El mercado laboral en Colombia se caracteriza por la alta informalidad. La mayor parte de los colombianos ocupados se mueven en el rebusque, por cuenta propia, y hay una alta cifra de personas trabajando por prestación de servicios, figura que, si bien no es ilegal, desequilibra los derechos de los trabajadores.
Las cifras hablan por sí solas. De 21′692.000 ocupados que registró el Dane, en su informe de agosto, 9′886.000 trabajan por cuenta propia, es decir, un segmento en el que cabe el que sale a la calle a rebuscarse vendiendo jugos o el que tiene un consultorio de odontología y paga él mismo su seguridad social. Otros 8′199.000 personas son empleados particulares, en donde, igualmente, puede entrar desde el dueño de un negocio (tienda, peluquería, frutería) hasta el que maneja un vehículo de servicio público a través de una plataforma.
En ese contexto, en este 7 de octubre, en medio de la conmemoración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, surgieron fuertes críticas a la situación del mercado laboral en el país.
El observatorio laboral de la Universidad del Rosario fue uno de los que lanzó el primer dardo: “Colombia no tiene mucho que celebrar en términos de trabajo decente”.
Ahora hay más informalidad
Según Iván Jaramillo, investigador del Observatorio, “la recuperación de los niveles de empleabilidad ha presionado la informalidad laboral, que ahora asciende al 66,3%, deteriorando los ingresos, la protección social y la cobertura del sistema de tutela laboral. Se requiere enfoque diferencial en las rutas de recuperación del empleo con estándares de trabajo decente, para grupos especialmente vulnerables, como los son mujeres, jóvenes y personas con discapacidad”.
En el mismo sentido, los sindicatos colombianos, a través del Comando Nacional Unitario, pusieron sobre el tapete las cifras del rebusque, que es el empleo mayoritario en Colombia. “Los empleos que se han generado con la reactivación económica son de mala calidad ya que están en sectores económicos donde predomina la informalidad laboral”, enfatizaron, lo que sustentaron con cifras: “de 21,7 millones de ocupados en agosto, los desempleados son 3.051.370... Y en lo que tiene que ver con la afiliación a seguridad social, en 2021 solo hay 9.639.548 cotizantes a pensiones”.
‘Deslaboralizados’
Además, enfatizaron en que, las 9 millones de personas que podrían inscribirse en el listado de los que tienen un trabajo decente, hay un millón que realizan su actividad laboral a través de órdenes de prestación de servicio, lo que catalogaron como trabajadores ‘deslaboralizados’.
De las entidades públicas, trajeron a colación casos como el del SENA, en el que habría 35.000 contratistas que realizan trabajos misionales y laboran en condiciones de desigualdad en comparación con los empleados de planta. La Alcaldía de Bogotá, según mencionaron los sindicatos, tampoco se queda atrás, con 75.000 personas con órdenes de prestación de servicios. “El estado debería ser el que ponga el ejemplo en trabajo decente”, dijeron los voceros del Comité Nacional de Paro.
Entre tanto, en la Universidad del Rosario enfatizaron en que el crecimiento que está teniendo la economía no está andando a la par con la recuperación de los niveles de empleabilidad. La observación que hacen es que se requieren políticas públicas que se integren a las rutas de empleabilidad en la formalidad, para no ahondar en los problemas que se presentan en contextos de recuperación, donde surgen “riesgos de presión a la informalidad sin contenidos de trabajo decente, que no solo comprometen la promesa constitucional de un trabajo en condiciones dignas y justas, sino la recuperación de la demanda agregada que apalanca la reactivación económica”, dijo Jaramillo.
En los actos conmemorativos del Día del Trabajo Decente, se puso de presente también que Colombia estaría incumpliendo mandatos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), pues se impulsan estrategias antisindicales, mientras el organismo promueve el derecho a la libre asociación.
El ministro del trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hizo un llamado a los empleadores, a “construir empleos dignos y enfocados en la protección de los derechos de cada trabajador”.