Saber cómo se manejan actualmente los recursos del Estado deber ser una prioridad de los colombianos, puesto que esto hace parte de sus deberes como ciudadanos y gracias a la veeduría se puede garantizar que el dinero que sale de sus bolsillos no caiga en redes de corrupción o se utilice para la ejecución de obras y proyectos que no son tan necesarios como los gobernantes de turno puedan creer. Así mismo, ayuda a que las ayudas sociales lleguen a las personas más pobres y no se pierdan en el camino.
Y es que no se está hablando de poca plata, ya que solo en el 2022 el presupuesto de la Nación fueron más de 350 billones de pesos y para este año que apenas comienza, el Congreso de la República aprobó un gasto de 405,6 billones de pesos; los cuales serán destinados en su mayoría a la atención de las comunidades más vulnerables en diferentes regiones y al fortalecimiento de la competitividad en tiempos de crisis.
Gracias a la veeduría y seguimiento ciudadano al uso de los recursos públicos, en otras épocas se han podido descubrir escándalos de corrupción como el Carrusel de la Contratación en Bogotá o los famosos ‘elefantes blancos’, obras que arrancan, no se terminan y acaban siendo un monumento al despilfarro de la plata de la gente, mientras que sus necesidades se quedan sin ser resueltas.
Desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro prometió que el suyo sería un gobierno austero, en el que se reduciría la contratitis y se garantizará que la plata se use de forma correcta para reducir las brechas de pobreza. No obstante, en menos de un año ya se habla de contratos a dedo para los amigos de la Casa de Nariño y de grandes comisiones a los viajes del mandatario nacional; que ponen a dudar a la gente frente a si en realidad se están usando bien los recursos.
Un reciente informe de la agencia Bloomberg hizo seguimiento a los gastos del actual mandato durante el mes de diciembre y encontró que solo en el cierre del 2022, fueron usados más de 76 mil millones de pesos de las arcas de la Nación, por medio de la firma de 129 contratos, la mayoría de ellos para temas administrativos, servicios inmobiliarios y la gestión medioambiental.
Según este análisis, obtenido con base en los datos de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Secop), la mayor destinación se dio para servicios de administración y gestión pública y se dio por medio de tres contratos que tuvieron un valor total de 59 mil 195 millones de pesos, suscritos por entidades relacionadas con los ministerios de Trabajo y Salud. Uno de estos acuerdos se dio por parte del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, a través de encargo fiduciario y tuvo un valor de 54.964 millones de pesos.
La segunda destinación más grande fue para servicios inmobiliarios y en ella destacan el pago de arrendamientos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en el norte de Bogotá para oficinas de las Naciones Unidas (4.454 millones de pesos) y desde el Ministerio de Defensa para el funcionamiento de su equipo de archivo (2.232 millones de pesos). Estos contratos de arriendo fueron a 44 y 22 meses respectivamente.
El tercer rubro más grande fue de 1.710 millones de pesos y estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda. Su objeto fue aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades y métodos entre la Unidad Nacional de Protección y esta cartera; para ejercer la adecuada protección del ministro y jefe de esta cartera, José Antonio Ocampo. Este contrato incluye los servicios de vehículos blindados y va hasta el 31 de julio de 2026.
En cuentas generales, el mes de diciembre tuvo poco movimiento en las finanzas del Estado, pero hay que tener en cuenta que este es un periodo de poca actividad, ya que gran parte de los funcionarios y oficinas salen a vacaciones, se acaban los contratos de algunos trabajadores y quedan inactivos mientras se define su nueva vinculación laboral. De igual forma, el último mes del año suele ser un tiempo donde toca raspar la olla para poder mantenerse a flote, mientras llegan los recursos del año siguiente.