Es Interminable. La firmatón de contratos directos o a dedo en época preelectoral no para en Colombia y ha estado en el orden del día de alcaldías y gobernaciones, justo antes de las elecciones del 29 de octubre.
Por ley, deben detener la celebración de convenios o contratos interadministrativos, que hacen parte de los que se suscriben de manera directa. También, la modificación de plantas de personal, la participación en política de servidores públicos, para lo cual tienen que aplicar el principio de la planeación, según les recordó con suficiente anticipación la Procuraduría General. Esto último, para que a los mandatarios regionales no los sorprenda la noche y terminen haciendo fiesta con dineros públicos en la recta final de las administraciones.
Pero la historia se repite cada vez que hay elecciones y en esta oportunidad no ha sido la excepción. Una revisión al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) deja ver que el 28 de junio, unas horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, hubo una verdadera feria de la contratación.
En alcaldías y gobernaciones parece que durmieron poco, pues hasta altas horas de la noche se registraron publicaciones de contratos, muchos con objetivos que suenan gaseosos, principalmente porque sus resultados serían difíciles de medir en relación con las cuantías que involucran.
Así, en la plataforma para reportar la contratación pública se anotaron objetos contractuales en los que predomina la palabra ‘optimizar’ algo. Pero, ¿optimizar a última hora algo que seguramente –en una entidad territorial– había estado mal durante todo o casi todo el periodo de un alcalde o gobernador?.
De igual manera, se repiten los contratos directos suscritos para ‘capacitar’, a veces en temas abstractos que dejan con los ojos abiertos a cualquiera.
Se pasaron
En el informe electoral del Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) se evidencia que del total de convenios interadministrativos en lo que va del año, el 46,2 por ciento se ha suscrito en Ley de Garantías por una cuantía de 1,25 billones de pesos y no todo lo que se contrata en las entidades públicas se reporta como tal. La Auditoría General de la Nación, por ejemplo, en un análisis sobre la contratación en los últimos cuatro meses, mientras en junio se publicó el 77 % de los contratos en el Secop y el 23 % no, para julio, primer mes de entrada en vigencia de las restricciones, la cifra cambió: 63 % si y el el 37 % no fue subido a la plataforma.
Cundinamarca, Bogotá, Valle, Boyacá, Antioquia, Santander y Nariño son las regiones que han sido más activas en estos menesteres, si el ranking se hace por cuantías. En cantidad de contratos, la delantera la llevan Cundinamarca, Huila, Boyacá, Bogotá y Meta, según la Auditoría General.
En Cali, la organización Mi Cali Contrata Bien destapó lo sucedido el día antes de la entrada en vigencia de la mencionada ley restrictiva. Solo en una jornada, la del 28 de junio, que era la última para hacer ese tipo de convenios dentro del tiempo legal, se suscribieron 41, que involucran más de 45.000 millones de pesos.
En el universo de contratos interadministrativos sobresale Bogotá, con una sumatoria de 1,29 billones de pesos en esta modalidad, lo que además obedece a que en la capital del país está la Registraduría Nacional, que, por entidad, es la que tiene las mayores cuantías, si se suman sus nueve contratos, varios de los cuales son para la logística de las elecciones.
Por esta modalidad, que implica que se planean y ejecutan proyectos por convenio de una entidad con otra, se contrata por bajos montos, como los que figuran en los departamentos de Caquetá (14,4 millones de pesos), Vaupés (15 millones) y Chocó (16,9 millones), o por cifras grandes como las de Valle del Cauca (7.250 millones) y Atlántico (3.690 millones). En un departamento como Córdoba se utilizó esa modalidad para contratar en total 1.278 millones de pesos, y en Tolima la cifra comprometida hasta el momento va en 1.214 millones.
Entró en vigencia la Ley de Garantías y todo siguió igual
La prolífica firma de esos convenios y la contratación restringida por Ley de Garantías siguió haciéndose aún durante la entrada en vigencia de la norma. La vinculación de personal por prestación de servicios se registró de manera reiterada en la plataforma. Aunque no está totalmente prohibida, se mantiene en la mira en la temporada preelectoral, para evitar nóminas paralelas y tratar de impedir que se utilicen recursos públicos para favorecer prácticas clientelistas que terminen apalancando candidaturas irregularmente.
El Secop II permite mostrar casos de vinculación temporal de personal que pudieron darse en cualquier otro momento, como el del municipio de Ariari, donde se hizo una orden de servicios el 19 de octubre por siete días, los cuales terminan el 27 de octubre (un viernes antes de los comicios), para vincular a un contratista que haga refuerzos a beneficiarios de un convenio interadministrativo que había sido pactado en julio de 2022.
En Santa Marta se hizo un registro ante el Secop II para contratar servicios de capacitación vocacional no científica, y en el municipio de Soledad (Atlántico) no pudieron esperar para vincular temporalmente a profesionales que fortalezcan la transparencia de la administración municipal, justo a dos meses de que bajen el telón los mandatarios salientes.
¿Para qué una ley que la mayoría se salta?
Todos los mandatos de la Ley de Garantías han sido saltados en alguna medida. Ante la Procuraduría reposan denuncias, como la de un ciudadano de Espinal, municipio tolimense, sobre presunta intervención en política de un funcionario público. El caso está bajo la protección del debido proceso, mientras transcurre la investigación.
También ante el Ministerio Público se adelanta indagación en Sincelejo (Sucre), en donde la alcaldesa (e) Tatiana Niebles habría procedido a la reubicación de cargos y funciones, así como al presunto uso indebido de su posición para participación en política.
En Ibagué, capital del Tolima, no escaparon a la tentación de pactar contratos que fueron vistos como extraños. En julio, por ejemplo, en la Unidad de Salud de esa ciudad se mencionó el caso de una vinculación laboral para apoyar y analizar, entre otros verbos similares, los procesos de gestión documental de dicha unidad. De manera paralela se dio otro contrato similar para el mismo fin.
¿Qué está pasando?
Para la Red de Veedurías de Colombia, parte de lo que está sucediendo con la contratación en época preelectoral no es la tendencia en todas las elecciones, sino que ahora tiene una razón: “El ejercicio electoral está acompañado de aspirantes a suceder a los mandatarios locales actuales con funcionarios de alto nivel con los cuales se aspira a mantener el control político”, expresaron los voceros de la red. Agregaron que muchos candidatos a cargos de elección popular son “secretarios de despacho, asesores directos, directores de entes territoriales o familiares de estos, que amañaron o favorecieron contratistas o financiadores formales o informales, no reportados y necesitan perpetuarse”.
En reiteradas ocasiones, las entidades territoriales han abogado a favor de que se tumbe la ley de garantías, alegando que la norma interrumpe el cronograma en los planes de desarrollo y de la economía, precisamente en el momento en que los mandatarios buscan acelerar antes de concluir sus periodos. En esta oportunidad, la Federación Colombiana de Municipios reiteró el pedido de derogarla o, por lo menos, hacerle ajustes.
La olla raspada
Más allá de la contratación indebida en Ley de Garantías, está también el pie puesto en el acelerador de parte de alcaldes y gobernadores para la recta final de su mandato. Prueba de ello es la indagación que hizo la Procuraduría en Soacha (Cundinamarca) para establecer la necesidad de llevar a cabo un contrato por 1.500 millones de pesos en ese municipio con el cual se busca restaurar su sistema de alumbrado público.
En la Contraloría reposan también al menos 1.000 alertas relacionadas con contratos que giran anticipos sin que se evidencien los avances de las obras, por lo cual el contralor (e) Carlos Zuluaga dijo recientemente que había riesgo de que los recursos públicos, en esos casos, no estén siendo utilizados para el fin que se contrató.
Las cifras también son elocuentes. En la plataforma anticorrupción se registra que la contratación total del año, incluidas todas las modalidades, va en 972.310 contratos reportados por un valor de 307 billones de pesos ejecutados. Y mientras que en abril se suscribieron 61.751 contratos, en junio el número se disparó. Solo en ese mes, el de entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se subieron al Secop II 148.482. Es decir, mucha tela que cortar para los organismos de control.