Este miércoles, Fedesarrollo presentó el proyecto ‘Qué hacer en políticas públicas’, en el que hay 16 documentos sobre diversos temas: económicos (empleo e impuestos), sociales (salud y educación) e institucionales (descentralización y corrupción).
Uno de los temas tratados fue la política social sobre el que el director ejecutivo de la entidad, Luis Fernando Mejía, resaltó que hay tres problemas esenciales:
- Las transferencias monetarias no le llegan a toda la población pobre, pues en 2017 el 52 % de los hogares elegibles no recibía ninguna.
- El gasto social está mal focalizado, dado que en 2017 casi el 60 % de este lo recibía población no pobre.
- Como consecuencia de lo anterior, el gasto social tiene un impacto limitado para mejorar la distribución del ingreso luego de impuestos y transferencias, pues en 2017 el coeficiente de Gini se reducía de 0,56 en el ingreso de mercado a 0,52 en el ingreso disponible (apenas un 40 % de la reducción promedio en los países de la OCDE, que es de 0,10).
Otro tema que trató fue el de las pensiones, en el que ve con preocupación la baja cobertura del sistema de protección, puesto que apenas un 25 % de la población mayor se pensiona y otro 25 % recibe subsidios no contributivos de Colombia Mayor.
Así mismo, dijo que la hay una alta regresividad en el acceso al sistema pensional obligatorio, pues los pensionados y los subsidios se concentran en los hogares de más altos ingresos: el 73,1 % de los subsidios en pensiones son entregados al 40 % de más altos ingresos en el país.
Finalmente, aseguró que existen altas inequidades horizontales, pues el sistema obligatorio trata de forma distinta a dos ocupados con exactamente las mismas características dependiendo del régimen en el que se encuentre en el momento de alcanzar su edad de pensión: quienes cumplen con los requisitos obtienen más subsidios en el régimen público, mientras que aquellos que no los cumplen reciben una devolución de aportes más alta en el régimen privado.
Para esto, propuso tres pilares como solución:
Un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios definidos, que entregaría un auxilio mensual de $500.000 (13 unidades de valor tributario) a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión del sistema obligatorio actual o que no la reciban en el futuro de acuerdo con una regla de transición (por ejemplo, diez años).
Un segundo pilar contributivo obligatorio de ahorro individual, en el que participarían los actuales fondos privados, Colpensiones y otros mecanismos de ahorro debidamente regulados y supervisados. De esta forma, se profundizaría la competencia. Las tasas de contribución quedarían como están actualmente, pero se eliminaría el aporte al fondo de garantía de pensión mínima, de tal manera que 13 puntos porcentuales (pps) de los 16 pps ingresarían a la cuenta del cotizante.
En el caso de Colpensiones, se migraría hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que una tasa de interés nocional, acorde con una tasa de interés de mercado de referencia, determinaría la evolución del ahorro individual de cada cotizante.
Finalmente, un tercer pilar voluntario de ahorro individual, manteniendo los incentivos al ahorro voluntario para la vejez hasta un tope definido en unidades de valor tributario.