Los dueños de Isagen, Brookfiel Corporation, enviaron una carta de advertencia al Ministerio de Minas y Energía y a su jefe de cartera, Andrés Camacho, con copia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, donde expresan lo que puede significar para el país y para ellos la decisión del Gobierno de hacer modificaciones en la regulación del sector de energía.
En la carta, la compañía asegura estar preocupada por las diferentes medidas que ha anunciado el Gobierno, ya que, de ser implementadas, “perjudicarán los derechos y las expectativas legítimas de inversionistas extranjeros que han confiado y quieren seguir confiando en el potencial de Colombia”.
En la misiva, la compañía le recuerda al Gobierno nacional que la compra de Isagen en 2016 significó una de las mayores inversiones directas realizadas en Colombia hasta la fecha. Sin embargo, estas inversiones “han estado sustentadas en las garantías del Estado colombiano sobre la estabilidad del marco regulatorio y la protección y promoción de las inversiones por parte de las autoridades colombianas”, se lee.
Preocupaciones
- Cambios regulatorios que podrían afectar la economía de las empresas. Para la compañía, una de las mayores preocupaciones son las directrices de política pública del Decreto 929 de 2023, que “afectan la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa”.
- Modificaciones en el mercado de energía. Esto se intensificaría, de acuerdo con la compañía, con el proyecto de resolución Creg 701 017 de 2023, que en cumplimiento con el Decreto 929 de 2023 “pretende introducir modificaciones al mercado mayorista de energía eléctrica que resultarían contrarias a los estándares de protección de la inversión con los que se ha comprometido Colombia”.
- Omisión del Gobierno en la autonomía de elección de miembros de la Creg. Al momento de presentar ofertas mediante mínimos operativos, “no solo privan a los generadores de presentar ofertas acordes al mercado, sino que ponen en riesgo su sostenibilidad financiera y la garantía de recuperación de costos en inversiones”, y “limitaría las remuneraciones a las que tienen derecho las generadoras de energía”.
- Riesgo en la sostenibilidad financiera. “No solo privan a las generadoras de presentar ofertas acordes al mercado, sino que ponen en riesgo su sostenibilidad financiera y la garantía de recuperación de costos e inversiones de la prestación del servicio público de energía eléctrica”. Así mismo, la compañía expone que las medidas ponen en riesgo el retorno esperado de las inversiones realizadas por los inversionistas.
Desconocimiento del rol de la Creg
La empresa Brookfield también admitió que le preocupa que el Ministerio de Minas y Energía desconozca la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg). Por esa razón, aseguró que es preocupante que el Ministerio vaya en contravía del ”comportamiento histórico”.
Se evidencia en conductas como la expedición de directrices a una “comisión que, por definición, debe ser independiente”, así como el nombramiento de comisionados expertos encargados, omitiendo su nombramiento en propiedad y comprometiendo la independencia de la entidad.
También llaman la atención sobre los cambios al reglamento interno de la entidad y de las leyes 142 y 143 de 1994 del Ministerio de Minas y Energía, que pretenden subordinar las decisiones de la Creg a los comentarios del Ministerio y eliminar la independencia financiera, trasladando los recursos de funcionamiento al Ministerio.
La empresa finaliza la carta asegurando que es de vital importancia para ellos transmitir sus preocupaciones, con el fin de continuar como uno de los inversionistas directos más importantes del país.