Entre enero y octubre de 2023, el país importó 52.372 millones de dólares, 20 por ciento menos que un año atrás. Una cifra que, si bien ha ayudado a reducir el déficit comercial del país, también muestra una actividad productiva menos dinámica, pues uno de los grupos de artículos que se traen del exterior que más ha caído es justamente el de maquinaria y equipo.
Ese descenso del comercio exterior pudo haberse acentuado desde noviembre, cuando la Dian inició una actualización de la plataforma que usa para que los empresarios del comercio exterior registren la mercancía que entra y sale del país y paguen los respectivos impuestos. Sin embargo, lo que parecía una actividad informática rutinaria con el Syga (Sistema de Información y Gestión Aduanera) se convirtió en un dolor de cabeza, a tal punto que intervino la Procuraduría.
El Syga lleva dos meses fallando para las operaciones de importación (las de exportación funcionan bien) y aunque desde la Dian declararon una contingencia, la cual permite hacer trámites de manera alternativa, incluso manual, hay malestar entre gremios del sector y la Dian.
Los primeros aceptan que, si bien ya se han arreglado varias fallas, persisten algunas graves como las de no poder sacar el recibo de pago y tener que intentar muchas veces. Eso no solo les genera pérdidas, que calculan en 50.000 millones de pesos diarios –derivadas de pagos de bodegaje, retrasos en transporte y reprocesos–, sino también temores de posibles multas, pues por ley están establecidas sanciones por uso inadecuado del sistema. “La investigación no sería inmediata, sino en tres o cuatro años, pero las multas que pone la Dian en estos temas son estrambóticas. Tengo casos de 54.000 millones de pesos por un error formal”, dice Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio de exportadores e importadores.
En la Dian aseguran que la declaración de contingencia permite que la dirección de fiscalización no inicie procesos derivados de incumplimientos generados por fallas en el sistema.
Sin comentarios
Las diferencias entre gremios y Dian llevaron a que se pidiera el acompañamiento de la Procuraduría, con el fin de establecer mesas de trabajo que ayuden a resolver pronto el problema y, por ahora, la meta es que el Syga esté completamente funcional para el 9 de febrero. No obstante, las organizaciones empresariales también le solicitaron al Ministerio Público que intervenga en un proyecto de resolución que busca modificar el estatuto de aduanas, que fue publicado por la Dian para comentarios, pero que en su más reciente versión no recogió los comentarios de los gremios.
La principal preocupación está en una figura llamada declaración anticipada, que hoy es opcional y que sería obligatoria para todas las importaciones. Esta consiste en que 48 horas antes de que la mercancía llegue a Colombia, los importadores le informen a la Dian cuántas unidades traen, el tipo de producto, su clasificación arancelaria y lo que deben pagar de aranceles. “Así, cuando el barco llega, ya está todo el proceso y la mercancía puede salir del puerto el mismo día, mediante un descargue directo que implica no tener que ir a depósito, ni a zona franca, sino salir directo con los productos para la fábrica”, asegura Díaz, quien advierte que la motivación de la Dian para esa obligatoriedad radica en que quiere usarla para combatir el contrabando, pero que no existen estudios que demuestren que la declaración anticipada sirve para ese propósito, en especial porque el contrabando no entra por vías legales, sino por trochas.
En la Dian aceptan que recibir la información de manera anticipada les sirve para hacer un mejor perfilamiento del riesgo, de tal manera que cuando la mercancía ya está en el país la pueden inspeccionar de una vez en el puerto. Además, coinciden en que el decreto no va a afectar a lo que entra por trochas, pero sí al contrabando técnico, que es cuando el importador miente sobre el valor de la mercancía o sobre la clasificación arancelaria, la cual determina los tributos a pagar. “Hay casos en los que ingresan un producto muy costoso y lo reemplazan por uno muy barato para pagar menos. Y eso pasa cuando uno no puede identificar qué entró. Por eso, con la declaración anticipada queremos tener una mejor identificación de lo que entra al país”, sostiene un vocero de la Dian y agrega que es una medida para mejorar los tiempos y los costos de nacionalizar mercancía.
Las dudas
En Analdex explican que el lío de la declaración anticipada radica en la falta de infraestructura en puertos y aeropuertos para hacer esas inspecciones el mismo día de la llegada. “Esto, teniendo en cuenta que, además de la Dian, deben estar el ICA y el Invima, y no vemos en dónde se van a ubicar para tramitar los 3,8 millones de declaraciones que se hacen al año; además, ¿dónde están los funcionarios para hacer eso?”, se pregunta Díaz.
Ante esto, en la Dian responden que no se aumentaría la carga para los casi 200 inspectores que tienen, pues sería la misma cantidad de declaraciones que revisan hoy y, por el contrario, se demorarían menos, pues no tendrían que desplazarse entre depósitos y zonas francas, sino permanecer todo el día en puertos y aeropuertos. También plantean ampliar el horario aduanero de los puertos, incluso en las noches. De ser necesario dicen que aumentarían el número de inspectores.
No obstante, la mayor preocupación con la declaración anticipada es que si la mercancía sale de una vez nacionalizada no tendría que ir a depósitos, ni a zonas francas comerciales, ni a puertos fluviales, lo que prácticamente llevaría al cierre de esas organizaciones. “Si la Dian obliga a todos a presentar las declaraciones anticipadas, entonces nadie podrá llevar las cargas para hacer esos procesos aduaneros hacia dentro del país, generándoles más negocio a los puertos oceánicos, en detrimento de unas estructuras que se crearon hace muchos años para precisamente facilitar el comercio”, señala un experto del sector. Ese es el caso del puerto de Impala, en Barrancabermeja, creado para promover la intermodalidad del transporte.
Modelos como el de Impala, con casi una década funcionando y que les ha permitido a empresas de Santander, Boyacá y Cundinamarca crecer en su comercio internacional, estarían amenazados.
En la Dian dicen que con el proyecto de resolución no buscan impedir que la carga vaya a zona franca o bodegas, pues después de inspeccionada se podría llevar allí para su nacionalización. En cuanto a los puertos fluviales, indican que ya encontraron una forma para que la mercancía que va para ellos ingrese por Cartagena y se pase a barcazas para que llegue por el Magdalena a Barranca. Originalmente, ese cambio de seccional de la Dian de Bolívar a Santander era problemático con la declaración anticipada, pero en la Dian insisten en que ya fue ajustado en el proyecto de decreto. Agregan que no han incluido los comentarios del sector privado, pues están pendientes de los del Ministerio de Hacienda para luego sí presentar un texto definitivo.
De no aclararse pronto esta situación, los expertos no descartan que se abra un nuevo conflicto jurídico contra el Estado, pues hay resoluciones que habilitan al puerto fluvial como zona primaria aduanera, así como por las preocupaciones frente a las zonas francas y a las posibles multas. Las definiciones sobre estos temas son más que urgentes.