servicios a extranjeros, serán considerados como exportaciones.
Impuestos a entidades sin ánimo de lucro, como las Iglesias o los fondos de empleados, fueron otro foco de discordia, que al final se superó, al igual que otras controversias, como las de las bebidas azucaradas, que quedaron gravadas con un impuesto saludable que a muchos les parece inocuo, para el objetivo de desestimular el consumo de productos que han sido relacionados con enfermedades crónicas.
Pese a todo, lo cierto es que el ministro de Hacienda está convencido de que la reforma pasará y dice que el favoritismo está en una relación de tres a uno. La próxima semana se conocerá el desenlace.