El trágico historial de desplazamiento y migración forzada de Colombia no solo profundiza la desigualdad del país, sino que también ha servido para que se desarrollen metodologías y buenas prácticas para atender a esta población, que en los últimos años se ha engrosado con la llegada de miles de venezolanos que huyen de la crisis económica de su nación.
Esas habilidades, sumadas a las enormes necesidades del país, llevaron a que la Fundación Panamericana para el Desarrollo (conocido en Colombia como FUPAD o PADF por su sigla en inglés) desarrollara en Colombia su mayor operación del hemisferio occidental.
Esta entidad, que es afiliada a la Organización de Estados Americanos (OEA), realizó en Bogotá su junta directiva regional y tras el evento, la estadounidense Katy Taylor, directora ejecutiva de Fupad, hizo un balance de su operación local.
Explicó que, aunque la Fundación tiene 60 años de existencia, en el país está desde el año 2000 y, sin embargo, cuenta con presencia en 400 municipios de los 32 departamentos.
“Si bien en nuestro nombre está la palabra fundación, no somos como la de Rockefeller o las de los grandes magnates, lo que hacemos es trabajar en cooperación con los diferentes gobiernos, el sector privado y los stakeholders (actores involucrados) en desarrollo sostenible”, explica Taylor en perfecto español.
Los presupuestos de Fupad en Colombia varían cada año, pero se mueven entre 30 y 50 millones de dólares anuales y su trabajo se enfoca en tres ejes fundamentales: atención inmediata y básica en áreas de ayuda humanitaria como violencia de género, migración, desplazados, trata de personas o la atención de algún desastre natural.
El segundo eje consiste en promover medios de vida sostenibles, en donde es clave la inclusión económica de los beneficiados por la entidad, así como educación ambiental.
El tercer gran eje busca que se avance en los derechos de los ciudadanos. Para eso están creando observatorios de justicia en alianza con la Defensoría del Pueblo.
Para financiar sus proyectos buscan recursos de diferentes socios mediante alianzas. También les interesa la transferencia de buenas prácticas por parte del sector privado.
En ese caso, Taylor pone el ejemplo del trabajo que hacen en una zona franca en Cundinamarca, la cual alberga a 64 empresas que tenían vacantes que no habían logrado llenar, en una zona en donde coincidencialmente hay una fuerte ola de migración. La idea fue buscar soluciones que les sirvieran a las empresas y a los migrantes.
“Este año tenemos 27 proyectos vigentes en 162 municipios. Entre ellos se destaca ‘Somos comunidad’, que atiende temas de inseguridad y violencia, los cuales son muy retadores en ciertas partes del país. Lo que hacemos es trabajar con comunidades para entender su situación, desarrollar planes y fortalecer su resiliencia, empoderando a los líderes sociales”, aclara Taylor y agrega que su oficina principal está en Bogotá, pero también cuentan con 25 regionales y más de 660 empleados.
Lo que viene
La directora de Fupad considera que la migración sigue siendo uno de los principales retos hemisféricos.
En Colombia, con la llegada y permanencia masiva de venezolanos, esta entidad ha aplicado su experiencia con poblaciones desplazadas para atender a los migrantes. Revela que durante la pandemia se complicó el trabajo de la fundación, pero posteriormente su labor se tornó aún más necesaria.
“Ojalá que algún día no se necesiten organizaciones como la mía”, dice esta ejecutiva, quien lleva cinco años en la cabeza de Fupad, tiempo en el que han más que duplicado la asistencia financiera,
El año pasado llegaron a más de 122.000 personas con un presupuesto global de 140 millones de dólares.
“Cuando hay crisis agudas de vulnerabilidad necesitamos estar y traemos soluciones novedosas, que incluyen el mundo digital. Por ejemplo, en México estamos impulsando los movimientos femeninos en contratos dignos para formalizar a las trabajadoras domésticas. Igualmente nos interesa apalancar la economía circular, la resiliencia ante desastres naturales y la educación Stem, enfocada especialmente en las niñas”, comenta Taylor.
Agrega que también trabajan en la transferencia de conocimiento entre los países de la región. De Colombia ‘exportan’ metodologías de empoderamiento comunitario, con soluciones sencillas como las placas huellas, que facilitan el transporte de productos agrícolas.
Las placas huellas son caminos de concreto, que se pueden construir en corto tiempo y en muchos casos son hechos por la misma comunidad beneficiaria. Tienen la ventaja de ser caminos transitables durante cualquier época del año y no se incurre en elevados costos de mantenimiento.
Taylor aclara que de Colombia aprendieron el acceso a la ruta para poner la placa huella, en donde el gobierno o el sector privado ponen el cemento y el know-how y la comunidad pone su mano de obra.
“Es una iniciativa que evidencia que sí es posible trabajar en grupo, con un efecto tangible, que además crea un círculo virtuoso para la resolución de problemas. Es además una actividad que crea confianza a nivel territorio y fortalece el tejido social”, subraya.