S bien la economía colombiana ha conseguido mantenerse en terreno positivo durante el primer semestre de 2023, los resultados acumulados de los seis primeros meses han mostrado una dinámica de crecimiento del 1.7 %, según los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y puntualmente en el último trimestre, el crecimiento ha sido casi nulo, 0,3 %, de acuerdo con el Dane.
Esto encendió las alarmas, tanto en el sector público como en el privado, este último que ya venía alegando rendimientos negativos en varios sectores industriales, como la manufactura, incluso las actividades del comercio han sido las más golpeadas.
Al país lo han salado, por así decirlo, actividades relacionadas con el sector servicios, entre otras terciarias, que son importantes aportantes, pero no son las principales. La construcción se está desplomando, con una contribución del - 0,2 % al crecimiento; la manufactura registró un - 0,5 %; la minería y la agricultura prácticamente no aportan (0,1 % y 0,2 % respectivamente), sin mencionar la negativa cifra del comercio (- 1,2 %).
La notoria desaceleración económica del país, está llenando de incertidumbre a los inversionistas, que temen un deterioro más significativo, que repercutiría, por ejemplo, en el mercado laboral. “Entendemos que tenemos inmensos desafíos que solo podrán ser superados a través del diálogo, el trabajo colectivo y la buena voluntad. Pero, además, entendemos que estamos en circunstancias especiales que requieren mayores esfuerzos, y estamos dispuestos a hacerlos. En cambio, como empresariado no estamos dispuestos a dejar de trabajar por Colombia, a dejar de aportar y opinar constructivamente en la búsqueda de las mejores soluciones”, detalló Bruce Mac Master, presidente de la Andi, al cierre del congreso de la agremiación, realizado en Cartagena.
Los industriales en distintos espacios han destacado que se debe alcanzar un acuerdo nacional para superar las tensiones entre el sector público y privado, hasta restaurar la confianza con el fin de atraer mayores inversiones, garantizar la seguridad, abordar los desafíos nacionales en colaboración y avanzar en las reformas estructurales requeridas por el país.
Esto porque el Gobierno ha tomado medidas, y presentado iniciativas como las reformas, que serían muy negativas, a pesar de que intenten mejorar las condiciones actuales. Además, la administración pública se encuentra en una encrucijada, pues a pesar de anunciar obras y proyectos, la ejecución ha sido mínima; lo que se nota en el presupuesto nacional, y tiene en la cuerda floja a todo el gabinete ministerial.
Esto ha llevado a algunos funcionarios, como el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, a pedirle ayuda al sector privado, para que se reactive la economía nacional, apunta de obras, las cuales pueden generar trabajo, que a su vez generarían un mayor dinamismo entre los sectores.
“Se aprobó una adición presupuestal en la que se espera que en obras civiles podamos proceder en dos niveles, que el estado ponga los recursos en el MinTransporte, en Invías y la Ani, para licitar y aplicar contratos de construcción de vías que ya están diseñadas y que tienen diseños de ingeniería de detalle, (...) Esperamos el trabajo mancomunado entre sector púbico y sector privado”, agregó el titular de la cartera económica en el congreso de la Andi.
Algunos análisis que se han presentado apuntan que las cifras de empleabilidad se estancarían en los próximos meses, además, que las consecuencias de la desaceleración se notarían con mayor fuerza en los próximos meses. Pero, hay un indicador que es clave, y que sirve como medidor para entender las intenciones de compra o la tranquilidad económica, y es el índice de confianza.
En el caso del índice de confianza del consumidor, en julio se deterioró y cerró en el -17,4 %, de acuerdo a lo presentado por Fedesarrollo, y algo similar ocurre entre los productores, que les preocupa, entre otras cosas, la resolución de los proyectos de reforma en materia pensional, laboral y de salud.
Finalmente, y no menos importante, la productividad sería el otro factor principal que se debe revisar, y uno de los temas que reavivó la preocupación en esta materia fue la revisión del acuerdo del TLC con los Estados Unidos.
Si bien esto sería un tema en particular, la discusión impactaría a muchos sectores, esto lo explica la presidente de la Cámara Colombo Americana (Amcham), Maria Claudia Lacouture: “No tener TLC con Estados Unidos significa perder competitividad para productos colombianos en ese mercado. Por ejemplo, las exportaciones de café a EE. UU. tendrían un costo adicional entre 10 y 20 %. El TLC también representa contar con proveeduría competitiva. En el caso del maíz, Colombia produce 1,2 millones de toneladas de las 6,5 que necesita para su consumo. La producción local es insuficiente, traerlo de otro país sin TLC sería más caro. Desde la Cámara Colombo Americana hemos señalado que hay que fortalecer la competitividad empresarial en Colombia y mejorar sus procesos productivos. El TLC no prohíbe producir determinados productos, por el contrario, facilita el comercio para aquellos en donde haya más competitividad”.