Este viernes, la Contraloría General de la República anunció la apertura de un proceso en contra del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), tras encontrar varias anomalías fiscales en esa entidad. Es preciso recordar que el FNA es una institución bancaria del Estado, que se encarga de administrar las cesantías y los ahorros de los afiliados. En la mayoría de los casos, esta entidad permite a sus ahorradores utilizar los recursos para comprar vivienda.
A través de un comunicado, el órgano de control informó que luego de una auditoría financiera realizada por su Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, se encontraron cerca de 9 hallazgos de los cuales 2 cuentan con una incidencia fiscal importante. El valor de los hallazgos sería de $ 1.970 millones de pesos. Tres de estos hallazgos tienen alcances disciplinarios y uno de ellos da lugar a indagación preliminar por un valor de $ 391 millones de pesos.
En el documento, la Contraloría aseguró que detectó fraudes y deficiencias en la gestión del pago de cesantías y el cobro de créditos hipotecarios en el FNA. Los hechos se habrían registrado para la vigencia de 2023.
“En primer lugar, se detectaron cuatro retiros fraudulentos de cesantías por canal presencial en el punto de atención de Barranquilla, por un total de $ 252.448.573. Estos retiros se realizaron mediante la suplantación de identidad del consumidor con documentos falsos, lo que evidencia fallos en los procedimientos de verificación y control”, indicó.
Por otra parte, se detectaron también 27 casos de retiros de cesantías que habrían sido fraudulentos. Los hechos se habrían generado en el canal presencial en el punto de atención de la ciudad de Barranquilla. Dichos retiros se habrían realizado mediante la suplantación de identidad del consumidor con documentos falsos, por lo que se habrían dado fallos en los procesos de verificación y control.
La auditoría también reveló deficiencias importantes en la gestión de cobro de créditos hipotecarios, tras evidenciar un hallazgo fiscal de 1.717 millones de pesos debido a 15 obligaciones prescritas.
“Estas deficiencias se deben a la falta de ejecución de la acción cambiaria y de la cobranza judicial dentro del plazo legal de tres años. Entre las debilidades encontradas se destaca la ausencia de la totalidad de los títulos valor necesarios para iniciar el cobro judicial y la falta de aplicación de procedimientos establecidos para la cancelación y reposición de títulos valor”, agregó la Contraloría.
El documento concluye asegurando que el FNA no realizó la gestión del cobro judicial por no contar con garantías de los créditos hipotecarios señalados. Esto se debe a su vez a deficiencias en la ejecución de los procesos relacionados con la constitución, custodia y control de garantías.
En uno de los apartes del comunicado, la Contraloría detalló que hay algunas garantías de créditos hipotecarios y educativos que aún no se han hecho efectivas. Se detectó un hallazgo con incidencia disciplinaria, pues existen 468 obligaciones de créditos desembolsados entre 1993 y 2023 con un saldo de $ 21.159, de los cuales el FNA no posee la totalidad de las garantías en custodia física (escrituras, pagarés, carta de instrucciones, entre otros).
De estas obligaciones, se determinó que 464 corresponden a créditos hipotecarios y 4 a créditos educativos. “Tal situación genera un riesgo en la recuperación de dichos recursos al no poder hacer efectivas las garantías por ausencia de las mismas, en el evento en que los créditos entren en mora superior a 180 y 90 días para los créditos hipotecarios y educativos, respectivamente”, indicó.
En la última parte del comunicado, la Contraloría asegura que hay un hecho que llama particularmente la atención y es que estas deficiencias son recurrentes, a pesar de que el FNA cuenta con una acción de mejora contemplada en el Plan de Mejoramiento con vencimiento al 31 de diciembre de 2023. La auditoría concluyó que ese Plan de Mejoramiento fue inefectivo, con un 0 % de efectividad.