Luego de al menos tres comunicaciones que no fueron respondidas de fondo y de órdenes que no fueron obedecidas en los plazos que les otorgaron a los admnistradores de la central de alimentos más gran de importante del país, la Superintendencia de Sociedades adoptó la drástica decisión.
La historia comenzó cuando un grupo de comerciantes organizados denunció ante la Supersociedades que el contrato de la malla vial al interior de Corabastos, estaba lleno de irregularidades y sería un lastre económico para la central, al punto de poner en peligro su estabilidad financiera.
El argumento de los comerciantes es que ese contrato de concesión debe ser incluido dentro de los estados financieros, detallando las cifras en los activos y los pasivos, lo cual demostraría, como sostienen ellos, que la ejecución de ese contrato ha generado una deuda que sería más grande incluso que el patrimonio mismo de Corabastos. Los administradores y la junta directiva de la entidad sostienen que no pueden incluir en los estados financieros ese acuerdo comercial porque se trata de una concesión, y, por tanto, no puede ser considerado como parte del inventario de bienes de la sociedad.
Ante la disparidad de opiniones, la Supersociedades analizó el panorama legal, zanjando la discusión en mayo de 2022 cuando le envió una comunicación oficial a Corabastos ordenándole “efectuar el reconocimiento contable de la malla vial objeto del Contrato de Concesión 070 de 2005, y, como evidencia de lo anterior deberán presentar Estados Financieros de Periodos intermedios con corte a 30 de junio de 2022, debidamente suscritos por el representante legal y contador, acompañados del (los) comprobante (s) de contabilidad donde se evidencie el reconocimiento de la malla vial y todos los efectos contables derivados de dicho reconocimiento”.
Es decir, les dio la razón a los comerciantes y aunque le fijó un plazo perentorio a Corabastos, los administradores interpusieron recursos de reposición y apelación que la Superintendencia desestimó; eso implicaría que la administración de Corabastos debería rectificar su contabilidad desde el año 2005 hasta 2022, provocando una gran implicación en la estructura patrimonial de la empresa y en el valor de sus acciones.
En septiembre de 2022 la Supersociedades expidió una nueva comunicación en la que les recordó a los administradores que el plazo para cumplir con la inclusión del contrato de la malla vial en los estados financieros vencía el 23 de diciembre. Poco antes del plazo, los encargados de Corabastos presentaron una solicitud de prórroga.
El 26 de diciembre, la Supersociedades les negó ese recurso, recordándoles por escrito que no tendrían nuevos plazos y que la orden impartida era de perentorio cumplimiento. “Teniendo en cuenta los principios y deberes que orientan la conducta de los administradores, puestos de presente, no se accede a la solicitud de prórroga, dado que, la Sociedad ha contado con tiempo suficiente para prever, programar y ejecutar todas las actividades necesarias a efectos de cumplir la orden impartida, con antelación suficiente.”, asegura el documento en poder de SEMANA.
En esa misma comunicación, la Superintendencia les advierte claramente a la junta directiva y al gerente de Corabastos que si no cumplen se exponen a sanciones económicas y “la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante providencia motivada en la cual designará su reemplazo de las listas que elabore la Superintendencia de Sociedades”.
Pero tanto el gerente como la junta directiva volvieron a desobedecer la orden de la Supersociedades que hoy, en la cuarta comunicación en menos de un año con respecto al mismo tema, les da un plazo para que se presenten y expliquen por qué no han obedecido la orden de incluir la malla vial dentro de los estados financieros.
“Revisados los antecedentes que de la sociedad reposan en esta Entidad, se observa que hasta la fecha no ha dado cumplimiento a lo solicitado en el oficio de la referencia, a pesar de que el plazo otorgado se encuentra ampliamente vencido. En consecuencia, este Despacho lo requiere para que, dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del presente oficio, atienda la solicitud realizada e informe las razones de su incumplimiento”, dice el documento fechado del 23 de enero y obtenido en exclusiva por SEMANA.
Eso quiere decir que si en cinco días los funcionarios notificados no obedecen la orden de la entidad serían removidos de sus cargos y deberían pagar millonarias multas. La junta directiva, que maneja Corabastos está compuesta por siete integrantes, de los cuales cuatro son nombrados por entes oficiales, a saber: dos del Ministerio de Agricultura, uno de la Gobernación de Cundinamarca y otro de la Alcaldía de Bogotá, que nombran delegados que según los comerciantes manejan a su antojo la central de alimentos, al punto de, entre otras cosas, nombrar a un veterinario como gerente durante 10 años, y ejercer una posición abusiva frente a quienes pagan arriendos.
Los comerciantes organizados aseguran que el desorden administrativo y financiero con el que el gerente y la junta directiva manejan la central provoca, en gran medida, una alza de precios inusitada en los alimentos, justo cuando ese rubro está ejerciendo una presión enorme en el índice de inflación.
Por eso, para Juan Cuan, economista y vocero de una parte de ellos, la decisión de la superintendencia de sociedades es bienvenida “no solo por este tema sino por otra veintena de grandes anomalías que han sido puestas en conocimiento en las asambleas”.
Una vez enterados de la decisión de la Supersociedades del plazo de cinco días para explicar los motivos de desacato, los comerciantes organizados solicitaron una reunión con el gerente y la junta directiva, quienes no los recibieron argumentando que se encontraban adelantando una reunión extraordinaria.
Hugo Antonio León, quien también ha liderado el proceso de denuncias en nombre de otros comerciantes asegura que “es claro que están mirando de qué manera intervienen para obstaculizar un poco el tema de la Superintendencia; es bueno que sepamos que ellos van a mover ahora todos los estamentos oficiales para tratar de intervenir todas las acciones de la entidad.”
SEMANA hizo contacto con Corabastos para conocer su posición frente al ultimátum de la Supersociedades pero no obtuvo respuesta.