La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) presentó este miércoles 8 de junio un nuevo capítulo de sus documentos: ¿Qué hacer en políticas públicas?, que en esta ocasión se enfocó en el manejo de los impuestos que actualmente hay en el país, frente al cual hizo varias recomendaciones.
De acuerdo con Fedesarrollo, estas propuestas buscan reducir la inequidad que hay actualmente en el manejo tributario entre personas y empresas, así como la diferencia que se paga entre unos sectores de la sociedad y otros, dependiendo aspectos como su nivel socioeconómico y actividad comercial.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sostuvo que una de sus propuestas, por ejemplo, consiste en eliminar los tres días sin IVA en Colombia, tras destacar que este tipo de medidas solo benefician a unos pocos y no generan un mayor impacto en materia de recaudo de impuestos para el país.
“Colombia cuenta con un estatuto tributario en el que persisten tratamientos desiguales entre empresas y personas, dado que las tasas efectivas de tributación dependen del sector económico en el que opera una empresa o de la posición ocupacional que desempeña una persona, lo que genera inequidades en la tributación”, explicó.
Adicional a esto, Fedesarrollo indicó que el recaudo tributario en Colombia sigue siendo bajo, cercano al 14 % del PIB (18 % del PIB, si se incluyen las contribuciones de seguridad social), frente a un promedio observado de recaudo de 22 % del PIB en América Latina y de 34 % del PIB en los países de la OCDE.
“Además, subsiste una regresividad en el impuesto de renta de personas, pues las personas en el 5% de ingresos más altos pagan menos impuestos en proporción a sus ingresos que personas que tienen ingresos más bajos. Finalmente, hay altos niveles de evasión en el pago de impuestos, del orden de 5,4 % del PIB: 3,4 % del PIB en el impuesto de renta a empresas, 1,3 % del PIB en el IVA y 0,7 % del PIB en el impuesto de renta a personas”, dice el informe de esta fundación.
Entre las propuestas más llamativas en esta serie de recomendaciones tributarias está la de “eliminar los días sin IVA por su incidencia regresiva (quienes más aprovechan este beneficio son las personas de ingresos medios y altos); e introducir un impuesto ad valorem a las comidas y bebidas no saludables, como aquellas con alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas”.
“También se debe pensar en eliminar las exenciones sectoriales y empresariales existentes, con el fin de tener un estatuto tributario que trate de igual forma a todas las actividades productivas; introducir un impuesto mínimo de renta del 20 % sobre las utilidades antes de beneficios tributarios; revisar y eventualmente eliminar las zonas francas, especialmente las unipersonales, que en la práctica son regímenes tributarios preferenciales para la comercialización de productos en el mercado doméstico; y eliminar el descuento del ICA frente al impuesto de renta, retornando al modelo anterior en donde el ICA es deducible del impuesto de renta como un costo de producción”, agregó Luis Fernando Mejía.
Otra propuesta fue la de introducir un impuesto mínimo de renta del 5 % sobre los ingresos brutos para las personas que están en el 5 % de contribuyentes con más altos ingresos, e introducir un impuesto a patrimonios líquidos netos superiores a los $ 1.000 millones.
“En términos de medidas contra la evasión y elusión se proponen medidas en varias dimensiones. En cuanto a información y transparencia se debe, por un lado, publicar las declaraciones de renta de las empresas; también anonimizar y poner a disposición del público las declaraciones de renta de las personas; establecer un registro de cabilderos o lobistas y empresas que usan sus servicios y hacer interoperables las bases de datos de aduanas e impuestos”, dijo el director ejecutivo de Fedesarrollo.
Por último, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo sostuvo que de cara al futuro la Dian debería establecer un régimen de remuneración y estabilidad laboral que permita la contratación y remuneración de personal especializado de alto nivel, sujeto a remoción discrecional por razones de integridad o por participación en acuerdos con los declarantes o evasores.
“También hay que evaluar al personal de esta dirección en función de su desempeño individual, eliminando los incentivos asociados a metas sobre el crecimiento del recaudo, migrando hacia incentivos a la inclusión de nuevos contribuyentes”, concluyó Luis Fernando Mejía.