La reforma pensional es quizás la que tiene más preocupados a los analistas por sus diversos impactos. Materializar la idea de que todos los colombianos trasladen sus aportes pensionales a Colpensiones y que solo aquellos que devenguen más de cuatro salarios mínimos puedan ahorrar el excedente en los fondos privados causa temores en el sistema de ahorro individual, administrado por las AFP. De hecho, este prácticamente se acabaría y le asestaría un golpe de muerte al mercado de valores, dado que las AFP son sus principales inversionistas.
También preocupa la sostenibilidad futura del sistema, pues bajo el esquema de Colpensiones los aportes de los jóvenes pagan las mesadas de los pensionados, pero dadas las tendencias demográficas pronto habrá menos jóvenes para pagar a un creciente número de viejos.
Para Esteban Tamayo, analista de Citi, esta reforma es uno de los principales riesgos de 2023, pues la incertidumbre que provoca puede afectar la tasa de cambio. “Esperamos que, al igual que con la tributaria, se apruebe una versión moderada frente a la idea original”, sostiene.
A combatir la desocupación
La expectativa de un mayor desempleo, ante un menor crecimiento de la economía nacional en 2023, vuelve aún más urgente la necesidad de realizar una reforma laboral. Sin embargo, el plan del Gobierno en este frente no es tan claro como en el pensional.
Por ahora, está la intención de ampliar la jornada nocturna, aumentar los recargos dominicales y festivos, y modificar los contratos por prestación de servicios.
Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado, considera que una propuesta que se ha barajado y que sería muy onerosa para las empresas es la de volver el contrato de aprendizaje un contrato laboral. Con respecto a los recargos y horas nocturnas, piensa que sería bueno mirar el entorno latinoamericano para ver las reglas más comunes. Agrega que la reforma debería llevar un buen seguro de desempleo y una solución razonable para la seguridad social de los trabajadores de las plataformas.
¿Sana que sana?
Una de las reformas prioritarias del Gobierno será la de la salud. Pretende que el sistema de salud esté más orientado hacia la prevención y la detección de las enfermedades. Además, que el papel de intermediación financiera de las entidades promotoras de salud (EPS) se termine y su trabajo se enfoque como prestadoras de servicio, tal como lo son hoy las clínicas y hospitales.
En un debate de control político en el Congreso de la República, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que “el arreglo institucional de la intermediación ya no tiene sentido, los recursos ya deben llegar de manera directa a las clínicas y los hospitales”.
Destacó la Ministra que liquidar EPS y estar en procesos de traslado de los usuarios es una etapa que hay que superar e iniciar una transición. Sin embargo, la operatividad en la implementación de la reforma aún no es clara.
De acuerdo con un análisis de la Universidad de los Andes, extender la supresión de la función de intermediación de las EPS a las zonas urbanas implicaría que una entidad como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) tendría que pagar directamente a todos los prestadores de salud del sistema. “Cumplir esa función de comprador inteligente, y hacerlo con proveedores tan heterogéneos como los que se encuentran a lo largo del país, exige unas capacidades distintas a las requeridas para encargarse de la logística de pagos”, agrega el análisis.
Los expertos de Los Andes reconocen que la dificultad mayor consiste en establecer una regulación de las tarifas que no ponga en dificultad financiera a los hospitales con costos legítimamente más altos que el promedio.